Ya han cesado a 30 agentes ministeriales y temen despido masivo

Ya suman alrededor de 30 agentes de la Policía Ministerial los que fueron cesados de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), presuntamente por no aprobar el examen de control de confianza que aplicaron en el año 2012, motivo por el cual el resto de los elementos decidió ampararse para evitar perder su trabajo al que le han dedicado muchos años de su vida.

Tal como informó e-consulta el pasado lunes, los ministeriales iniciaron mal el año, pues a partir del 13 de enero aproximadamente 20 elementos recibieron los oficios de baja correspondientes, en donde se les notificó que el motivo era por reprobar las pruebas de control de confianza hechas en el 2012.

Esta noticia desconcertó a los policías, quienes no se explican por qué razón, a pesar de no haber sido informados a tiempo sobre los resultados de la evaluación, se les permitió que desempeñaran sus funciones durante más de un año, en el cual trabajaron en investigaciones, esclarecieron casos y lograron detenciones.

De acuerdo con algunos elementos consultados, entre los despedidos se encuentra el agente Raymundo Clemente Romero, quien en el sexenio anterior se desempeñó como el encargado de la seguridad del ex gobernador Mario Marín Torres.

Al igual se encuentra el comandante Jorge Espinal Tobón, quien tiene 28 años de experiencia en la corporación y estaba próximo a pensionarse.

Cuentan sus compañeros que, ayer, cuando éste comandante fue notificado de su cese, sufrió un infarto y que tuvo que ser ingresado al Hospital de la Beneficencia Española, donde ahora se debate entre la vida y la muerte.

Es preciso recordar que Tobón resultó herido en un enfrentamiento entre integrantes del grupo criminal Los Zetas, el 15 de abril de 2008, cuando agentes de la extinta Policía Judicial de Puebla ingresaron a Córdoba, Veracruz, en búsqueda de un tráiler robado.

En estos hechos, un agente de nombre Felipe García Guillén fue levantado y apareció ejecutado 14 días después, en esa misma entidad. Estaba maniatado y a la altura del tórax ya no tenía órganos.

Los ministeriales, quienes pidieron el anonimato para evitar represalias, refirieron que otro de los comandantes, con 30 años de servicio en ese cuerpo policiaco, también fue despedido a pesar de que se encuentra tramitando su pensión, por lo que ahora éste elemento teme perder sus años de antigüedad.

Los investigadores destituidos y los que aún quedan están en la incertidumbre, pues los primeros desconocen si serán liquidados conforme a la ley o no, tal como les sucedió a los policías estatales y de vialidad, mientras que los segundos ya no tienen ninguna certeza de permanecer en el trabajo que les apasiona y al cual le han dedicado muchos años arriesgando sus vidas.

Por ahora, los elementos despedidos analizan la posibilidad de proceder legalmente y promover un juicio de garantías para que les sea otorgado su finiquito correspondiente. En tanto, el resto de los ministeriales ya se amparó con el fin de evitar que sean dados de baja.

Puebla podría quedarse sin ministeriales

Los inconformes señalaron que hay temor entre los investigadores que todavía mantienen su trabajo, debido a que desde hace por lo menos dos años existe el rumor de que 200 policías de esa corporación serán dados de baja, lo cual disminuirá considerablemente el número de ministeriales en la entidad, donde hay una fuerza total de entre 300 y 400 agentes.

El despido masivo de ministeriales es preocupante para estos elementos, quienes aseguraron que, aunque ya hay un grupo de nuevos agentes de la Policía Ministerial Acreditable, éstos no trabajan y por lo mismo les cargan “la chamba” a los viejos policías, de tal manera que, al ser pocos investigadores, el trabajo se les acumula y por ende muchas indagatorias se encuentran estancadas.

Advirtieron que ninguno de los nuevos policías ha esclarecido una investigación ni hecho siquiera una detención, además de que, entre otras cosas, tampoco saben hacer una cadena de custodia ni redactar un reporte a pesar de contar con carrera universitaria.

Un ejemplo de su falta de preparación es que, el pasado 22 de noviembre, dos elementos de la Acreditable se encontraban en las oficinas de la PGJ, en la colonia San Rafael Oriente. Su jefe de grupo, Nesi Ramírez, entró al baño y les dejó encargada su arma de fuego, pero uno de ellos la manipuló y le disparó por accidente a su compañero que resultó lesionado.

Ante esta situación, los elementos ignoran cuáles son los verdaderos motivos que tiene la actual administración para dejar sin investigadores a la entidad, aun cuando hay muchos de ellos con bastante experiencia para resolver casos.

Comentaron que hace unos días hablaron del tema con el director de la Policía Ministerial, Juan Luis Galán Ruiz, quien se comprometió a apoyarlos y a respaldarlos para que ya no hubiera más despidos.

Asimismo, mencionaron, el procurador de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, sólo les respondió que no tenía conocimiento de los despidos, pues —según les dijo— estas decisiones no dependen de él sino del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), el cual evaluó a los policías en 2012 y apenas hasta el 2014 solicitó su baja con el argumento de que no son aptos para desempeñar sus funciones.

Hasta el momento la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no ha emitido ningún posicionamiento sobre el despido masivo de ministeriales.