Apenas la semana pasada fuimos testigos de un hecho que no tiene calificativos ni lugar a duda, simplemente todos los mexicanos presenciamos que la Junta de Coordinación Política del Senado no acató la orden de una jueza en materia administrativa para convocar a un periodo extraordinario de sesiones cuya finalidad sería elegir al menos a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales (INAI).
Así de sencillo. Con el argumento por parte del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal argumentó que “no ve condiciones para abrir un extraordinario antes de las elecciones a gobernador del Estado de México y Coahuila”.
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Dos puntos para comenzar. El primero, estamos hablando de una orden judicial, no de una consulta a la opinión de un Senador. En otras palabras, no se le está preguntando, se le está dando una instrucción por parte del Poder Judicial que se encuentra en el mismo orden jerárquico que el Poder Legislativo. El segundo, el organismo autónomo se mantiene inoperante desde el pasado 31 de marzo, cuando terminó el periodo de Francisco Javier Acuña. Tras su salida, el pleno quedó conformado con cuatro de cinco comisionados que se requieren para tener quórum y sesionar, es decir, el hecho precede con mucho, los asuntos a tratar referentes a las elecciones a gobernador de Estado de México y Coahuila.
No solamente eso, un tribunal federal declaró infundada una queja que interpuso la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República y la Comisión Permanente del Congreso contra la orden judicial de que se convoque a una sesión extraordinaria de la Cámara Alta para designar a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI). En otras palabras, no fue pregunta ni consulta, fue una instrucción del Poder Judicial al Poder Legislativo sin lugar a interpretaciones.
Ante tal desacato, una vez más el Poder Judicial deja claro su antecedente, pero en esta ocasión con mayor contundencia y sin preguntar opinión con base solamente en las facultades que la ley le otorga y con las posibles sanciones correspondientes en caso de hacer caso omiso de su instrucción. Y es que la jueza Celina Angélica Quintero Rico acaba de otorgar una suspensión definitiva al integrante del Consejo Consultivo del INAI, Francisco Ciscomani Freaner en contra de la omisión de la Jucopo del Senado de la República y dio un plazo de tres días, a partir de la notificación para que la Jucopo del Senado de la República presente el nombre de un candidato a comisionado del INAI. La Comisión Permanente contará con otro plazo de tres días para llevar a cabo los actos que le permitan convocar al Senado a un periodo de sesiones extraordinarias con la finalidad de que se someta a su conocimiento la propuesta.
La jueza dejó en claro que en caso de que las autoridades legislativas del Senado sean nuevamente omisas, “se les impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, la cual podría aumentar gradualmente hasta llegar a mil unidades de medida y actualización, con base en lo establecido en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo”.
Parece que no solo al Poder Judicial se le está acabando la paciencia. Y es que este poder entiende que no representa sus propios intereses, sino los de una sociedad que le paga al servidor público por hacer su trabajo, y permitir la consulta de información pública y rendir cuentas no es opcional.