Denuncian a titular de Fiscalía Anticorrupción y a un auxiliar de MP

En lugar de ordenar la investigación de una denuncia, el titular de la Dirección General de Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Benjamín Albores Manzo, mandó a archivar una averiguación previa en contra de Ricardo Águila Gasperín, auxiliar del Ministerio Público de Culposos Sur, acusado de hostigar, amenazar y tratado de extorsionar a una ciudadana desde el año pasado.

La agraviada, quien se dedica a los bienes y raíces y a la construcción de casas, dio a conocer a este medio que ya denunció a los dos funcionarios, pero espera que el procurador de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, tome cartas en el asunto, porque de pasarle algo a ella, a su familia o a su patrimonio, hace responsables a los servidores públicos mencionados.

La afectada explicó que todo comenzó a mediados de 2012, después que les consiguió a Águila Gasperín y a su esposa Ivonne Merino de León, un terreno en el fraccionamiento Villa Satélite La Calera, ya que pretendían vender su casa y construir otra.

Una vez que adquirieron el lote, firmaron un contrato de obra con la agraviada, en el cual acordaron los metros de construcción, el precio, los acabados, el tiempo de ejecución de la obra y otros detalles.

Sin embargo, el calvario de la mujer comenzó cuando la obra se atrasó debido a las condiciones climatológicas. Entonces, Águila Gasperín y su esposa empezaron a presionarla porque ellos querían su casa terminada lo más pronto posible.

Conforme la obra fue avanzando, la pareja le pidió que se hicieran diversas adecuaciones a la casa, que no estaban especificadas en el contrato, y una vez que la construcción estuviera terminada le pagarían todo. La mujer confió en su palabra, pero no le firmaron nada y continuaron presionándola.

“El licenciado Ricardo Águila Gasperín comenzó a amenazarme diciéndome que él, con el puesto y el lugar en el que estaba podría fabricarme un delito y mandarme a la cárcel si no cumplía con la entrega de la casa y con todo lo que él me pedía”, denunció la mujer.

El funcionario le decía “que él no me iba a pagar nada, que él tenía las de ganar, ya que como me había venido diciendo, él me podría fabricar un delito, como plantación de droga en mi vehículo, armas de uso del Ejército o algún fraude, y que a la cárcel me mandaría, que lo pensara ya que tenía una hija y no me iba a gustar dejarla sola”.

“A partir de ese día, en lugar de pagarme, me pedía dinero, decía que necesitaba para pagar la colegiatura de sus hijos y que tenía muchos gastos”.

Además de amenazarla con hacerle daño a ella, a su hija o a patrimonio, la obligaba a firmar documentos que la comprometían, la hostigaba en persona y vía telefónica y también empezó a espiarla a ella y a su primogénita, a través de agentes de la Policía Ministerial que iban hasta su casa para vigilar sus movimientos.

El 12 de abril de 2013, la mujer fue perseguida por dos ministeriales en la colonia San Manuel, donde uno de ellos se bajó de la patrulla y la encañonó diciéndole con groserías que iban de parte del “licenciado Águila”, que si no le pagaba lo que él pedía le harían daño a su hija.

Ese mismo día, la agraviada fue a presentar su denuncia 88/2013, ante la Dirección General de Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos, donde Albores Manzo la atendió, pero subestimó su caso. Después de una serie de irregularidades, el 2 de Mayo le notificaron que la averiguación previa había sido mandada al archivo sin motivo alguno y sin haberle dado copias de todo lo actuado.

Posteriormente, Águila Gasperín le pidió mediante engaños las llaves de la casa, que ya estaba casi terminada, y se fue a vivir a la misma con su familia.

Cuando la agraviada se dio cuenta, le dijo que no había problema, pero que le terminara de pagar los 140 mil pesos que faltan, a lo cual el servidor público le contestó que no le iba a pagar nada y que le hiciera como quisiera.

Así las cosas, el pasado 26 de septiembre, unos agentes ministeriales entraron con engaños al fraccionamiento donde vive para amenazarla. Uno de ellos, identificado como Hilario Ruiz Contreras, le dijo que “que ya estaba puesta la denuncia penal (en contra de ella), que ya tenían la orden de aprehensión y que le iba a dar mucho gusto verme en el penal y que me darían una recepción muy bonita”.

Estas anomalías, sumadas a las amenazas que también ya ha recibido su hija, motivaron a la agraviada a interponer una segunda denuncia en contra de Ricardo Águila Gasperín, su esposa Ivonne Merino de León y el titular de la Fiscalía de Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Benjamín Albores Manzo, por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y lo que resulte.

A través de este medio, la afectada también solicitó al procurador Carrancá Bourget que ordene la investigación de estos funcionarios públicos y le den curso a la misma, ya que teme por su integridad y la de su familia.

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Puebla, Puebla a 02 de octubre de 2013

Rodolfo Ruiz

Director de e- consulta:

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) si cumplió con realizar la investigación pertinente en relación a los presuntos hechos que relata la persona que solo se identificó como supuesta agraviada ante hechos que se comprobó, están inmersos única y exclusivamente en un asunto civil y no penal.

Lo anterior lo comparto de manera respetuosa ante la nota publicada este miércoles con el título “Denuncian a titular de Fiscalía Anticorrupción y a un auxiliar de MP”

La Dirección General de Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJ, desarrolló una investigación conforme a derecho, con el desahogo de diversas pruebas y la comparecencia de diferentes personas ante los señalamientos de una ciudadana que refirió supuestas intimidaciones por parte de un auxiliar del Ministerio Público de Culposos Sur.

Se determinó que el reclamo de quien se dijo agraviada, obedece a un asunto de carácter civil, toda vez que ella presuntamente incumplió con un contrato celebrado entre particulares para llevar a cabo la edificación de un inmueble, servicios contratados en términos personales por el auxiliar en mención. Por ende, el arreglo o seguimiento del caso es de competencia civil.

En la indagatoria penal que se inició considerando el dicho de la supuesta agraviada sobre la posible comisión de delitos, se estableció que resultaron sin sustento los argumentos de amenazas o supuestas persecuciones efectuadas por elementos ministeriales, como de inicio pretendió sostener la ciudadana. La anterior conclusión se obtuvo posterior a cumplir con todos los procedimientos legales, por lo cual se notificó a la interesada desde hace más de dos meses.

La Dirección General de Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia reitera su compromiso para investigar irregularidades cometidas por servidores públicos que pudieran incurrir en delitos haciendo uso de su función pública.

Agradezco la publicación de los comentarios aquí vertidos.

ATENTAMENTE

Mtra. Ma. Cristina Ortiz López

Enlace de Comunicación de Seguridad Pública Estatal y Procuraduría de Justicia

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