El tema de Concesiones Integrales se ha venido convirtiendo en un asunto delicado para los usuarios del servicio de agua y para las autoridades del Estado.
El año pasado el entonces senador Alejandro Armenta al participar en los “Diálogos Circulares por la Democracia” organizado por la Universidad Iberoamericana, tocó el tema frente a los estudiantes:
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“Al ser el agua un derecho para las y los ciudadanos, estamos analizando presupuestalmente y jurídicamente revertir la privatización del vital líquido…”.
Los últimos días el mismo gobernador ha señalado a otras concesionarias, la de las autopistas, como responsables de accidentes tan graves como el sucedido en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, y les aplicó un calificativo enérgico “concesiones de muerte”.
Desprivatizar el agua de Puebla y municipios conurbados representaría para el Gobierno de Puebla erogar algo así como 20 mil millones de pesos, una cantidad bastante elevada y que pondría en aprietos la estabilidad de las finanzas públicas de la entidad.
Sabedores de la ventaja otorgada en los contratos firmados por Rafael Moreno Valle y su gabinete, Concesiones Integrales se envalentona y desprecia la crítica y las denuncias populares.
¿Alguien ha leído el contrato firmado en tiempos de Moreno Valle, 2013, con una empresa sin experiencia en el tema del manejo de agua?
Según parece hay ciertas cláusulas, bajo reserva, que impiden los buenos deseos del gobierno.
Ojalá y con los nuevos jueces, magistrados y ministros, se pueda revertir el compromiso heredado por el morenovallismo, que doce años después, sigue poniendo piedras en el camino.
O por lo menos, así me lo parece.
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