En un audaz giro de la política económica, digno de los manuales de historia que advierten sobre lo que no se debe hacer, la Secretaría de Hacienda ha presentado su obra maestra para 2026.
El Paquete Económico, lejos de ser un plan para el futuro, es una nostálgica regresión al pasado, una máquina del tiempo fiscal que nos transporta a una era de mercantilismo y centralismo. El documento consagra dos "innovaciones" que definen el rumbo del país: la decisión de financiar el gasto del siglo XXI con las murallas arancelarias del siglo XIX y, en un hito de perversidad fiscal, la redefinición del pacto federal donde los acreedores de la deuda ahora pesan más que los ciudadanos de los estados.
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La "innovación" de los ingresos: Financiando el nearshoring con proteccionismo
Analicemos la pieza central de esta ficción financiera. El documento de Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2026 proyecta un crecimiento de los ingresos tributarios del 5.7 % real, una cifra que a primera vista parece robusta (SHCP, 2025, p. 38). Sin embargo, la fuente de este milagro no es la pujanza de la economía formal, pues la recaudación de ISR e IVA apenas crecerá un modesto 2.5% y 3.6% real, respectivamente (SHCP, 2025, p. 39). La genialidad, el truco maestro, es un aumento del 40.7% real en la recaudación de impuestos a las importaciones.
Esta cifra no es un error tipográfico; es una declaración de principios. En el preciso momento en que México debería estar eliminando cualquier fricción para consolidarse como la plataforma de exportación de Norteamérica, la estrategia es encarecer masivamente los insumos, la maquinaria y la tecnología que nuestras empresas necesitan para competir.
Esta política de proteccionismo efectivo no solo es una amenaza inflacionaria directa, sino que crea un riesgo latente de disputas comerciales bajo el T-MEC, cuyo Capítulo 2 sobre Trato Nacional prohíbe explícitamente la discriminación entre bienes nacionales e importados. Se pretende atraer la inversión del nearshoring mientras se dinamita el puente logístico que lo hace posible. Es una contradicción tan flagrante que raya en el sabotaje económico.
El punto de inflexión: Cuando los acreedores pesan más que los estados
Si el capítulo de Ingresos es un retorno al pasado, el de Egresos es una distopía fiscal que redefine las prioridades nacionales. El presupuesto revela, con una frialdad matemática, un punto de inflexión histórico. Por primera vez desde que se tiene registro en la era moderna, el monto proyectado para el "costo financiero de la deuda" es superior al monto total de las "participaciones" que el gobierno federal transfiere a las 32 entidades federativas (SHCP, 2025, p. 45).
Este dato es mucho más que una cifra contable; es el acta de defunción de un federalismo fiscal equilibrado. Significa, en términos llanos, que el primer y más importante compromiso del presupuesto federal ya no es con sus estados y municipios, sino con sus acreedores. Antes de enviar los recursos para la seguridad en Puebla, la salud en Chiapas o la infraestructura en Jalisco, el gobierno pagará los intereses de su deuda a los grandes fondos de inversión en Nueva York, Londres y a la banca nacional además de los diversos acreedores de la nación.
Las consecuencias de esta centralización fiscal silenciosa son devastadoras para las entidades federativas. Con transferencias federales estancadas o decrecientes en términos reales, un gobernador se enfrenta a una elección imposible: o recorta drásticamente el gasto en servicios públicos esenciales para su población, o intenta aumentar los impuestos locales, una medida políticamente tóxica.
En la práctica, los estados se vuelven más débiles, más dependientes de las transferencias discrecionales de la Federación y con menor capacidad para atender las necesidades de sus ciudadanos. Se ha formalizado un sistema donde los intereses de los tenedores de bonos tienen una mayor prioridad presupuestaria que las necesidades de los gobiernos locales.
La anatomía de la deuda: La hipoteca que devora el federalismo
Este exorbitante costo financiero es el síntoma de dos condiciones preexistentes. Primero, una deuda pública que, tras estabilizarse en una meseta post pandemia en torno al 49 % del PIB (SHCP, 2025, p. 51), sigue siendo masiva en términos absolutos. Segundo, una política monetaria restrictiva del Banco de México que, si bien es necesaria para controlar la inflación, mantiene un altísimo servicio de deuda.
La mayor parte de la deuda interna de México está contratada a tasa variable o a corto plazo, lo que significa que cada aumento en la tasa de referencia de Banxico se transmite casi instantáneamente a las arcas públicas.
La crónica de una colisión anunciada
El Paquete Económico 2026, por tanto, no es un plan, es una confesión. Confiesa que, ante la negativa a implementar una reforma fiscal progresiva, la única vía para financiar un gasto social creciente es a través de medidas económicamente regresivas como los aranceles. Confiesa que la carga de la deuda ha crecido a tal punto que el pacto federal se ha roto, priorizando a los acreedores sobre los estados.
Se pretende financiar el presente hipotecando el futuro comercial del país y despojando a las regiones de sus recursos. Es una estrategia que no solo es insostenible en el tiempo, sino que activamente siembra las semillas de la próxima crisis fiscal y de un profundo conflicto político entre el centro y la periferia.
Referencias
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Producto Interno Bruto, Cifras Oportunas (Segundo Trimestre 2025). INEGI. [Consultado para el contexto general de crecimiento]. https://www.inegi.org.mx/temas/pib/
Secretaría de Economía. (2020). Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Texto Íntegro. Gobierno de México. [Consultado para el contexto de obligaciones comerciales]. https://www.gob.mx/t-mec
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2025). Criterios Generales de Política Económica 2026. SHCP. https://www.finanzaspublicas.hacernda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto