Si queremos seguir viviendo en democracia, una de las principales exigencias de la propia democracia, es que los partidos políticos de oposición se deben fortalecer para enfrentar el proceso electoral del 2027 para renovar ambas cámaras en el Congreso de la Unión, 17 gubernaturas y varios congresos estatales y presidencias municipales en el país.
Desafortunadamente, el grave problema para que eso suceda es que, en febrero, la Presidente enviará al Congreso de la Unión su iniciativa de reforma constitucional y a las leyes secundarias en materia electoral.
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De seguir el camino que se ha anunciado sobre el tema, los partidos políticos de oposición van a tener mucho más complicada su tarea de conseguir buenos candidatos y hacer una campaña cuyo mensaje sea aceptado por el electorado.
Los tres ejes que desde el principio se han manejado, afectan a las instituciones electorales, nacional y estatales, así como a los partidos políticos como entidades de interés público.
Primero: Un recorte presupuestal al INE y la desaparición de los organismos estatales, con lo que cambiaría de nueva cuenta la manera en que se organizan las elecciones.
Segundo: Una disminución al financiamiento de los partidos políticos dificultando así su posibilidad de organización y fortalecimiento.
Tercero: La desaparición de la figura de los diputados plurinominales y la baja en el número de diputados y senadores, con lo que se daría un duro golpe al derecho a la representación que deben tener las minorías.
La excusa principal, que no la motivación real, es que con estas propuestas se reduce significativamente el costo de nuestra democracia al creer que el INE puede funcionar con menos presupuesto, que los partidos políticos pueden realizar sus tareas con menos recursos para ser competitivos y que el costo del Poder Legislativo, siendo menor, demostrará que puede haber mejores resultados en la actividad legislativa y la productividad de los legisladores.
Hay que decirlo con todas sus letras.
Uno: La reforma electoral está siendo diseñada desde el poder por una persona que desprecia la democracia y que después de haberse beneficiado en varias ocasiones de la figura plurinominal, ahora la quiere desaparecer.
Dos: La reforma electoral no es un asunto presupuestal, es un tema de la visión y control que tienen los que gobiernan y uno de ellos es conducir las elecciones.
Tres: Los foros ciudadanos que se realizaron durante varias semanas, en donde se presentaron diversas propuestas, al parecer no serán tomadas en cuenta por la comisión encargada.
Y me atrevo a hacer esta afirmación debido al antecedente de hace unos días. Un grupo de ciudadanos que están en el esfuerzo de formar un nuevo partido político (Somos México) y los integrantes del Consejo General del INE, presentaron una propuesta de reforma electoral y ambas fueron rechazadas a priori, tanto por el presidente de la Comisión como por legisladores de Morena.
Habrá que esperar unos días para que la propuesta del gobierno sea presentada formalmente, pero la experiencia desde el 2018 nos confirma que los que gobiernan tienen la convicción de que ellos y solo ellos, tienen la razón.
Así no se puede pensar en una reforma electoral de inclusión y de consenso que venga a resolver lo que todavía afecta a nuestro sistema electoral, más bien se perfila como una amenaza a la democracia a través de su reforma electoral.