Benito Juárez necesitó leyes, una guerra civil y buena parte de su vida política para separar los asuntos de Dios de los asuntos del Estado.
Más de siglo y medio después, resulta que ambos pueden volver a encontrarse en un lugar bastante menos solemne: la oficina de recaudación de impuestos por la compra de dos departamentos de lujo.
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La historia tiene como protagonista al cardenal emérito Norberto Rivera Carrera y contiene una de esas ironías que parecen escritas para recordar por qué México decidió convertirse en un Estado laico.
Desde las Leyes de Reforma, el país emprendió un largo y accidentado proceso para separar a la Iglesia del poder público. La Constitución de 1917 fue todavía más lejos: su artículo 130 impuso severas restricciones a las iglesias y a sus ministros.
Cuando el gobierno de Plutarco Elías Calles decidió aplicar con rigor aquellas disposiciones, la confrontación desembocó en la Guerra Cristera. Miles de mexicanos murieron en un conflicto que enfrentó al Estado posrevolucionario con grupos católicos levantados en armas bajo el grito de “¡Viva Cristo Rey!”.
La rebelión terminó formalmente en 1929, durante la presidencia de Emilio Portes Gil, mediante los llamados arreglos entre el gobierno mexicano y la jerarquía católica.
Después vino una peculiar convivencia mexicana: Iglesia y Estado aprendieron a vivir separados en el papel y bastante cerca en la realidad.
Carlos Salinas de Gortari modificó profundamente esa relación en 1992. Las reformas constitucionales otorgaron reconocimiento jurídico a las iglesias y establecieron un nuevo marco para su relación con el Estado mediante las asociaciones religiosas registradas ante la Secretaría de Gobernación.
Pero ninguna reforma constitucional pudo resolver una contradicción mucho más antigua: la distancia que a veces existe entre lo que se predica desde el púlpito y lo que se practica fuera de él.
Y ahí aparece Norberto Rivera.
El cardenal emérito consiguió recientemente una resolución favorable en un juicio de amparo relacionado con aproximadamente 65 mil dólares —alrededor de 1.3 millones de pesos— pagados por concepto de impuestos derivados de la adquisición de dos departamentos en Torre Mitikah, uno de los desarrollos inmobiliarios más exclusivos de la Ciudad de México.
Los inmuebles habrían tenido un valor cercano a los diez millones de pesos cada uno.
La discusión jurídica puede ser perfectamente legítima. Si una autoridad cobra indebidamente un impuesto, cualquier ciudadano tiene derecho a acudir ante un juez y reclamar su devolución.
Un cardenal también.
Precisamente de eso se trata el Estado de derecho.
Pero una cosa es el expediente judicial y otra, bastante distinta, la estampa.
Porque inevitablemente llama la atención que un príncipe de una Iglesia fundada sobre las enseñanzas de un hombre que predicó entre pescadores, pobres y marginados termine litigando ante los tribunales mexicanos por los impuestos derivados de dos departamentos de lujo.
No es un delito.
Es una contradicción.
Y las contradicciones, aunque no aparezcan tipificadas en ningún código penal, suelen ser material abundante para la opinión pública.
Rivera, además, no llega a esta historia como un personaje desconocido.
Durante décadas fue una de las figuras más poderosas de la Iglesia católica mexicana y su trayectoria estuvo acompañada por controversias considerablemente más graves que cualquier discusión inmobiliaria.
Una de ellas fue la polémica surgida a principios de este siglo alrededor de la explotación comercial de la imagen de la Virgen de Guadalupe.
Pero el episodio verdaderamente oscuro de su trayectoria pública tiene que ver con las acusaciones sobre el manejo que la jerarquía eclesiástica hizo de casos de sacerdotes señalados por abuso sexual de menores.
Los exsacerdotes Alberto Athié y José Barba denunciaron públicamente a Rivera y cuestionaron durante años la actuación de la Iglesia frente a diversos casos de pederastia clerical.
Entre ellos estuvo el del sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, acusado de abusar sexualmente de menores tanto en México como en Estados Unidos.
El caso terminó convirtiéndose en símbolo de una práctica denunciada durante décadas en distintas partes del mundo: trasladar sacerdotes señalados de una parroquia o diócesis a otra en lugar de enfrentar las acusaciones con transparencia y poner los hechos inmediatamente en conocimiento de las autoridades civiles.
Rivera negó haber encubierto delitos y sostuvo que la información de la que disponía entonces no acreditaba las acusaciones en los términos que posteriormente se conocieron.
La controversia, sin embargo, nunca desapareció.
Durante algunos de aquellos litigios fue representado por Juan Velázquez, uno de los penalistas más conocidos de México, abogado también de personajes como Luis Echeverría Álvarez y Raúl Salinas de Gortari.
Velázquez cargaba con un sobrenombre irresistible para cualquier cronista: “El abogado del diablo”.
El detalle sería simplemente anecdótico si su cliente no hubiera sido uno de los hombres que durante años ocuparon los peldaños más altos de la jerarquía católica mexicana.
A veces la realidad tiene mejor sentido de la ironía que cualquier columnista.
El papa Francisco reconoció públicamente la gravedad de los abusos sexuales cometidos por miembros del clero y pidió perdón a las víctimas. También admitió que durante demasiado tiempo la propia Iglesia falló en escuchar, proteger y responder adecuadamente ante quienes denunciaban esos crímenes.
Por eso el debate sobre Norberto Rivera no debería reducirse a cuánto cuestan sus departamentos ni a cuánto dinero consiguió recuperar mediante un amparo.
El asunto verdaderamente interesante es otro.
México tardó generaciones, guerras y demasiados muertos en construir una frontera entre la fe privada y el poder público. Esa frontera protege al ciudadano del clero, pero también protege al clérigo del Estado. Le garantiza profesar su religión, adquirir bienes, acudir ante los tribunales y exigir que la autoridad respete sus derechos.
Incluso reclamar impuestos.
Eso es precisamente lo que distingue a un Estado laico de un Estado anticlerical: La ley no persigue sotanas, pero tampoco se arrodilla ante ellas.
Y es ahí donde la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adquiere una relevancia que va mucho más allá de la coyuntura.
Sheinbaum representa una circunstancia inédita en la historia nacional: es la primera mujer que ocupa la Presidencia de México y encabeza un gobierno que ha colocado entre sus referentes políticos la tradición republicana, la defensa de la soberanía y el legado juarista.
Hay además un elemento particularmente significativo.
Una mujer llegó a la Presidencia de una República cuya historia fue escrita durante siglos casi exclusivamente por hombres. Y lo hizo encabezando un Estado que no pregunta a sus ciudadanos a qué Dios rezan —o si rezan a alguno— antes de reconocerles sus derechos.
Eso también es México.
La presidenta Sheinbaum ha reivindicado la separación entre Iglesia y Estado no como una hostilidad hacia las religiones, sino como una condición indispensable para que todas puedan coexistir en libertad.
Esa diferencia es fundamental.
Un Estado verdaderamente laico no persigue al creyente ni concede privilegios al jerarca. No gobierna desde el púlpito ni permite que el púlpito gobierne desde las oficinas públicas.
Gobierna con la Constitución.
Y en un país cuya historia está marcada por las consecuencias de confundir poder político y poder religioso, mantener esa frontera constituye una responsabilidad presidencial de primer orden.
Por eso resulta importante que el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum mantenga como referentes los principios republicanos que alguna vez parecieron revolucionarios y que hoy deberían parecernos elementales: igualdad ante la ley, soberanía del poder civil, libertad de conciencia y un Estado que no distingue entre ciudadanos por sus creencias.
Hay una forma muy sencilla de honrar a Juárez: no convertirlo en estatua.
Convertir sus principios en gobierno.
Ahí radica uno de los desafíos —y también una de las fortalezas— de la Presidencia de Sheinbaum: demostrar que el juarismo puede ser algo más que una referencia histórica y traducirse en instituciones que funcionen, autoridades sometidas a la ley y derechos que no dependan del apellido, de la fortuna, del cargo político ni de la investidura religiosa de quien los reclama.
Porque frente a la República no debería existir diferencia entre el cardenal que compra dos departamentos en Mitikah y el trabajador que paga impuestos por una vivienda de interés social.
Ambos tienen derecho a defenderse de un cobro indebido.
Ambos deben cumplir la ley.
Y ambos deben encontrar frente a ellos exactamente al mismo Estado.
Ese principio de igualdad es quizá una de las herencias más valiosas del liberalismo mexicano y una de las que el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene hoy la oportunidad histórica de preservar y fortalecer.
Respeto absoluto a las creencias religiosas, pero ningún privilegio derivado de ellas.
Libertad de culto, pero supremacía de la Constitución.
Iglesias libres, ciudadanos libres y un Estado soberano.
Juárez lo entendió hace más de siglo y medio.
La presidenta Sheinbaum va a demostrar que aquellos principios no pertenecen solamente a los libros de historia.
La República no necesita discutir la fe de Norberto Rivera ni calcular cuántos metros cuadrados son compatibles con el Evangelio.
Eso corresponde, en todo caso, a su conciencia y a sus feligreses.
Al Estado mexicano le corresponde algo mucho más sencillo y bastante más importante: que nadie esté por encima de la ley y que nadie necesite estar cerca del poder para ser protegido por ella.
Porque César y Dios podrán arreglar sus cuentas en otro sitio.
Las cuentas de la República, bajo un Estado laico, democrático y encabezado hoy por Claudia Sheinbaum, deben cuadrar aquí.