Hay decisiones judiciales que no solo indignan: nos lastiman como sociedad, terminan con la confianza en las instituciones y reafirman la idea de que en este país la justicia opera con dos varas, dos ritmos y dos rostros.
La reciente revocación de la sentencia por violencia familiar en contra de Javier López Zavala es una de ellas. Un golpe que trasciende lo jurídico, que reabre heridas y que vuelve a colocar sobre la mesa la pregunta incómoda que muchas evitaban formular: ¿De qué sirve denunciar si el Estado protege a los violentadores?
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Cecilia Monzón denunció en vida la violencia que padecía. Lo hizo con valentía, con las herramientas del derecho, con la voz y el temple de quien sabe que el silencio también mata. Denunció lo que millones de mujeres viven en este país: agresiones, amenazas, intimidación, uso del poder para controlar, manipular o castigar.
Y lo más doloroso es que el Estado sabía. No fue falta de pruebas. No fue duda razonable. No fue vacío legal. Fue desinterés institucional, fue falta de perspectiva de género, fue la vieja maquinaria judicial acomodando sus engranes para favorecer al poderoso de siempre.
Cecilia Monzón no solo murió asesinada: fue revictimizada por un sistema que la escuchó, pero no la protegió.
Hoy, la revocación de la sentencia por violencia familiar en contra de Zavala no es solo una ofensa: es un mensaje brutal para todas las mujeres. Un recordatorio de que la justicia en México sigue siendo un privilegio de los poderosos y de aquellos que tienen conexiones.
Mientras tanto, el feminicidio de Cecilia —planeado, ejecutado y financiado según las investigaciones— sigue sin sentencia. Mientras tanto, la familia continúa enfrentando un proceso tortuoso, burocrático y desgastante. Mientras tanto, la justicia camina con pasos más lentos que la violencia que nos arrasa.
La dilación en el juicio por feminicidio de Cecilia no es casualidad: es una expresión más de complicidad estructural. De un Poder Judicial que con frecuencia trata con más delicadeza a los agresores que a las víctimas. De un país donde un hombre señalado por abuso de poder y violencia tiene más garantías que una mujer asesinada.
¿Cómo puede hablarse de Estado de derecho cuando la impunidad es la norma y no la excepción? ¿Cómo puede sostenerse que hay justicia cuando un agresor acusado de feminicidio recibe más protección procesal que una mujer que ya no puede defenderse? ¿Cómo puede pedirse confianza en un sistema diseñado para postergar, minimizar o revocar sentencias que deberían ser ejemplares?
La violencia familiar que Cecilia denunció no fue atendida.
La violencia feminicida que terminó con su vida no ha sido sancionada.
La justicia que su familia merece no llega.
Y la impunidad ahí sigue: sólida, intacta, arrogante.
Hoy más que nunca es necesario decirlo con todas sus letras: esto no es una falla del sistema; es el sistema patriarcal que así fue diseñado.
Pero también es cierto que las familias no se rinden, las mujeres no retrocedemos y la memoria de Cecilia no será borrada por ningún tribunal complaciente. Su caso sigue de pie porque la indignación se volvió organización, porque su nombre se convirtió en símbolo, porque su voz —la que intentaron callar— vive en la exigencia colectiva.
Por eso, desde aquí, desde esta trinchera de palabra y dignidad:
Nos sumamos a las exigencias de la familia de Cecilia Monzón Pérez para que, dentro de los 23 días hábiles que quedan en el calendario del Poder Judicial 2025, se realicen los juicios por feminicidio y violencia familiar con las máximas condenas.
No pedimos favores.
Pedimos justicia.
La justicia que Cecilia debió recibir en vida y que hoy el Estado está obligado a cumplir.