Hace casi 16 años Ociel Mora, articulista también de e-consulta, me invitó a escribir en la revista que dirigía entonces: Barbarie. La ciudad letrada. No reparé en el nombre, pero explicaba, sin duda, la paradoja y/o la contradicción de los asuntos públicos. Las revistas en México, sin disciplina, conducción, colaboración constante y, sobre todo, recursos financieros para sostenerla, difícilmente sobreviven. No hablo de La curul, que dirigía Jorge E. Arrazola, quien también me invitó a escribir en ella (2007-8).
Tampoco hablo de Alternativa, una revista digital que yo mismo dirigí un tiempo y que, con Carlos Sánchez (qepd), mantuvimos durante poco más de un año con edición y publicaciones semanales (inicios del 2000). Quiero referirme a Barbarie. La ciudad letrada porque ahí encontré un par de artículos que escribí en ese año (2010): “Política y partidos, ¿para qué?” (1) y “La reforma electoral en Puebla: el mayor pendiente” (2). Ambos títulos atañían a temas político-electorales, siempre vigentes y vivos.
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¿Cómo no van a estar siempre vivos los asuntos electorales si el voto libre de ciudadanos(as) da legitimidad de acceso al poder? Otra cosa es la legitimidad del ejercicio del poder. Un gobernante puede tener legitimidad de acceso al poder, pero puede perderla en el ejercicio de éste, si, por ejemplo, hace todo en contra de la sociedad a la que dice servir y de la que es mandatario. En suma, el voto ciudadano es el origen y la fuente del poder público legítimo; su ejercicio también lo legitima o no.
Ahora bien, todo el circuito del voto libre ciudadano forma el entramado complejo y delicado, precisamente para que esa libertad se concrete y se exprese en una justa y adecuada representación política de esa soberanía que tienen los y las ciudadanos(as); de ahí que sea importante que las autoridades electorales, desde el funcionario de casilla hasta el tribunal electoral de última instancia respeten y resguarden esa voluntad libre. Si es así, la democracia tiene sentido. Esto es una parte.
La otra parte de la legitimidad del poder público es la de su ejercicio. Si tal poder construye el bien común a partir de la verdad, la justicia social, la paz, la solidaridad, la subsidiariedad, en suma, a partir del Estado de derecho, entonces se legitima. Hay gobiernos legítimos de origen, pero que se deslegitiman en el ejercicio del poder por ser malos. El mal gobierno también quita legitimidad. La legitimidad de acceso y la legitimidad de ejercicio son como dos pies que permiten caminar a los gobiernos.
Vuelvo a los artículos, en especial a uno de ellos, a una cita que me da pauta para señalar lo que pretendo. Se trata de una cita de J. A. Marina:
“Cuando comprendemos su ubicuidad el poder se convierte en una clave para entender la experiencia humana. Los astrónomos dicen que el universo cambia si en vez de observarlo mediante el espectro de la luz visible lo hacemos mediante rayos gamma. Cuando se utiliza la luz, el mundo de las constelaciones, los soles y las estrellas es apacible, muestra ‘la armonía de las esferas’, pero si se utilizan los rayos gamma el universo se convierte en un violento campo de energías encontradas. No hay cuerpos celestes, sino una colosal pirotecnia.” (3).
Solemos mirar los asuntos públicos con la primera óptica, bajo el espectro de la luz visible, pero a veces es necesario ponerse los lentes de los rayos gamma, y mirar esa pirotecnia, ¿cómo? De manera compleja. Por ejemplo, no quedarse con la legitimidad del acceso a los poderes públicos (la vía democrática), sino mirar más allá: a la legitimidad que da el ejercicio del poder, las políticas públicas, su planeación, su implementación, ejecución y evaluación. Sin esto no hay legitimidad de ejercicio.
Si la imagen es adecuada, se trata de mirar los asuntos públicos más allá de lo que ofrecen a simple vista: las palabras, los gestos, las acciones, las circunstancias en que los actores políticos y sociales interactúan. Así podremos ver, como en las constelaciones, su tamaño, su consistencia, su órbita, su relación con los demás y la constelación de la que forman parte. Se trata de comprender esos asuntos y de cómo la sociedad civil forma parte o no de ese sistema, de esa estructura dinámica, colosal.
Así comprenderíamos por qué, por ejemplo, en medio del maremágnum de la tensión entre los gobiernos de Estados Unidos y México, a causa del problema con los cárteles de las drogas, la presidenta envía su propuesta de reforma electoral, para muchos ya difunta. ¿Qué sentido tiene una iniciativa que desune a los propios aliados del oficialismo? ¿Un factor de distracción, como suelen hacerlo algunos gobiernos? Si está destinada al fracaso, ¿cuál y para quién es el mensaje?
Es verdad que el poder hay que mirarlo con ojos de racionalidad, de ahí la necesidad de legitimación. Además, se requiere una racionalidad que esté atenta a la verdad y no que le dé la espalda; a partir de ahí es visible el bien común, la justicia, la solidaridad, el Estado de derecho. Pero también es verdad que el poder implica, muchas veces, como lo estamos viendo en estos días, una despiadada lucha por su adquisición, posesión e incremento. En esto, la razón parece ir perdiendo cancha, por desgracia.
Lo que surge a partir de esta derrota de la razón, o de su erosión acentuada, es la banalidad y el capricho. Lo vemos a nivel global con decisiones que parecen más arrebatos pasionales que búsquedas conjuntas de solución de problemas; lo constatamos a nivel nacional, con decisiones que parecen irracionales por la sombra que las cubre y la opacidad con que se expresan. Y a nivel aldeano no se diga: el capricho del Cablebús, su opacidad, no muestra sino puros y meros intereses de poder, disfrazados de la hojarasca discursiva del “pueblo”.
Referencias
1. Fidencio Aguilar, “Política y partidos, ¿para qué?”, Barbarie. La ciudad letrada, n. 1, abril 2010, pp. 6-8.
2. Fidencio Aguilar, “La reforma electoral en Puebla: el mayor pendiente”, Barbarie. La ciudad letrada, n. 2, junio 2010, pp. 14-15.
3. José Antonio Marina (2010), La pasión del poder: Teoría y práctica de la dominación, Anagrama, México, p. 10.