Hemos señalado ya que el desafortunado examen de admisión llevado a efecto por la UNAM para el ingreso 2026-2027 es la expresión prístina del fracaso de las políticas educativas implementadas desde los años ochenta del siglo pasado en nuestro país.
Lo peor de todo es que el 15 de mayo de 2019 se elevó a rango constitucional el condicionamiento a que se somete la obligatoriedad de la educación superior, en tanto responsabilidad del Estado, pues se hace depender de los requisitos de admisión que establezcan las instituciones públicas. (fracción X del 3º Constitucional)
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Mientras “la matrícula de las instituciones privadas en la Ciudad de México tuvo un alza de 194% de 2000 a 2024, al pasar de 144 mil 493 estudiantes … a 424 mil 878 (La Jornada, 9 de agosto), en la UNAM, del ciclo escolar 2009-2010 al 2019-2020, la cantidad de lugares disponibles tuvo un alza del 57%, pasó de 16 mil 829 a 26 mil 527. (La Jornada, 9 de agosto, basado en datos de la Unidad de Transparencia de la UNAM).
Lo dicho, con la adición de la fracción X al Artículo 3º se “legalizó” la exclusión de los aspirantes a estudiar en las instituciones públicas, lo cual borró un acuerdo histórico de la UNAM, tomado después de la huelga de nueve meses en 1999. A este acuerdo alude Hugo Aboites en su artículo en La Jornada del 15 de agosto.
En ese año las movilizaciones se hicieron contra el alza de las colegiaturas, pero “el 12 de mayo de 2000 la rectoría informó a la comunidad universitaria que el plebiscito organizado el pasado 20 de enero en el cual votaron más de 180 mil universitarios, 160 mil de ellos se manifestaron a favor de la suspensión de relaciones con el Ceneval, por cierto, la misma empresa que este año contrató la BUAP para realizar el examen de admisión.
Este acuerdo ya había sido tomado por el Consejo de la UNAM, por ser el Ceneval “una entidad externa que asumía una tarea esencial de la institución.” Imaginen ustedes si no será esencial la tarea de decidir el futuro de miles y miles de jóvenes que aspiran a estudiar en las universidades públicas, autónomas o no.
En resumidas cuentas, la UNAM rompió un acuerdo del Consejo e hizo a un lado un acuerdo histórico de la comunidad universitaria al contratar nuevamente a una empresa privada para realizar el examen de admisión. Éste resultó un fracaso, pero en lugar de reconocer estos errores y ponerles remedio, en lugar de asumir la indiscutible responsabilidad que tienen como institución frente a los aspirantes, se le hace muy fácil culpar a los “tramposos” de los estudiantes.
¿Ustedes creen que se puede culpar a alguien por querer estudiar en la mejor universidad de México? ¿O por querer estudiar la licenciatura de su elección?
El problema del acceso a la educación superior pública no se va a resolver en tanto no se tome en serio el derecho a la educación y el Estado lo garantice invirtiendo los recursos públicos que este rubro demanda.
Claro esto conllevaría una serie de reformas y de medidas encaminadas a disminuir la enorme desigualdad prevaleciente entre los aspirantes y a dar soluciones académicas al problema como la impartición de cursos propedéuticos por licenciatura.
Mientras el enfoque siga siendo el del mérito individual, en lugar de considerarlo una responsabilidad del Estado frente a un importante derecho económico, social y cultural según el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales que obliga a México desde 1981, el problema no tendrá solución.