Recientemente se cumplió un año de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la puesta en marcha de un nuevo sistema nacional de transparencia, lo cual ha supuesto nuevos procesos, desafíos e incertidumbres en torno al derecho a la información en nuestro país.
Recordemos que, bajo el argumento de implementar la “política de austeridad republicana” para “eliminar lujos, gastos superfluos y duplicidad de funciones”, en el sexenio anterior se propuso una Reforma Constitucional en Materia de Simplificación Orgánica, mediante la cual desaparecieron un conjunto de órganos constitucionalmente autónomos como el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), así como otros órganos reguladores y organismos descentralizados.
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Con relación al derecho de acceso a la información, el panorama que presagiábamos desde la academia y la sociedad civil sobre la complejidad institucional que se planteaba y su impacto en el ejercicio y garantía, parece concretarse. Aquí algunos puntos para un corte de caja:
Mayor burocratización: Algo que advertíamos previo a la reforma era la ampliación de las autoridades garantes de este derecho; pasamos de un modelo de 32 órganos locales y uno nacional (con competencia de segunda instancia en torno a casos locales, algo así como un VAR de la transparencia) a un andamiaje donde cada sujeto obligado tiene su propia instancia, lo cual complejiza los procesos y diversifica los criterios.
Menor participación: El desconocimiento, complejidad o desconfianza respecto a los nuevos procesos y las autoridades competentes tiene un impacto en el ejercicio de este derecho. Durante este año, han sido múltiples las consultas que me han llegado sobre cómo hacer solicitudes de información y ante quién acudir cuando sienten que la respuesta otorgada no es la correcta.
Por un lado, en lo que toca a las solicitudes de información, por ejemplo, un análisis presentado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en marzo pasado, señalaba que de 2020 a 2024, se alcanzaron más de un millón de solicitudes anualmente, mientras que en 2025 tan solo se presentaron poco menos de 800 mil.
“Si bien existen fenómenos que inciden en las peticiones de acceso a la información como el uso de instrumentos de inteligencia artificial, también es cierto que no es posible soslayar el número de solicitudes de información como un indicador relevante en el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de datos personales. Es por lo anterior que habría que ponderar si esta tendencia a la baja se sostiene o bien se modifica durante el presente ciclo”, señala el reporte.
Por otro lado, sobre los recursos de revisión, de acuerdo con información publicada por El Universal, el número de recursos de revisión, tan solo para el Poder Ejecutivo federal, pasó de poco más de 15 mil en 2024 con el INAI, a casi 6 mil en el primer año de operaciones de Transparencia para el Pueblo. En lo que respecta a otras autoridades, señala el artículo, no hay información disponible.
Mayor desconfianza: Además de las consultas sobre los procesos, otras han girado en torno a la correcta clasificación o negativa de la información por parte de los sujetos obligados o si es pertinente interponer el recurso de revisión ante las nuevas instancias. Al ser juez y parte la autoridad, radica una desconfianza con relación a los procesos, principalmente el que no se entregue la información, se clasifique indebidamente e incluso en la calidad de la misma, poniendo en duda lo que recibimos. No es menor tampoco la desconfianza a recurrir una respuesta sabiendo que es la propia autoridad quien decidirá si la modifica o no, provocando el desistir en el proceso.
De cara a lo que sigue, ¿qué toca? Por un lado, seguir entendiendo el nuevo modelo; entender de mejor manera los procesos de solicitudes y de impugnación para un mejor ejercicio del derecho a la información. Como señalamos al momento de la reforma, el retroceso de más de diez años, nos lleva a alfabetizarnos nuevamente sobre transparencia.
Por otro, continuar con la promoción del derecho de acceso. El INAI tenía establecidas diferentes acciones para socializar este derecho humano, con el nuevo modelo -y con el discurso oficial de “somos transparentes en todo”- se han perdido.
Toca a la sociedad civil y a la academia articular acciones para, en sintonía con el primer reto, promover el ejercicio de este derecho, porque bien