Consigna la PGJ a funcionario del juzgado de Tepeaca

Tras estar arraigado durante 20 días, Alfredo Morón Macehuatl, oficial mayor del Juzgado Penal de Tepeca, fue consignado la tarde de este lunes ante el Juez Octavo de lo Penal, tras ser acusado por la presunta elaboración de una boleta de libertad apócrifa para favorecer a un sujeto sentenciado por homicidio calificado en grado de tentativa.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) levantó este lunes la medida cautelar y ejercitó acción penal en contra de Morón Macehuatl al encontrar suficientes elementos para fincarle responsabilidades.

En tanto, las investigaciones contra funcionarios del Juzgado Penal de Tepeaca continúan, ya que a pesar de que fueron presentados más de 20 servidores públicos, aún se citan a declarar a más posibles implicados, todos ellos ex empleados del Poder Judicial Estatal que tenían conocimiento de estas irregularidades y que laboraron hasta el pasado marzo, cuando presentaron sus respectivas renuncias.

Por el momento se sabe que existen varias órdenes de arraigo y/o cateo en contra de funcionarios del juzgado de Tepeaca, así como una orden de aprehensión en contra del secretario de Acuerdos de ese juzgado, Huberto Roblero Godínez, quien promovió un amparo para evitar su detención.

De acuerdo con las primeras declaraciones de los funcionarios presentados ante la PGJ, Roblero Godínez les habría ratificado a los funcionarios del Cereso de Tepeaca que el proceso de liberación del acusado se había llevado a cabo conforme a la ley, por lo que de este modo el sentenciado fue puesto en libertad.

Aunque se realizan las pesquisas en contra de estos funcionarios, trascendió que el juez de Tepeaca, José Luis Arenas Juárez, hijo de la magistrada María de los Ángeles Juárez Hernández, no está siendo investigado y al parecer tampoco será detenido, pues se sabe que cuando se iba a solicitar una orden de aprehensión en su contra, los mandos de la PGJ dieron órdenes de no hacerle nada.

El pasado 16 de agosto, la PGJ inició una averiguación previa para investigar la liberación del procesado Román Omar Ramos Luna, de 34 años de edad, ocurrida el 1 de febrero del año en curso y en la cual se detectó una serie de anomalías.

Por tales hechos, el representante social realizó diligencias e investigaciones mediante las cuales recabó diversas pruebas en contra de Morón Macehuatl, por lo que solicitó a la autoridad judicial la medida cautelar de arraigo con la finalidad de ampliar la investigación.

Como parte de las indagatorias, se recabaron las declaraciones de más de 20 funcionarios del Juzgado penal de Tepeaca con el objetivo de determinar quiénes podrían estar involucrados en el ilícito, ya que se sabe que la causa penal fue robada del juzgado, y a pesar de que tenían conocimiento del hecho no denunciaron oportunamente ante la PGJ, lo que impidió que en su momento el Ministerio Público se abocara a las investigaciones para lograr la oportuna ubicación del sentenciado.