Proyectos de transporte urbano privilegian 76% a los coches; bicis, 1%

En Puebla, 76 por ciento de los recursos destinados a proyectos de transporte urbano están dirigidos a infraestructura para automóviles; el 23 por ciento a espacios públicos y sólo uno por ciento al uso de la bicicleta, señala un análisis del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (IPTD), auspiciado por la embajada Británica en México.

Estas acciones, contradicen las metas y objetivos de movilidad urbana sustentable para el país que busca desalentar el uso del automóvil y crear esquemas de movilidad masivos y amigables, según el Diagnóstico de Fondos Federales para transporte y Accesibilidad urbana en México.

De acuerdo con el reporte del Instituto sobre los fondos y recursos federales que se desprenden del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en la zona metropolitana de Puebla —que comprende 39 municipios y 2 millones 728 mil 790 habitantes— en el año 2012 no se ejercieron recursos para mejorar el transporte público.

Aunque destaca que en Puebla, al igual que en Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guerrero y Nuevo León se desarrollan sistemas de “Buses Rápidos Troncales” (BRT).

Puebla beneficiado del Fonadin

El fondo nacional de Infraestructura (Fonadin) impulso la implementación del sistema BRT en Puebla y ha apoyado 66 proyectos a nivel nacional, los cuales han implicado una inversión total de 188 mil 587 millones de pesos.

De estos recursos, 10 mil 915 millones se han destinado para implementar nueve proyectos de transporte público masivo (el 5.8% del total de recursos), de los cuales el PROTRAM ha aportado directamente 3 mil 290.5 millones de pesos. Estos recursos han servido para desarrollar sistemas de “Buses Rápidos Troncales” (BRT) en Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León y Puebla.

Sin embargo, cabe señalar que no todos estos sistemas de transporte han finalizado su etapa de implementación. Esto sugiere que, además de las cuestiones de financiamiento para infraestructura y estudios de factibilidad, los sistemas de BRT requieren de un acompañamiento federal más integral que asegure una buena capacidad institucional y de gestión.

Más espacios públicos y menos transporte público

Para Puebla, se tiene un incremento muy importante de recursos destinados al mejoramiento del espacio público, pero éste es sobre todo producto de una reducción en la inversión en transporte público y no se debió a una disminución de la inversión para el auto (que pasa de ser en su mayoría ampliación de la red vial a mantenimiento mediante la pavimentación de vialidades).

El problema, detalla el reporte, es que a pesar de que existe una buena cantidad de fondos y programas federales para que los gobiernos locales inviertan en movilidad sustentable, la mayor parte de estos recursos se ejerce sin una planeación integral de la ciudad y normalmente se destinan a proyectos que no logran vincularse entre sí.

En este sentido, si bien el transporte público es una facultad de los gobiernos locales, actualmente no existe una política federal en la materia que logre generar metodologías y lineamientos técnicos adecuados a fin de alinear los incentivos entre los distintos órdenes de gobierno para lograr una movilidad urbana sustentable en las ciudades.

Esto ha ocasionado que la mayor parte del gasto en movilidad se realice de manera aislada, promoviendo en buena medida el uso del automóvil e incrementando en consecuencia las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), sobre todo por la rápida expansión de las urbes.

Lo anterior evidencia una falta de visión integral de las ciudades y ha provocado que las zonas metropolitanas del país ejerzan los recursos federales de una forma poco equitativa y sustentable.

Las zonas metropolitanas más grandes e importantes del país ejercieron en el año 2012 un total de 12 mil 781 millones de pesos de inversiones en movilidad. De este monto, 21 por ciento se destinó al transporte público, 4 por ciento al peatón, 1 por ciento a la bicicleta, 9 por ciento al espacio público y un restante 65 por ciento a ampliar y mantener la infraestructura vial del automóvil.