Después del fracaso de la presidenta Claudia Sheinbaum al no lograr se aprobará su propuesta original de reforma electoral denominada Plan B, el cual se refería a la disminución de las diputaciones plurinominales, a la reducción del presupuesto a los partidos políticos, al INE, así como al hecho de que se modificara la forma en que se integran las listas de los candidatos a dichas diputaciones por los partidos políticos para obligarlos a llevar a cabo una campaña para lograr el escaño.
Finalmente se tuvo que conformar con que se aprobaran algunas de sus propuestas, como la reducción del número de regidurías en los ayuntamientos que no deben ser superior a 15 y que justificó bajo el argumento de que los recursos ahorrados serían destinados a obras públicas y servicios para la ciudadanía, lo que está por ver si efectivamente se cumple.
Más artículos del autor
Establece topes máximos y recortes al presupuesto destinado a los Congresos de los estados y a las Cámaras.
Se fijaron límites a los salarios y privilegios, prohibiendo que cualquier funcionario público gane más que el presidente de la República y eliminó además las denominadas pensiones doradas.
En cuanto a la revocación de mandato y participación, definió los lineamientos institucionales para los ejercicios de participación ciudadana como la consulta popular y la revocación de mandato.
La propuesta de reforma electoral de la Presidenta, presentada al Senado el 17 de marzo pasado no contó con el apoyo de las bancadas de los partidos aliados de Morena en ambas cámaras PT y PVEM cuyos líderes manifestaron su rechazo, en virtud de que les afectaba en cuanto a la reducción del jugoso presupuesto que anualmente reciben del INE; de que existía el riesgo de que perdieran más diputados plurinominales y senadores, reduciendo su presencia y fuerza en ambas cámaras, así como el hecho de que Morena terminara imponiendo más candidaturas con sus siglas y que a corto y mediano plazo dejarán de beneficiarse del poder y control que sobre el poder legislativo tiene el movimiento de la 4T.
A pesar del agravio que causaron a la Presidenta, PT y PVEM al no dar su voto al proyecto de reforma electoral en los términos en que se había presentado originalmente y de que se llegó a hablar de una fractura en la alianza de los tres partidos, días después los líderes de los tres partidos a nivel nacional y de las bancadas en las Cámaras de Diputados y Senadores, refrendaron públicamente su alianza para ir juntos en las elecciones de 2027 para las diputaciones federales y algunas gubernaturas, toda vez que en algunos estados como San Luis Potosí y Quintana Roo el PVEM anunció que iría sólo para buscar ambas gubernaturas.
Sin embargo, aún y cuando diversos analistas habían vaticinado que ya la Presidenta de la República ya no presentaría más propuestas en materia electoral y que lo más seguro era que las elecciones de 2027 se llevarían a cabo con las reglas actuales, hubo dos factores que a mi juicio, cambiaron la situación y obligaron a la Presidenta a presentar un nuevo proyecto de reformas electorales a inicios de este mes de mayo en que el Congreso de la Unión se encuentra en receso.
El primer factor fue la solicitud de detención de la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza Cázarez y de ocho funcionarios más de su gobierno el pasado 23 de abril, acusándolos de los delitos de asociación delictuosa para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, secuestro con resultado de muerte, asociación delictuosa para cometer secuestro con resultado de muerte, entre otros delitos que se les imputan.
El segundo factor, que se deriva del primero, es la pérdida de popularidad de la Presidenta y del movimiento de la 4T entre los ciudadanos, al negarse a detener al gobernador Rocha Moya y coacusados para su posterior extradición que será solicitada en sesenta días por las autoridades de Estados Unidos, bajo el argumento de que no existen pruebas que sustentes las acusaciones de la corte de Nueva York con lo cual el oficialismo pasó a defender ante la opinión pública y ante las autoridades de Estados Unidos a los funcionarios.
Los acusados hasta la fecha no han sido detenidos y sólo Rocha Moya fue obligado a solicitar licencia a su cargo y los otros dos acusados Enrique Díaz Vega y el general Gerardo Mérida Sánchez ya se han entregado voluntariamente al gobierno estadounidense.
La presión de la administración del presidente Donald Trump y de su secretario de Seguridad hacia la Presidenta ha venido creciendo y el costo político de su negativa a detener a los acusados, bajo el argumento de defender la soberanía del país y de que ningún gobierno extranjero debe venir a decir a los mexicanos como gobernarnos ha llevado a un punto muy complicado la relación bilateral entre México y Estados Unidos, en la víspera de la revisión del T-MEC.
Por lo anterior y ante el temor de que en las elecciones de 2027 el oficialismo pierda la mayoría en la Cámara de Diputados y algunas gubernaturas y congresos locales, se han encendido las alarmas en Palacio Nacional y por ello la urgencia de aprobar dichas reformas en ambas cámaras.
El daño a la democracia en el país es muy significativo y afectara por igual a los partidos de oposición PRI, PAN y MC así como a los partidos de la alianza PT y PVEM que pierden de vista que también pueden ser sujetos de que les sean anuladas elecciones y les arrebaten triunfos electorales por una supuesta injerencia de una organización o gobierno extranjero, y que se repita la elección y gane un candidato de Morena, con un INE a modo y con una Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sometido y a las órdenes del oficialismo.
Las dirigencias del PT y PVEM no vislumbran el hecho de que el objetivo final de Morena es convertirse en el único partido de Estado y que, con las trampas electorales y el control de las autoridades en la materia no necesitan de aliados para seguir manejando los tres poderes y seguir gobernando al menos tres sexenios más; por ello al seguir el juego al oficialismo y al aprobar sus iniciativas, lo único que están haciendo es cavar su propia tumba como entes políticos, si no, al tiempo.