Cerrar un año no implica únicamente hacer un balance administrativo, económico o político.
Es, sobre todo, hacer memoria. Memoria de lo que dolió, de lo que se resistió y de lo que, a fuerza de lucha colectiva, comenzó a transformarse.
Para las mujeres, el cierre de este año en Puebla no puede leerse sin perspectiva de género. Porque la realidad no es neutra. Porque la violencia no se distribuye de manera equitativa. Y porque los avances, cuando llegan, casi siempre lo hacen después de una larga exigencia social.
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Este año fue testigo de un movimiento feminista siguió ocupando las calles, los tribunales, los espacios institucionales y el debate público. Que incomodó como debe hacerlo toda lucha justa, y que logró avances que hace apenas unos años parecían imposibles.
Uno de los hechos más significativos fue que finalmente fueron declarados culpables quienes perpetraron el feminicidio de Cecilia Monzón. No fue rápido. No fue sencillo. No fue automático. Fue el resultado de la presión social, de la perseverancia jurídica y de un movimiento que se negó a normalizar la impunidad.
La sentencia no devuelve una vida. No repara el vacío. Pero sí envía un mensaje político poderoso: en Puebla, la violencia feminicida no puede seguir siendo un expediente archivado ni una estadística más. Nombrar a los culpables, juzgarlos y sentenciarlos es una forma de decir que las mujeres no mienten, que la justicia tarda, pero puede llegar, y que el Estado tiene una deuda histórica.
Este año también vimos avances en la conversación pública: mayor reconocimiento de la violencia estructural, más mujeres organizadas en lo comunitario, más redes de apoyo, más exigencia hacia las instituciones. Falta mucho, sí, pero negar lo avanzado sería injusto con quienes han puesto el cuerpo, la voz y el tiempo en esta lucha. Cerrar el año hablando con perspectiva de género implica reconocer que cada logro feminista es un logro democrático.
Que cuando una mujer accede a la justicia, la sociedad entera se fortalece. Y que gobernar con enfoque de derechos no es una concesión: es una obligación. Mirar hacia el siguiente año exige algo más que buenos deseos. Exige compromiso político. Exige que la justicia no sea excepcional, que la prevención sea prioridad, que la seguridad se piense desde la vida cotidiana de las mujeres y que la igualdad deje de ser discurso para convertirse en política pública.
Que el próximo año nos encuentre con más sentencias, sí, pero también con menos violencias. Con instituciones más responsables. Con ciudadanía más implicada. Y con un movimiento feminista que siga recordándonos —con firmeza y esperanza— que el futuro solo puede construirse si es con nosotras y sin miedo.
Porque cerrar el año no es cerrar la lucha. Es abrir, con memoria y esperanza, el camino que sigue.