Más allá de los posibles intereses que se quieran montar sobre la última protesta estudiantil en la Universidad Autónoma de Puebla, de cara a la sucesión rectoral, lo primero que tendría que hacer la administración central de la institución, encabezada por la Dra. Lilia Cedillo, es reconocer, primero, y luego, deslindar la legitimidad de las demandas estudiantiles de los aviesos intereses que, según la propia rectora, han sido afectados en su administración.
Y, en último caso, denunciarlos formalmente ante las instancias correspondientes para iniciar un proceso administrativo y legal contra quien resulte responsable; de lo contrario, pareciera entonces que los señalamientos hechos por la rectora son solo una reproducción autómata del manido recurso de la teoría de la conspiración para deslegitimar y estigmatizar la protesta estudiantil y cualquier crítica y oposición a su gobierno al tiempo que la convertiría en cómplice de dichos intereses por no hacerlos públicos, sometiéndolos a rendir cuentas.
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Es cierto, la UAP ha sido, a lo largo de su historia, botín de todo tipo de intereses políticos y económicos, habiendo incidido en mucho de su vida interna y de sus propios perfiles.
Sin embargo, nadie puede negar el creciente malestar que ha ido incrementando durante los últimos años en la universidad ni cerrar los ojos ante la lacerante realidad que vive todos los días la mayoría de universitarios.
Una realidad, producto sin duda alguna y en primera instancia, de la lógica neoliberal que impera en la universidad y determina desde la disminución del valor de trabajo hasta las más elementales relaciones sociales y humanas de su comunidad.
Pero, también, producto de una creciente burocratización de la vida universitaria que día a día orienta y determina, con mayor fuerza, el trabajo académico, y cuya principal característica es, además, el trato despótico hacia el resto de universitarios.
No digamos ya la banalización e infantilización de su vida cultural y su rechazo a un debate de altura sobre el destino de la propia universidad y la situación nacional.
Si a lo anterior añadimos las prácticas caciquiles y nepóticas que privan en casi todos los espacios institucionales, la opacidad en la designación de recursos y plazas, la impartición selectiva de la justicia, la impunidad, el vergonzoso culto a la personalidad y el costo que implica, frente a la creciente pauperización de los servicios que presta la universidad- y como ejemplo particular, el Hospital Universitario-; el férreo control sobre los estudiantes y, en suma, el ejercicio patrimonial del poder, tendremos los elementos suficientes para comprender el legítimo origen de la protesta estudiantil que, de no atenderse mediante mecanismos democráticos, crecerá día con día hasta extenderse a todos los estratos que conforman la institución.
Lamentablemente, la respuesta de la administración central ha dejado ver su insensibilidad para captar y entender la atmósfera real que priva en la universidad, así como su falta de oficio político para resolver un conflicto que puede crecer día con día .
No será mediante la criminalización de la protesta ni apelando a la teoría del complot como podrá ser resuelta la problemática que priva hoy en nuestra institución.
La legitimidad se reconoce, no se impone escribió H. Arendt en Between past and future. Añadiría yo: la legitimidad se reconoce no se impone ni mediante la fuerza física ni mediante la violencia de las imágenes.