En 2026, los partidos políticos nacionales deberán destinar, como mínimo, 221 millones 44 mil 549 pesos para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Así lo aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE), en cumplimiento de la Ley General de Partidos Políticos, que obliga a destinar el tres por ciento del financiamiento público ordinario a este fin.
La cifra en el papel parece un avance, pero en la realidad, es una deuda histórica que sigue sin saldarse.
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Si es que el problema nunca ha sido la falta de recursos, el problema -aunque nos hagamos de la vista gorda- es la simulación sistemática y permitida principalmente -lamento decirlo- por nosotras las mujeres.
Y es que ese dinero existe, está etiquetado, tiene reglas claras; incluso tiene tres rutas perfectamente definidas: capacitación y formación política para las mujeres, investigación, análisis y diagnósticos, así como, divulgación y difusión.
Pero lo que ocurre año con año es una historia conocida por quienes caminamos la política desde dentro, nosotras las que tenemos como causa a otras mujeres políticas y nos comprometimos a ser consultoras políticas con perspectiva de género, también aquellas que aspiran a un cargo público, o bien, las que son militantes de un partido; y es que la historia siempre es la misma: los recursos no bajan, se subejercen, se fragmentan, se justifican en informes, pero no llegan a las mujeres que levantan la mano para participar.
Las dirigencias nacionales cumplen con la norma; las estatales, muchas veces no, y en ese eslabón se rompe todo, porque a nivel local el acceso de las mujeres al poder está absolutamente desequilibrado.
Porque cuando una mujer accede a una candidatura sin formación política real, sin herramientas, sin acompañamiento, sin redes, el mensaje es claro: cumplimos la cuota, pero no creemos en su liderazgo. Se le lanza al ruedo, se le exige ganar, se le responsabiliza del fracaso, pero nunca se le dieron las condiciones para competir en igualdad.
Y que quede bien claro eso no es paridad. Eso es simulación.
Los partidos presumen cifras, talleres aislados, eventos simbólicos, pero evitan lo esencial: invertir de verdad en el desarrollo político de las mujeres, no como relleno administrativo, sino como una apuesta estratégica por la democracia.
Y el reto más grande sigue siendo el mismo: los gobiernos locales, los cargos municipales.
Es en las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías donde más se complica cumplir con la paridad. Ahí es donde se cierran filas, donde se “negocia”, donde se relega a las mujeres a suplencias o a municipios “no competitivos”. Ahí es donde el discurso de igualdad se cae frente al ejercicio real del poder.
Hoy, todas las fuerzas políticas tienen un desafío impostergable:
garantizar que las mujeres que decidan ejercer sus derechos políticos tengan la certeza de que sí hay una candidatura para ellas, y no solo en el papel, sino con recursos, formación, respaldo y posibilidad real de ganar.
El financiamiento aprobado para 2026 no puede seguir siendo un número que se presume en informes. Debe convertirse en mujeres capacitadas, liderazgos sólidos, campañas competitivas y gobiernos locales encabezados por mujeres con preparación y autonomía.
La democracia no se fortalece simulando, se fortalece redistribuyendo el poder. Y mientras esos recursos no lleguen a quienes debe llegar, mientras la capacitación siga siendo un trámite y no una herramienta de emancipación política, la paridad seguirá siendo una promesa incompleta.
El presupuesto está. La pregunta es: ¿el sistema de partidos finalmente estará dispuesto a soltar el poder?