Cartas a Gracia
Tal parecería que la jornada nacional de lucha iniciada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el pasado 15 de mayo, se habría radicalizado de acuerdo al plan de acción de la CNTE; decisión de la que -aparentemente- culparían a la titular del Ejecutivo Federal, quien habría cancelado la cita a una reunión que sostendrían el viernes 23 -pactada previamente- por las acciones en las que incurriría la organización a pesar de estar acordado el encuentro bilateral.
No obstante y según trascendiera, la decisión de la titular estaría precedido por el anuncio de la prosecución del plan de acción dado a conocer por secretarios generales de algunas secciones de la organización en medios de comunicación; el bloqueo del acceso a la mañanera del miércoles 21 de este mes, lo mismo que la agresión a periodistas ocurrida ese día y la interrupción de tránsito vehicular, incluido el Metrobus, en quince puntos de vialidades estratégicas para la Ciudad de México.
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Si bien Gracia, mientras que la organización proseguiría con estrategia, la Presidenta derivaría las negociaciones hacia sus jefes de oficina (Gobernación y Educación) quienes serían ninguneados por la Asamblea General de maestras y maestros.
Por otra parte, el paro nacional indefinido iniciado el 15 de mayo cumpliría once días naturales y siete días hábiles este lunes 26, día en el que te remito esta carta semanal, Gracia. Hasta ahora ha logrado permear con movilizaciones o suspensiones de clases en diez entidades, entre las que se encontraría la Ciudad de México; lugar en la que han bloqueado el acceso al Palacio Nacional lo mismo que a calles, avenidas importantes y al aeropuerto nacional y en el que se han ganado el repudio ciudadano del 80 por ciento de la población, según expondrían varios medios de comunicación.
El paro parcial afectaría, además de la entidad ya mencionada, a nueve estados más, entre los que se encontrarían Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Veracruz, Sonora, Yucatán y Zacatecas; lugares en los que habrían parado más de 23 000 escuelas. De este número, 11 mil escuelas suspenderían actividades en Oaxaca, tan solo el 6.50% del total de escuelas (71 754) de educación obligatoria; 6 000 en Michoacán, de un total de 81 620 (7.35%) escuelas de educación obligatoria, incluida inicial y escuelas particulares; 5 000 en Zacatecas, el 24.93% del total de escuelas (28 053) de educación obligatoria incluida inicial y escuelas particulares de la entidad; y 300 en Guerrero según notas de Animal Político, Diario Basta y el Sur Acapulco y del cuadro Maestros y escuelas por entidad federativa según nivel educativo, ciclos escolares seleccionados de 2000/2001 a 2023/2024 del INEGI, cuestión que permitiría entrever que el daño afectaría a más de 2 500 000 alumnas y alumnos y no a los 1 300 000 reportados en medios. El Sur de Acapulco mencionaría que en Oaxaca 16 000 docentes participarían en marchas y que en Guerrero pararía el 80% de las escuelas de nivel básico en la entidad (43 422).
Sin embargo Gracia, habría terceros perjudicados, ocasionados “por la defensa de nuestros derechos laborales” como mencionaría en entrevista de radio la secretaria General de la Sección 18 de la CNTE-SNTE (Michoacán); aunque a la hora de evaluar, valdría la pena analizar y si los derechos de los docentes, contraviniendo el principio del interés superior de la niñez, se podrían anteponer a los de terceros, como los ya mencionados, amparándose en un supuesto pacto, señalado por la misma maestra, que les garantizaría la “no represión” a su movimiento; acto que ellos ejercen en contra de cientos de miles de ciudadanos que ni la deben ni la temen.
Lo mismo que la niñez, otros terceros perjudicados serían madres, padres de familia y tutores que ante la falta de escuelas, deben ingeniárselas para garantizar que sus menores sean “atendidos” porque, en caso de no hacerlo, ellas y ellos quedarían expuestos y a merced de la delincuencia que los acosa incluso por medios digitales.
Otras y otros de los expuestos a la inseguridad provocada por “el movimiento”, serían los cientos de usuarios de transporte, servicios públicos incluidas vialidades, quienes cada vez que esto ocurre, deben caminar varios kilómetros para reiniciar el traslado de su casa a las oficinas, otros transportes distantes igualmente lejanos y viceversa y sobre expuestos a la pérdida del su tiempo de trabajo o de descanso y a la posibilidad “incrementada” de ser asaltados en esos recorridos.
Quienes la pasan secuestrados horas y horas en sus propios vehículos no cantan mal las rancheras; no importaría sean enfermos trasladados a hospitales para recibir atención médica de emergencia. Otros terceros perjudicados serían quienes se dedican al comercio formal y quienes se dedican al ambulantaje que con cada plantón o jornada de lucha pierden cientos de millones de pesos en conjunto, pero que de manera individual les afecta gravemente.
Frente a la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación de la CNTE, se encuentran los derechos de terceros perjudicados; ambos con la misma categoría constitucional, Gracia. La única diferencia es que “son más muchos” y se encuentran solapados por la autoridad.