Tal y como lo habíamos planteado en este espacio las propuestas de reformas constitucionales por parte del presidente López Obrador iban a dar mucho que hablar y generar polémica.
Como se anunció el pasado 5 de febrero, fecha en que se conmemora la firma de la Constitución de 1917, el jefe del Ejecutivo federal dio a conocer un paquete con veinte iniciativas. Lo anterior a sólo ocho meses de dejar la Presidencia, lo que podríamos considerar una de sus últimas interacciones con el Poder Legislativo.
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Podríamos dividir sus propuestas en dos tipos: las que no tendrían ningún problema en pasar y ser apoyadas incluso por la oposición como: reconocer a los pueblos indígenas y afroamericanos como sujetos de derecho público; aumentar pensiones de adultos mayores cada año; becas a estudiantes de familias pobres; atención médica gratuita; que los trabajadores puedan ser dueños de sus viviendas; prohibir el maltrato animal; no otorgar concesiones para minería a cielo abierto y prohibir el fracking; respetar las zonas con escasez de agua; prohibir el comercio de vapeadores y drogas como el fentanilo; no permitir que el aumento del salario mínimo sea menor a la inflación anual; los salarios mínimos de maestros de educación básica de tiempo completo, policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras no será menor a lo que perciben los afiliados al seguro social; consolidar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro; así como el programa Sembrando Vida; utilizar para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas y convertir en política de Estado la austeridad republicana.
Estas quince iniciativas podrían pasar incluso en este periodo en el que no se tiene la mayoría calificada, porque representan beneficios directos para la ciudadanía, e incluso la oposición se ha mostrado a favor. Como ahora que están en campaña solicitan que las pensiones para adultos mayores sean a partir de los sesenta años, cuando Acción Nacional votó en contra de volver constitucionales estos programas sociales.
Por otro lado, podríamos incluir a las otras cinco iniciativas que generaron más polémica y tendrían un resultado reservado. Las propuestas son: revertir las reformas de pensiones y que los trabajadores se jubilen con el 100 por ciento de su último salario; la reforma electoral que busca eliminar las candidaturas plurinominales, voto para elegir a los consejeros como magistrados, reducir del 40 al 30 por ciento el número de participantes en consultas populares para hacerlas vinculantes; la reforma al Poder Judicial, que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo; traspasar la Guardia Nacional a la Sedena (la cual ya fue rechazada por el poder judicial) y por último eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas “supuestamente autónomos”.
En este último paquete de reformas el presidente está sentando su legado, sobre todo en las últimas cinco reformas que serán las más difíciles de aprobar sobre todo si no tiene la mayoría legislativa.
También estas propuestas le “permitirían entrar en la campaña” ya que el INE no le permitirá manifestarse sobre la campaña presidencial, pero sí sobre sus propuestas y de cómo se manejará la oposición.
En un último momento que no se aprueben en este periodo y que el Plan C se cumpla, no se dude que el Poder Legislativo el próximo año lo vuelva a poner sobre la mesa y cumplir con el legado de AMLO.