El crimen ya no está afuera: está adentro
No la dijo un periodista, ni la dijo un diputado de oposición y menos lo dijo la ciudadanía, la dijo el Gobernador del Estado después de que las autoridades federales detuvieron a dos presidentes municipales de Puebla.
Durante años nos dijeron que el crimen organizado estaba afuera de las instituciones: en las calles y en las carreteras. Hoy esa explicación ya no alcanza. Los casos que han sacudido al país muestran algo mucho más peligroso: el crimen no solamente busca controlar territorios; también busca influir, penetrar y, en algunos casos, llegar al poder.
Lo hemos visto con gobernadores, senadores, funcionarios y autoridades municipales señalados en investigaciones por presuntos vínculos con grupos criminales. Y mientras a nivel nacional aparecen nuevos nombres y nuevas investigaciones, en Puebla ya tenemos señales que no podemos ignorar.
Porque cuando un presidente municipal es detenido, cuando una estructura criminal opera alrededor de un gobierno local y cuando un Ayuntamiento termina siendo sustituido por un Concejo Municipal, ya no estamos hablando de una sospecha lejana, estamos hablando de una realidad que ya tocó la puerta de Puebla.
Entonces la pregunta es: si el propio gobernador reconoce que delincuentes pueden convertirse en candidatos, alcaldes o funcionarios, ¿quién está revisando a los candidatos antes de que lleguen al poder?
Porque una cosa es que el Estado descubra y detenga a un delincuente y otra, mucho más grave, es que el delincuente ya tenga una oficina, presupuesto, policías, información privilegiada y el poder de decidir sobre la vida de miles de ciudadanos. Eso es lo verdaderamente peligroso.
En septiembre, el Operativo Enjambre llegó a Puebla.
En Tepeyahualco fue detenido el entonces presidente municipal, señalado por su probable responsabilidad en delitos como secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.
Días después, en Esperanza, las fuerzas federales detuvieron al presidente municipal, junto con otras ocho personas.
¿El resultado?
23 órdenes de cateo, 09 detenidos, 35 armas aseguradas, 52 cargadores, ropa táctica, vehículos, un dron y un inhibidor de señal.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, los detenidos estarían vinculados con una estructura dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.
Y aquí viene lo verdaderamente preocupante: entre los detenidos estaban el alcalde de Esperanza, su hermano y una exdirectora de Seguridad Pública municipal.
Entonces pregunto: ¿Qué clase de gobierno municipal se construyó ahí? ¿quién revisaba a los policías? ¿quién revisaba al alcalde? ¿quién revisaba al círculo cercano del presidente municipal? ¿cuántos ciudadanos tuvieron que sufrir asaltos, extorsiones o secuestros mientras quienes tenían la obligación de protegerlos estaban siendo investigados?
Pero esto no terminó con las detenciones, el Congreso del Estado terminó desapareciendo los ayuntamientos de Esperanza y Tepeyahualco y designando Concejos Municipales para concluir el periodo constitucional. Además, el Ayuntamiento de Acatlán, aunque por una ruta distinta, luego de la renuncia de la presidenta municipal, regidores y síndico.
Tres municipios, tres gobiernos municipales sustituidos y tres focos rojos que deberían obligarnos a hacer una pregunta mucho más grande: ¿qué está pasando con la política en Puebla?
Porque mientras en el Gobierno del Estado se habla de transformación, de paz, de bienestar y de “Pensar en Grande”, en algunos municipios la realidad es otra.
Y no lo digo yo, lo dicen los hechos.
Pero éste no es solamente un problema de seguridad, es un problema político.
Y lo que sucede en Puebla tampoco puede analizarse de manera aislada, en el ámbito nacional tenemos señales todavía más graves que se han hecho públicos.
En abril de este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el entonces exfuncionario y hoy senador Enrique Inzunza Cázarez, además de otros funcionarios y exfuncionarios.
La acusación estadounidense sostiene que funcionarios de Sinaloa habrían colaborado con una facción del Cártel de Sinaloa a cambio de apoyo político y sobornos.
Entre otras cosas, Estados Unidos acusa a Rocha Moya de haber recibido apoyo de “Los Chapitos” para llegar a la gubernatura en 2021 y de haber ofrecido protección al grupo criminal.
Aclaremos algo: son declaraciones contenidas en una acusación penal estadounidense, no una sentencia. Los señalados mantienen su presunción de inocencia y han rechazado las imputaciones. Pero la pregunta permanece:
¿Cómo llegamos a un punto en el que un gobernador en funciones y un senador de la República aparecen señalados formalmente por autoridades estadounidenses en una acusación de esta magnitud? Y que la Titular del Poder Ejecutivo Federal solo diga…” pruebas”.
Y si alguien piensa que lo ocurrido en Sinaloa es un caso aislado, basta mirar hacia Baja California.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y quien entonces era su esposo, Carlos Torres Torres, perdieron sus visas estadounidenses en mayo de 2025. Pero aquí viene lo que debería levantar todas las alertas.
Mientras la Gobernadora de Morena Marina del Pilar ocupaba la gubernatura, su entonces esposo y hoy exesposo Carlos Torres Torres quedó bajo investigación de la Fiscalía General de la República por posibles delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero.
Y la historia no terminó ahí, durante 2026 comenzaron a difundirse audios atribuidos a la gobernadora en los que habla de contactos y reuniones con autoridades estadounidenses. Marina reconoció que tuvo acercamientos con autoridades de Estados Unidos, aunque sostuvo que se trataba de gestiones para recuperar su visa y de asuntos relacionados con cooperación en materia de seguridad.
Pero esto no se trata de decir que la gobernadora sea responsable de los actos de otra persona, se trata de preguntarnos qué ocurre cuando las investigaciones criminales alcanzan los círculos más cercanos al poder.
Porque el problema no termina ahí.
También está el llamado huachicol fiscal. Una red que, según la propia Fiscalía General de la República, involucra el contrabando, distribución y comercialización ilegal de combustible.
En marzo de 2025 fue asegurado en Altamira un buque con ocho millones de litros de hidrocarburo, operación que, de acuerdo con la FGR, confirmó la existencia de un entramado criminal que buscaba enriquecerse al margen de la ley.
¿Se imaginan la infraestructura, los contactos, las aduanas, las empresas, los funcionarios y la logística que se necesitan para mover semejante cantidad de combustible?
Entonces la pregunta es sencilla:
¿De verdad alguien puede creer que redes de ese tamaño operan completamente solas?
Porque mientras Morena insiste en decirnos que todo está mejor, hay una realidad que ya nadie puede esconder debajo de la alfombra. Cuando el crimen llega a las instituciones, deja de ser solamente un problema de seguridad y se convierte en un problema de democracia.
Porque al final, los poblanos no queremos gobiernos que reaccionen cuando el crimen ya se instaló; queremos autoridades que impidan que llegue al poder. Hoy hay alcaldes detenidos, municipios con Concejos Municipales y demasiadas preguntas sin respuesta.
Puebla pareciera que ya tiene esa misma ruta:¿vamos a esperar a que el crimen termine de tomar las instituciones para entonces decir que no lo vimos venir?