A la familia Arrubarrena García,
por el deceso del maestro José Antonio Arrubarrena.
Descanse en paz.
El próximo domingo habrá una elección atípica. Por primera vez en la historia reciente serán electos, de entre 3 mil 433 candidatos, 881 juzgadores del Poder Judicial en México. Es parte de la materialización de la reforma a dicho poder incluida en el Plan C de López Obrador. En dicho plan, el oficialismo buscó lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. No lo logró en las urnas, aunque volcó al aparato estatal para que así fuera. En la Cámara Baja alcanzó 32 millones 316 mil 689 votos (54.72%); en la Alta, 32 millones 772 mil 88 (55.17). Sheinbaum obtuvo 35 millones 924 mil 519 (59.75%) (1).
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Como se observa, poco más del 40% de los votantes no lo hizo por el oficialismo. Además, el 39% de inscritos en la Lista Nominal (38 millones 353 mil 810 mexicanas y mexicanos) decidió no ir siquiera a votar. Es equívoco e inexacto, como lo corea el oficialismo, que el “pueblo” haya decidido una reforma que, en los hechos, anula la independencia judicial. La mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores la obtuvo el oficialismo por la vía del INE y del Tribunal Electoral federal. Los consejeros y magistrados interpretaron equívocamente las fracciones del artículo 54 constitucional, que establece que ninguna fuerza política pueda obtener más de 300 diputados ni rebasar una sobrerrepresentación (o subrepresentación) en 8%.
Los órganos electorales terminaron avalando la sobrerrepresentación del oficialismo en ambas cámaras. Aun así, en el Senado, el oficialismo no lograba la mayoría calificada necesaria para hacer cambios constitucionales. Lo hizo convenciendo (no se sabe por qué vías) a Miguel Ángel Yunes Márquez de la fracción panista. Con el voto de este político, la reforma del Poder Judicial en México se volvió mandato constitucional. Dicha reforma fue controvertida ante la Suprema Corte, buscando que fuera declarada inconstitucional. El ministro Pérez Dayán con su voto evitó tal efecto.
Comoquiera que sea, la reforma del Poder Judicial es un hecho y se ha venido materializando. El próximo 1 de junio será la elección de la mitad de los juzgadores del Poder Judicial. El argumento tanto de López Obrador en su momento como de la actual presidenta es que ese poder público está bastante podrido, lleno de corrupción y ha sido, sobre todo, instrumento de los poderosos, las élites, los dueños del dinero y demás para mantenerse en la impunidad. Lo peor: todo ello contra el pueblo.
Con la elección de los jueces, magistrados y ministros —y de poderes judiciales locales en 19 estados— se acabará la corrupción y la impunidad, es el coro del oficialismo y de sus medios replicadores. Además, con tal ejercicio popular (los términos cívico y ciudadano están en desuso en la retórica gubernamental), la democracia se instaurará realmente, se fortalecerá y se expandirá. Dejará de estar en manos de pandillas del INE y pasará directamente a manos del pueblo. Todo esto dicho ad nauseam, desde la presidenta hasta el más humilde simpatizante del morenismo.
Se ha montado toda una estrategia de publicidad para que la elección de juzgadores sea una fiesta democrática. ¡Ah!, pero también se ha advertido la presencia de la nociva, tóxica y venenosa derecha que pulula por doquier desalentando la convocatoria a las urnas. Incluso la presidenta denunció en una de sus mañaneras que la CNTE (los aliados eternos de su mentor) estaba siendo contagiada del “discurso de la derecha”. Seguramente tan peligrosa retórica derechista es una real amenaza a un día de fiesta democrática, como lo será la jornada electoral judicial del domingo.
Pensándolo bien, tiene razón la presidenta. Si más del 80% de mexicanas y mexicanos la apoya y le manifiesta su respaldo —y están contentos con el “segundo piso” de la 4T—, sería un despropósito que sólo acuda a las urnas un 20 o 25% de los electores. Sí, tiene razón en denunciar a virus tan peligroso, transitado de la derecha a la CNTE que, por costumbre y ganas de moler al prójimo, amenaza con boicotear la gran elección de la transformación del Poder Judicial: de podrido y corrupto a prístino e impoluto.
Si nos vamos a la valoración de los discursos y las retóricas, el oficialismo tiene añeja práctica (de cuando era parte de la oposición) en la denuncia, el señalamiento de los enemigos visibles e invisibles, abiertos y sutiles, explícitos y enmascarados y, sobre todo, de las mafias de toda índole y diversidad. Tiene razón en la detección de la cultura clientelar, de las prácticas mapachiles, de la resurrección de los muertos para acudir a votar, del ocultamiento del escrutinio y cómputo delante de todos para maniobrar con otros datos; sabe, en resumidas cuentas, cuándo hay una elección de Estado.
Pero si nos vamos a los hechos la cosa se complica. En sí, la elección del domingo ya está más que complicada. Para comenzar porque por mucho estudio que tengan los ciudadanos y por cuidadoso seguimiento de las campañas de los candidatos a juzgadores, el universo es tan amplio que con solo una miradita no basta para conocer a una persona, su trayectoria y capacidades. Amable lector, lectora, el periodo de campaña electoral fue, hasta el día de ayer (que concluyó) de sesenta días. De ese tiempo descuente las ocho horas para dormir y las de trabajo. Le quedarán ocho horas por esos días.
Si le suma en horas, durante la campaña usted debió haber invertido 480 horas (sin tomar en cuenta alimentación, tiempo con la familia y diversión) para analizar los perfiles de los 3 mil 433 candidatos a juzgadores. Debió haber revisado poco más de siete perfiles de dichos candidatos por hora. Digo, para tener un conocimiento más o menos informado de por quién votar el próximo domingo, y la convicción de que elegirá a la persona idónea para garantizar una impartición y administración de justicia imparcial, objetiva, verídica, justa, igual para todos, no corrupta ni vinculada a intereses que no sean la justicia y el derecho.
También hay, para evitar tan ingente tarea, unos “acordeones” que por ahí andan circulando. No se sabe bien a bien quién los hizo ni por qué marcó a puros personajes vinculados o cercanos al oficialismo. Son simulacros y vienen ya identificados los números con los que invitan a usted a marcar el número de los elegidos en cada boleta electoral. Como en la escuela, si la tarea se complica, siempre hay abusados que implementan esos instrumentos de “ayuda”. Total, lo importante es pasar la prueba.
Bueno, así piensan esos “promotores”. Pero todos sabemos que los “acordeones” nunca sustituyen el auténtico conocimiento ni la responsabilidad. La otra opción es acudir a las urnas y, si no hizo la tarea, votar al azar, en una de esas aparece el tino y se da en el blanco. La cosa se complica porque, incluso con el voto bien pensado, razonado e informado, los funcionarios de casilla sólo recibirán los votos, pero los resultados no se cantarán en la casilla. El INE los dará a partir del día siguiente y tendrá un plazo de dos semanas para darlos a conocer totalmente. Bartlett era más rápido.
Usted puede creer que esta complejidad, esta falta de transparencia (no habrá programa de resultados electorales preliminares) y por tanto ausencia de certeza y objetividad, son parte de la “primera vez”, son cosas imprevistas de la dinámica de la misma reforma del Poder Judicial. Se puede ser ingenuo, pero en los asuntos públicos no es sano hacerlo. La otra opción es pensar que todo esto fue deliberado: hacerlo complejo para que, acudan o no acudan a votar, el resultado sea el mismo: los elegidos son los elegidos (por el oficialismo). Se trata de domesticar al Poder Judicial.
Notas:
1 Instituto Nacional Electoral, Cómputos distritales 2024, Elecciones federales, https://goo.su/zSH1Zr.