El tema que está en muchas mesas y no solamente en donde están mis colegas abogados, es el de las reformas al Poder Judicial. Se trata de una serie de reformas a la Constitución propuestas por el Presidente de la República para hacer cambios en la estructura orgánica de uno de los tres poderes de la Unión, el cual está depositado en todos los jueces, magistrados y ministros que integran el Poder Judicial federal. Son muchas cosas las que se dicen, pero al escuchar sobre el tema surgen las siguientes preguntas: ¿Es necesario un cambio en el sistema de impartición de justicia? ¿ Las cosas están bien como están? ¿La justicia es pronta y expedita? ¿En que consiste la famosa reforma al Poder Judicial?
Nuestro sistema de justicia es deficiente, vaya como muchos sistemas en el mundo, no garantiza que la solución a los conflictos sea pronta ni expedita. El objetivo de la existencia de un poder judicial es el de impartir justicia, aunque suene muy obvio quizá lo perdemos de vista. En una República es un poder diferente al del ejecutivo y al legislativo, pero ¿en cuántos estados de nuestro país se cumple de facto con este principio? En el mismo Poder Judicial federal, podemos identificar a muchos ministros que son afines a uno u otro expresidente. No nos escandalizamos, pero estamos lejos de tener un Poder Judicial que sea un verdadero contrapeso al poder presidencial o ¿ustedes se acuerdan que la Corte le haya enmendado la plana a algún presidente durante el periodo en el que el PRI fue partido hegemónico? Salvo algunos cambios que se han registrado, desde las Leyes de Reforma, estas son los cambios más sustanciales al funcionamiento del estado mexicano.
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La alternativa planteada por el actual gobierno federal y ratificado por la Presidenta electa es el de someter a elección de toda la ciudadanía y no solamente de la Cámara de Senadores a las personas que ocuparan las posiciones en las que reside el Poder Judicial, es decir a todos los ministros, magistrados y jueces. Se ha difundido la falacia que a partir de estas reformas a la Constitución, podrá ser votado cualquier ciudadano, incluso sin tener los estudios y experiencia necesaria. En la reforma se precisa que los candidatos tendrán que cumplir con los requisitos señalados en ley. Será tarea de los legisladores prever los mecanismos para que el pueblo pueda elegir entre los más calificados.
Otro acierto que creo tiene la reforma es el separar el Tribunal Constitucional del Consejo de la Judicatura que es quien administra materialmente y en cuanto a recursos humanos la justicia en nuestro país. Hoy en día el poder está concentrado en el Tribunal Constitucional (Suprema Corte), que además de interpretar en última instancia que nuestras leyes no solo sean constitucionales, sino además convencionales, deben de administrar toda la impartición de justicia de nuestro país. Un buen jurista no es necesariamente un buen administrador, aunque hay juristas que pueden conocer sobre administración.
La soberanía reside en el pueblo, que exista un proceso en el cual los ciudadanos puedan elegir quién va a decir el derecho en las diferentes instancias, hace mucho más próximo a uno de los poderes a la ciudadanía, se hace mucho más latente que el pueblo es en quien residen los poderes. El pueblo es quien manda. Hasta entonces.