El 12 de abril del 2022 el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU emitió un informe sobre su visita a México donde identificó temas sumamente delicados, como lo es que
Los servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas en México
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Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hubo 8.000 casos nuevos cada año en los últimos cinco años
- Las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años,
- Las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia,
- Víctimas y autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual
- Preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales han sido desaparecidos por su participación en búsquedas y lucha contra las desapariciones
- Preocupación por las desapariciones de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, ninguno de los cuales ha sido localizado
- Desapariciones ocurridas en prisiones y centros de migración
- Impunidad casi absoluta. Hasta noviembre del año pasado, solo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, entre el 2 y el 6 por ciento, habían resultado en procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional
- El Plan Nacional de Búsqueda no se ha implementado para llevar a cabo búsquedas e investigaciones.
Todo lo anterior no es competencia solo de un área específica, sino de la participación de varias, por lo mismo no alcanza con que la Comisiones de Búsqueda de Personas Nacional o las Estatales atiendan a estas recomendaciones, es la participación de todas y de todos incluyendo sociedad civil, medios de comunicación y víctimas, pero todos estos trabajos tienen que ser coordinados y trabajados desde la lógica de la gobernanza nacional y estatal; por lo que se requiere que la Secretaría de Gobernación Federal a través de su subsecretario de Derechos Humanos asuma con responsabilidad y voluntad política este compromiso de coordinación y de operación, la construcción de cohesión social para los casos de desaparición en el país y en la entidad, replicando estas acciones a nivel estatal, por eso es necesario que despierten y asuman su responsabilidad de operación proactiva y no reactiva en primer término, y en segundo término que cambien su lógica personal de cuidar su chamba, sus privilegios, su sueldo y sus negocios al amparo del poder, para dar paso a realizar su trabajo sustantivo pues hoy por hoy la omisión al trabajar en áreas de derechos humanos, no solo, lastima, denigra y afecta; hoy en día también desaparece y mata a las personas.
Urge que las instancias en materia de derechos humanos en los tres niveles de gobierno, despierten y hagan su trabajo, establezcan un verdadero plan y proyecto de prevención de todas las violencias, pero de esta manera sumar a la reconstrucción del tejido social. No podemos quedarnos inmóviles e indiferentes frente a fenómenos tan lacerantes como la desaparición de personas. Hoy la inactividad de los funcionarios en materia de derechos humanos, desaparece y mata personas, no lo permitamos más, es tiempo de despertar o de que se hagan a un lado para que por lo menos la sociedad civil organizada o no, intervengan, pues otro lamentable fenómeno es que no hacen, pero también bloquean para que otros hagan.
El mismo informe emitido por el Comité nos ayuda a determinar rutas muy particulares e identificar medidas que el Estado debería tomar para implementar una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, ejercicio que en los estados debería de implementar urgentemente.
1. Fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas
2. La adopción e implementación urgente de una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones, teniendo como ejes transversales los estándares de debida diligencia, el enfoque diferencial y de derechos humanos. La política nacional debe ser integral, atender y combatir las causas de las desapariciones forzadas y apuntar a su no repetición, establecerse un sistema de monitoreo transparente e independiente que asegure la rendición de cuentas
3. El diseño de la política nacional debe involucrar la municipalización de los derechos humanos, pero también la intervención de todas las autoridades federales, estatales, municipales, así como a los órganos autónomos de México y a amplios sectores de la sociedad, incluyendo las víctimas y colectivos de víctimas y sus representantes.
4. Elimine los obstáculos en la persecución penal, preste la debida atención a las desapariciones de migrantes y aborde la crisis forense en el contexto de una Política Nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.
Es mucha la tarea que hay que hacer, es poco lo que hemos avanzado, pero frente al fenómeno de desaparición de personas y lo doloroso que esto representa es necesaria la empatía de quien o quienes están actuando en este punto.
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