El derecho a la educación, además de ser un Derecho Humano, es considerado un derecho bisagra para el acceso a otros derechos, pues el aprendizaje potencializa el ejercicio de éstos. En México, la educación ha sido una prioridad de la política nacional desde la Revolución y es pilar estratégico del desarrollo del país, no sólo en los ámbitos de la tecnología y el desarrollo científico, sino también en la construcción de ciudadanía, democracia, igualdad, humanismo y crecimiento económico.
Los esfuerzos desde entonces se han enfocado en tener una cobertura total en la Educación Básica, es decir, tener la capacidad de atender la totalidad de niñas y niños en edad de estudiar el preescolar, primaria y secundaria, brindándoles las bases del conocimiento para una formación más rigurosa y específica. Y es aquí donde las y los adolescentes tienen un papel sumamente relevante en el contexto social, ya que, entre los 15 y 17 años, se recibe la instrucción de la Educación Media Superior, que es la antesala de la universidad. De ahí que las universidades autónomas durante mucho tiempo impartieron, casi con exclusividad, este nivel educativo a través de sus propias preparatorias.
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No fue, sino hasta los años sesenta y setenta, que el Estado comenzó a promover la creación de bachilleratos. Hasta entonces quedó más claro el papel de la Educación Media Superior como un nivel educativo clave en el desarrollo formativo. Sin embargo, seguía considerándose un apéndice de la Educación Superior, a pesar de haber tenido un crecimiento masivo para alcanzar la universalidad total, misma que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) considera se alcanzará hasta el año 2100.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, en México se crearon diversos subsistemas de EMS, como los Colegios de Bachilleres, Bachilleratos Estatales, Telebachilleratos, Preparatoria a distancia y Técnicos Federales, todos con la característica de adaptarse a los contextos regionales, con el objetivo de preparar a los estudiantes para realizar estudios superiores.
A pesar de haberse revelado la importancia de la EMS, su crecimiento se motivó más que por temas académicos, por una estrategia política que buscó reducir la influencia de las universidades autónomas sobre el nivel educativo. Bajo este esquema, la cobertura creció. Actualmente tenemos un 80.1%, sin embargo, no se logró retener a los estudiantes en las escuelas, pues el abandono escolar alcanzaba en 2007 hasta un 40% (INEE, 2016). Las cifras de interrupción en este nivel educativo muestran la desatención por parte del Estado a la EMS, esto se reflejó en la misma conducción administrativa con la que se le trató. Durante más de 30 años la EMS estuvo bajo la regulación de la Subsecretaría de Educación Superior y la Subsecretaría de Investigación y Tecnología. Fue en 1990 que se creó la Dirección General de Bachillerato (DGB) y hasta el 2005 la Subsecretaría de Educación Media Superior, la cual, en 2007 diagnosticó que la EMS era el nivel que presentaba: “mayores carencias de todo el sistema educativo nacional y se caracterizaba por la heterogeneidad”.
Mientras que algunos indicadores eran satisfactorios, otros acusaban una situación muy grave, de acuerdo con el extinto INEE: “el porcentaje de deserción estaba cerca de 40%, los niveles de reprobación y repetición eran muy altos y sólo 50% de los egresados continuaba con estudios de Educación Superior”. A partir de este momento, se reflexionó respecto a la calidad de la educación, se evidenció con indicadores de rezago educativo, reprobación y deserción que, la cobertura no garantiza la igualdad de oportunidades, ni las condiciones de aprendizaje. Por otro lado, la tasa de absorción ha ido en decremento en los últimos años, con una caída histórica de 1.8% en el ciclo 2019-2020. A pesar de tener mayor cobertura en la EMS con 21,047 planteles, cifra histórica.
Respecto a las cifras señaladas es preciso distinguir algunas críticas sobre la medición de la cobertura en la EMS, como la de Patricio Solís, pues señala que la SEP sobreestima la tasa de cobertura de la EMS, ya que la tasa bruta utilizada se genera de la división del total de estudiantes EMS entre el total de la población total de 15 a 17 años, por lo que esta fórmula tiene un sesgo de numerador y denominador. Al tomarse en cuenta aquellos educandos que tienen menos de 15 o más de 17 años y que se encuentran matriculados en la EMS, provoca una sobreestimación de la cobertura. Por lo que el sesgo entre el numerador y el denominador para Patricio Solís se resuelve tomando en cuenta el mismo rango de edades, a lo que le llama tasa neta.
La tasa neta revela que para el 2016 tan solo 57 por ciento de los jóvenes en edades típicas (15 a 17 años) se encontraban cursando la EMS, mientras que para la tasa bruta era de un 82%, siendo que esta última cifra incluye poblaciones de estudiantes mayores de edad o por debajo de los 15 años.
Esto demuestra que se deben buscar medidas de cobertura alternativas que contemplen el truncamiento académico y los rezagos educativos desde la educación básica y así observar la trayectoria educativa.
Cabe señalar que los nuevos indicadores de MEJOREDU 2022 ya reconocen la tasa neta de cobertura, misma que se idéntica como tasa neta de escolarización (SEP, 2019). En el siguiente recuadro se encuentran expuestas las últimas cifras que denotan las diferencias: