Habíamos conocido los escándalos de corrupción en la Alcaldía Benito Juárez, tras la construcción de megaproyectos de vivienda sin regulación, de mala calidad, pero con altas ganancias para los accionistas. Se trata de una red de corrupción integrada por constructores, servidores públicos y políticos del Partido Acción Nacional (PAN). Sin embargo, existe otra modalidad igual de perversa: el despojo patrimonial.
Esta práctica involucra a abogados, notarios y servidores públicos del Registro Público de la Propiedad. El gobernador Alejandro Armenta incluso alertó que esta red se expande a dependencias de la Secretaría de Medio Ambiente y del CAPCEE, por lo que invitó a la ciudadanía a denunciar casos de extorsión.
Más artículos del autor
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Alejandro Espidio Reyes, reportó este verano 471 expedientes abiertos por presuntos actos de corrupción, con 49 exservidores sancionados; entre las dependencias bajo investigación se encuentran el Instituto Registral y Catastral, así como Registros Civiles municipales. En paralelo, la propia administración informó la aprehensión de un registrador público sorprendido intentando sobornar en oficinas del Instituto Registral y Catastral.
Este cártel inmobiliario o “del despojo” se ha infiltrado en diferentes dependencias, generando en el primer semestre más de 700 casos, prácticamente uno cada seis horas, según información de Eloy Linares en el diario MTP Noticias. Entre enero y junio de 2025, las denuncias por despojo aumentaron 27% en Puebla, cifras que nos obligan a dimensionar esta adversidad como un reto real que enfrentan familias que ven vulnerada su seguridad patrimonial.
El esquema operativo es claro: con actas apócrifas o actas de defunción manipuladas se simulan poderes o sucesiones. El Registro Civil, hoy por hoy, no cruza de forma automática y en tiempo real sus bases con las notarías. Se presentan copias “certificadas” que nadie contrasta con el asiento digital original, aprovechando el llamado “incentivo procesal” y la complicidad de algunas notarías que dan fe de los actos sin investigar a fondo su origen. Este entramado subsiste gracias a sanciones laxas y poco disuasivas.
Por ello, es de celebrarse que el gobernador Alejandro Armenta haya anunciado una iniciativa de ley para reforzar los mecanismos de control, establecer la interoperabilidad en tiempo real entre el Registro Civil, las notarías y el Registro Público, así como endurecer las sanciones contra fedatarios y funcionarios coludidos en despojos. Esta propuesta, que será presentada en el siguiente periodo ordinario de sesiones, puede marcar un antes y un después en la protección del patrimonio familiar, cerrando las rendijas legales y administrativas por las que hoy se cuela la corrupción.