Desde la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, Perú vive una de las crisis políticas más prolongadas de su historia republicana. El entonces presidente, tras intentar disolver el Congreso, fue removido por “incapacidad moral permanente”, arrestado y condenado a más de once años de prisión por rebelión.
Su sucesora, Dina Boluarte, asumió en medio de protestas masivas que dejaron decenas de muertos. Acusada de corrupción, Boluarte fue destituida por el Congreso en octubre de 2025. Le siguió José Jerí, presidente del Legislativo, quien duró apenas cuatro meses hasta ser censurado el 17 de febrero de 2026 por presunto tráfico de influencias.
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Dos días después, el 19 de febrero, el Congreso designó como nuevo jefe de Estado y presidente del Parlamento a José María Balcázar, abogado izquierdista de 83 años militante de Perú Libre, el mismo partido de Castillo. Balcázar se convirtió así en el octavo mandatario en una década.
Sin embargo, su investidura llegó acompañada de una sombra judicial inmediata. Balcázar enfrentará juicio oral el 16 de junio por apropiación ilícita de fondos. La Fiscalía lo acusa de haber desviado a sus cuentas personales pagos de colegiados. El Colegio de Abogados de Lambayeque lo expulsó y rechazó públicamente su candidatura.
El panorama de Balcázar es breve: solo cinco meses hasta el 28 de julio de 2026, cuando asuma el ganador de las elecciones generales cuya primera vuelta se celebrará en abril.
Se pueden vislumbrar algunos escenarios políticos en Perú: Balcázar asiste al juicio, logra una sentencia favorable o suspendida y prioriza la convocatoria electoral limpia. Forma un gabinete de unidad con fuerzas de centro y derecha para aprobar reformas mínimas y evitar nuevas vacancias. La gobernabilidad se sostendría.
Si el presidente es declarado reo contumaz por no comparecer el 16 de junio, se emitiría orden de captura. El riesgo de ingobernabilidad sería máximo.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que “no tiene razón de ser” la detención de Castillo y ha expresado su deseo de que el nuevo mandatario peruano conceda el indulto o salvoconducto. Las relaciones diplomáticas, rotas en noviembre de 2025 tras el asilo mexicano a la ex primera ministra Betssy Chávez, podrían restablecerse inmediatamente.
Un Perú que libere a Castillo enviaría una señal de distensión democrática que México, por afinidad ideológica y principios de no intervención, recibiría con agrado. Se reabrirían embajadas, se reactivaría el comercio bilateral y se fortalecería la coordinación en foros como la CELAC y la Alianza del Pacífico.