Elecciones 2027: la disputa por el rumbo político de México
Las elecciones mexicanas de 2027 serán mucho más que una elección intermedia. El 6 de junio estarán en juego las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados y, simultáneamente, se desarrollará una de las mayores jornadas electorales locales de los últimos años. En 17 entidades se renovarán gubernaturas, en 31 congresos locales y en 30 entidades habrá elecciones municipales o de alcaldías. En conjunto, los procesos locales implicarán la renovación de miles de cargos. (Central Electoral) Por eso, interpretar 2027 solamente como una medición entre Morena y sus aliados, por un lado, y los partidos de oposición, por el otro, sería insuficiente. La elección será también una prueba para las instituciones electorales, para los partidos, para la capacidad de los gobiernos de preservar su legitimidad y, sobre todo, para la ciudadanía.
Será una elección en la que se pondrán a prueba el peso de las estructuras partidistas, la selección de candidaturas, la capacidad de las oposiciones para construir acuerdos, el uso y fiscalización de los recursos, la seguridad de candidatos y electores, la influencia de las redes sociales y la utilización de inteligencia artificial para producir y distribuir información política. El resultado tendrá además una consecuencia inevitable: modificará el escenario con el que México llegará a la elección presidencial de 2030.
El calendario oficial muestra una característica fundamental: México no tendrá en 2027 una sola elección, sino una compleja combinación de procesos federales y locales. La elección federal renovará la totalidad de la Cámara de Diputados. Paralelamente, 17 entidades elegirán gubernatura. A ello se sumarán congresos locales y ayuntamientos. (Central Electoral) Esto significa que las fuerzas políticas deberán resolver simultáneamente problemas nacionales y locales. Una estrategia que funcione para una gubernatura puede no funcionar para una presidencia municipal. Un candidato con presencia estatal puede no tenerla en un distrito determinado. Y una alianza útil en un estado puede resultar problemática en otro. La política mexicana, por tanto, tendrá que ser observada desde dos dimensiones: la disputa nacional por el Congreso y la disputa territorial por los gobiernos estatales y municipales.
El eje más visible será la competencia entre Morena y sus aliados y las distintas fuerzas opositoras. Sin embargo, la pregunta fundamental no debería ser solamente quién obtiene más cargos, sino cómo se construyen las candidaturas y qué grado de cohesión conservan los partidos después de seleccionarlas. En Morena, el proceso de selección ya comenzó a mostrar la importancia de los acuerdos internos. En diversas entidades se han definido coordinaciones estatales rumbo a 2027, mientras continúan los procesos locales. La prensa nacional ha documentado, por ejemplo, definiciones en 17 entidades federativas en algunas de ellas se han presentado inconformidades, pero en general morena y sus aliados ya definieron sus propuestas de coordinadores de la defensa de la transformación. Es importante subrayar que estas figuras no deben confundirse automáticamente con candidaturas constitucionalmente registradas. (El País)
La oposición enfrenta un problema diferente: transformar su pluralidad en una estrategia electoral capaz de competir territorialmente. PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y otras fuerzas tendrán que decidir si compiten separadamente, construyen alianzas en determinados estados o presentan candidaturas comunes en algunos municipios y distritos. Las alianzas, por ello, serán uno de los temas centrales de 2027. Pero una alianza electoral no garantiza por sí misma una transferencia automática de votos. Para que tenga efectos reales debe existir coincidencia territorial, organización, candidatos aceptados por las distintas fuerzas y una narrativa política que resulte comprensible para los electores. La selección de candidaturas puede ser más importante que los discursos nacionales. En una elección territorial, los electores conocen a candidatos, presidentes municipales, diputados locales, legisladores federales y dirigentes regionales. La evaluación de una administración municipal puede pesar más que una discusión nacional. En Puebla esto será particularmente visible. El estado elegirá 26 diputaciones de mayoría relativa y 15 de representación proporcional, además de 217 presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. (Instituto Nacional Electoral) En Puebla capital, distintos medios han comenzado a reportar nombres de personas consideradas como posibles aspirantes de Morena y del PAN. Entre ellos aparecen figuras que ya ocupan o han ocupado cargos públicos. Pero debe mantenerse una distinción indispensable: ser mencionado como posible aspirante no significa ser candidato. Morena ha informado que analiza perfiles para presidencias municipales y diputaciones, así como la posibilidad de competir solo o mediante coaliciones. (Diario Puntual) Por su parte, el PAN poblano ha informado que estudia diversos mecanismos para seleccionar candidaturas, incluyendo encuestas y consulta a la militancia, además de considerar perfiles ciudadanos. (El Universal) Esto abre una discusión más profunda: ¿los partidos seleccionarán candidatos por competitividad electoral, por trayectoria administrativa, por acuerdos internos, por cercanía con las dirigencias o por una combinación de estos factores? La respuesta tendrá consecuencias directas sobre la calidad de la representación política.
Una elección moderna no puede analizarse sin estudiar los recursos económicos. Para 2027, el INE aprobó un anteproyecto de financiamiento público federal para partidos nacionales y candidaturas independientes por 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos. De esa cantidad, más de 2 mil 363 millones corresponden al financiamiento de campañas federales. (Central Electoral) Pero el financiamiento público solamente constituye una parte de la ecuación. La fiscalización deberá determinar el origen, destino y aplicación de los recursos. El INE dispone del Sistema Integral de Fiscalización y de herramientas de monitoreo que permiten contrastar los gastos reportados con propaganda, eventos, publicidad y otras actividades observadas en campo. (Instituto Nacional Electoral) El problema fundamental será determinar si la fiscalización puede identificar oportunamente los gastos no reportados y, sobre todo, los recursos cuyo origen puedan encontrarse fuera de las fuentes permitidas. En este punto aparece uno de los mayores riesgos de cualquier elección: que la cantidad de dinero gastado termine siendo más importante que la transparencia de su procedencia. También deberá vigilarse estrictamente el uso de recursos públicos. El INE contempla entre las conductas sujetas a procedimientos sancionadores la violación al principio de imparcialidad de los servidores públicos, la coacción o presión al electorado, la propaganda contraria a la normatividad y los actos anticipados de precampaña y campaña. (Instituto Nacional Electoral)
Hay un factor que puede alterar cualquier análisis electoral: la seguridad. El propio INE ha identificado como riesgos para 2027 la presencia del crimen organizado en determinadas regiones, las amenazas, la presión sobre electores y candidatos, el robo o destrucción de material electoral y las dudas sobre la eventual introducción de recursos ilícitos en campañas. (Central Electoral) No todos estos riesgos tienen la misma intensidad en todo el país se agudiza este fenómeno en donde se han asentado los traficantes de hidrocarburos (de los Buques y los carro tanques de ferrocarril) y en las zonas del país dominados por los carteles que se crearon con la complicidad de funcionarios de los gobiernos Neoliberales. México es territorialmente diverso y las condiciones de seguridad varían considerablemente. Precisamente por eso, la política de seguridad electoral tendrá que ser territorial y preventiva. Una elección puede ser formalmente libre y, sin embargo, enfrentar dificultades sustantivas si candidatos, ciudadanos, periodistas o funcionarios electorales sienten temor de participar. La elección de 2027 será también una elección digital. Las redes sociales han transformado la forma de hacer campaña. Pero la inteligencia artificial introduce una dificultad adicional: ahora es posible producir fotografías, audios y videos falsos con una apariencia cada vez más convincente. El INE ya ha advertido sobre la desinformación como uno de los riesgos electorales ello es importante por la conducta de los medios de comunicación corporativos que mayoritariamente se identifican con los partidos y candidatos de tendencia conservadora. La experiencia reciente también muestra problemas relacionados con violencia digital, noticias falsas y deepfakes, particularmente contra mujeres que participan en política. Un estudio del INE sobre los procesos locales de Durango y Veracruz documentó la presencia de este tipo de contenidos. (Central Electoral) El desafío no consiste en controlar las redes sociales. La libertad de expresión debe permanecer protegida. El desafío consiste en que los ciudadanos puedan distinguir entre información periodística, propaganda, opinión, manipulación y contenido artificialmente generado.
La legitimidad de una elección no dependerá exclusivamente de quién gane También dependerá de que los ciudadanos tengan posibilidades reales de votar sin coacción, de que los candidatos compitan bajo reglas conocidas, de que los recursos sean fiscalizados, de que las autoridades electorales actúen con imparcialidad y de que los resultados puedan ser revisados mediante los mecanismos institucionales correspondientes.
La participación será otro factor determinante. El INE ha advertido que las elecciones intermedias históricamente han presentado niveles de participación inferiores a los de las elecciones presidenciales, aunque existen diferencias importantes entre procesos y entidades. (Central Electoral) Una baja participación no tiene una sola interpretación. Puede expresar apatía, satisfacción, rechazo a los partidos, desconfianza o simplemente menor interés ante una elección que no incluye la Presidencia de la República.
Puebla será especialmente relevante porque combinará elección federal y una intensa competencia municipal. La capital concentrará buena parte de la atención política, pero sería un error reducir el análisis del estado a la ciudad de Puebla. Los 217 municipios presentan realidades políticas distintas. En algunos territorios pesan las estructuras partidistas; en otros, las relaciones comunitarias y liderazgos locales; en otros más, la evaluación de los gobiernos municipales.
El proceso de selección de candidatos será, por ello, una prueba para todas las fuerzas.
En Morena se han reportado trabajos de identificación de perfiles y posibles alianzas. En el PAN se ha informado de mecanismos de medición de aspirantes. Los nombres que circulan en medios deben ser tratados como eso: perfiles en consideración, no candidaturas definitivas. (Diario Puntual)
La elección de 2027 no debería reducirse a una batalla entre partidos. La verdadera pregunta es qué tipo de democracia mexicana surgirá de ella. Si los partidos seleccionan candidatos con procedimientos transparentes, si el dinero puede ser rastreado, si los recursos públicos no se utilizan para favorecer candidaturas, si las campañas pueden desarrollarse sin intimidación, si las redes sociales no se convierten en un territorio dominado por la mentira y si las autoridades electorales pueden ejercer sus atribuciones con autonomía, el resultado tendrá mayores condiciones de legitimidad. Pero si prevalecen la opacidad, el dinero de origen desconocido, la violencia, la desinformación y la manipulación, el problema será mucho mayor que una derrota o una victoria partidista.
Será un problema de confianza pública. 2027 será, en consecuencia, una elección sobre cargos públicos, pero también sobre la capacidad de la democracia mexicana para adaptarse a una nueva realidad. El resultado podria modificará el mapa político. La forma en que se llegue a ese resultado determinará, en buena medida, la confianza con la que México entrará en el ciclo político de 2030. La ciudadanía tendrá la última palabra.
Y precisamente por ello, el desafío más importante será que esa palabra pueda expresarse libremente, con información suficiente, confiable y respetando los derechos de las audiencias y de todos los mexicanos; mujeres y hombres.