La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para sustituir la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión por una nueva legislación ha generado un intenso debate en México, que apenas inicia. La iniciativa busca otorgar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) amplias facultades, incluyendo la posibilidad de bloquear plataformas digitales.
La libertad de expresión es un pilar fundamental en las sociedades democráticas. En México, este derecho está consagrado en la Constitución y en diversos tratados internacionales. La propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha suscitado preocupaciones sobre posibles retrocesos en esta materia.
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La iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar integralmente la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha detonado una ola de preocupación nacional e internacional. Bajo el velo de la modernización y la “soberanía digital”, se perfila un modelo normativo que concentra poder, suprime contrapesos y abre la puerta a la censura previa.
Contenido de la propuesta de reforma
La iniciativa presentada por la presidenta Sheinbaum propone, entre otros muchos aspectos:
- La creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en sustitución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
- La facultad de la ATDT para bloquear temporalmente plataformas digitales por incumplimientos normativos, sin necesidad de una orden judicial.
- La imposición de multas de hasta el 5% de los ingresos anuales a concesionarios que transmitan propaganda de gobiernos extranjeros sin autorización.
Implicaciones para la libertad de expresión
La posibilidad de que la ATDT bloqueé plataformas digitales sin una orden judicial y sin criterios claros contraviene principios fundamentales del derecho a la libertad de expresión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que cualquier restricción a este derecho debe ser necesaria, proporcional y estar claramente definida por la ley (Caso "La Última Tentación de Cristo" vs. Chile, 2001).
Además, la imposición de sanciones económicas desproporcionadas puede generar un efecto inhibidor, llevando a la autocensura por parte de los medios de comunicación. Este tipo de medidas ha sido condenado por la Corte Interamericana en casos como "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" (2004), donde se determinó que las sanciones impuestas al periodista eran desproporcionadas y vulneraban su derecho a la libertad de expresión.
Violaciones al debido proceso y concentración de poder
La propuesta de reforma también plantea preocupaciones en cuanto al debido proceso. La facultad de la ATDT para bloquear plataformas digitales sin una orden judicial y sin un procedimiento claro puede considerarse una violación al derecho al debido proceso legal, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Mexicana y en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Asimismo, la sustitución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por la ATDT, una entidad dependiente del Ejecutivo, representa una concentración de poder que podría comprometer la imparcialidad y la independencia en la regulación de las telecomunicaciones.
Reacciones nacionales e internacionales
Diversos sectores de la sociedad civil, medios de comunicación y organismos internacionales han expresado su preocupación por la propuesta de reforma. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México instó al Senado a revisar la iniciativa conforme a los estándares internacionales en materia de derechos digitales y libertad de expresión. Ante las críticas, la presidenta Sheinbaum solicitó al Senado modificar o eliminar el artículo 109 para evitar malentendidos y garantizar el respeto a la libertad de expresión.
Próximos pasos en el proceso legislativo
En este sentido, el Senado de la República ha acordado realizar cinco conversatorios durante mayo de 2025 para analizar y discutir la propuesta de ley con diversos sectores de la sociedad (Proceso, 2025, abril 29). Estos conversatorios abordarán temas como políticas de telecomunicaciones, cobertura social, servicios digitales, servicio público de radiodifusión y derechos de los usuarios y audiencias. El objetivo es abrir espacios de diálogo y participación para examinar de manera integral los contenidos del proyecto de dictamen y recoger propuestas que fortalezcan el marco legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en el país.
La propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión plantea serias preocupaciones en relación con la libertad de expresión, el debido proceso y la concentración de poder. Es fundamental que cualquier reforma en esta materia se realice con base en un amplio consenso, respetando los principios democráticos y los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos.
Nos encontramos en una pausa generada por las reacciones naturales como consecuencia de una evidente amenaza a la libertad de expresión, amenaza al control de los medios, el llamado cuarto poder. Ya van tres cooptados. El debate apenas comienza.
Referencias
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2001). Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2004). Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004.
Senado de la República. (2025, abril 30). Aprueba Pleno acuerdo para realizar conversatorios sobre Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Proceso. (2025, abril 29). Este es el calendario y los temas de los conversatorios sobre la Ley de Telecomunicaciones.