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Gobierno
Será entre jueves y viernes cuando la Comisión de Gobernación inicie con el análisis de los estudios
Foto Agencia Enfoque
Será el 20 de noviembre cuando el Congreso del estado reciba los resultados de los estudios históricos, socioeconómicos, jurídicos y topográficos que se encargaron a expertos de la BUAP, UDLAP, Libre de Derecho y de la UNAM, y que servirán para resolver el conflicto limítrofe entre Puebla y San Andrés Cholula.
El diputado Gerardo Mejía Ramírez, integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, señaló que el contrato que el Congreso firmó con las instancias educativas plantea que el próximo miércoles es la fecha en la que se deben entregar las conclusiones sobre los temas que se les encargaron a cada uno de los académicos en las áreas mencionadas.
El legislador del Revolucionario Institucional comentó que es probable que entre jueves y viernes la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales inicie el análisis de los estudios, los cuales servirán para presentar un nuevo decreto de límites entre Puebla y San Andrés Cholula.
Mejía Ramírez precisó que el propósito es genera un decreto que sustituya al de 1962, proyecto que primero se aprobará en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y después ante el pleno.
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"Por supuesto que vamos por un nuevo decreto, pero no estamos tocando temas de partidos políticos. La Comisión de Gobernación tiene cuatro representaciones políticas y estamos trabajando en un estudio que no beneficia a ningún partido o gobierno particular en general, sino a la ciudadanía", puntualizó el diputado del PRI.
Además de los estudios hechos por expertos, los ayuntamientos de Puebla y San Andrés entregaron pruebas periciales, que también serán analizadas por los diputados.
En el acuerdo que el Congreso signó con las universidades, se establece que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se hará cargo de los estudios históricos, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) del análisis socioeconómico, la Escuela Libre de Derecho del tema jurídico, y el Instituto de Geografía de la UN AM del análisis topográfico. Todo el conjunto tuvo un costo de 1.5 millones de pesos.