La ejecución del periodista Marco Aurelio Ramírez a más de un crimen artero que pone en riesgo a toda la población de Tehuacán, significa la pérdida de la libertad de expresión al tratar de silenciar cualquier voz que intente denunciar las irregularidades existentes en la sociedad.
Los ciudadanos tehuacaneros protestan en la Marcha por la Seguridad y la Paz como inicio de un proceso de recuperación de su soberanía municipal, al cual el autor del comentario se adhiere en plenitud.
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Derechos de la minoría
A la caída del periodista del cuarto poder pocas voces se solidarizaron, bajo el argumento de que se había vuelto funcionario público, sus aportaciones periodísticas eran irregulares, su labor periodística irrelevante, e incluso su especialidad en nota policiaca lo vinculaba a personajes de doble rostro. Todos estos argumentos encubren indolencia, porque si fueran ciertos no lo hubieran asediado, además de inaceptables como excusa o justificación de privar del supremo derecho humano a la vida,
En lo personal recuerdo dos momentos de extrema violencia que experimenté desde mis primeros años en Tehuacán, uno vinculado con el crimen de Toño Kuri, amigo de juventud, y el otro con las primeras víctimas de la represión oficial en la elección presidencial de Adolfo Ruiz Cortines.
En el primer caso se trató de un conflicto policíaco de principios de los años cincuenta, producto de una juerga nocturna de juventud. Al término de esta se encontraron accidentalmente con otro joven policía, persona conocida en la ciudad de reciente incorporación al cuerpo de seguridad, y por alguna razón sin importancia, discutieron cada vez con mayor tensión hasta disparar su arma ocasionado la muerte del joven de origen libanés.
Su muerte ocasionó gran consternación en la ciudad como en el estado, pues incluso se llegó a pedir la licencia del Presidente Municipal, una medida de rigor extremo que tranquilizó a la población,
Con relación a las víctimas de la represión de la campaña presidencial de 1952 ocurrió en las inmediaciones del poblado de Tlacotepec de Juárez, cuando un camión de redilas transportaba a simpatizantes de la candidatura del General Miguel Henríquez Guzmán, quienes se dirigían a un mitin dominical en la ciudad de Puebla.
La intercepción de los manifestantes que procedían del poblado de San Gabriel Chilac, fue realizada por un capitán del Ejército que les impidió el paso y ordenó su retorno; sin embargo, el enfrentamiento se dio con varias víctimas que perdieron la vida y una veintena de heridos que fueron atendidos en la Cruz Roja de Tehuacán donde tuve oportunidad de conocer su estado de dolor y maltrato.
La primera experiencia nos da cuenta de cómo la ciudad de Tehuacán expresaba su sensible pesar y se inconformaba ante autoridades que eran más sensibles y daba respuesta a la inconformidad manifestada. Como respuesta a la protesta social, el Presidente Municipal abandonó su cargo, ¿y hoy?
Los hechos de Tlacotepec trascendidos históricamente desembocaron en lo que sería la escalada de represión para suprimir el intento final de rencauzar el programa social de la Revolución Mexicana por la vía electoral. La represión de la Alameda del henriquismo.
Como se advierte, Tehuacán es un pueblo que ha sido víctima de la violencia desde fechas lejanas; en ocasiones el Estado ha sido el agente responsable de sus actos; sin embargo, no siempre se respondió con justicia.
Hoy ante la insensible presencia de autoridades que se dedican a la política electoral, se vuelve a sentir el desamparo ante el crimen del periodista tehuacanero Marco Aurelio Ramírez, por lo que se insiste en volver a pedir se investigue, se encuentre a los responsables y se presenten ante la justicia.
Las decisiones de la mayoría
El crimen de Marco Aurelio es una amenaza y a la vez un reto a la sociedad tehuacanera que siente el choque de bandas armadas como una pérdida de la seguridad pública por falta de control territorial de las autoridades, entre las cuales algunos funcionarios se encuentran presumiblemente involucrados.
Al privar de la vida a Marco Aurelio se busca acallar la libertad de expresión para crear el estado de silencio y complicidad que permita la impunidad para ejecutar crímenes sin que el Estado cumpla con su deber de proteger los derechos humanos.
Por eso es necesario que se levante la voz del pueblo de denuncia y exigencia, que los funcionarios se aboquen a sus responsabilidades oficiales sin distraerse en campañas electoreras que los alejan de su deber público.
En Tehuacán los ciudadanos protestan en la calle para exigir retorne la paz pública, y el deslinde de responsabilidades de las autoridades para evitar la impunidad.
Así para no duplicar esfuerzos y cometer errores ya registrados, el movimiento de inconformidad de los periodistas poblanos debe partir de una experiencia registrada en el estado de Sinaloa, donde los hechos criminales contra periodistas son conocidos. El análisis que ofrece un joven periodista del noroeste, Vladimir Ramírez, permite acercarnos a lo que puede ocurrir en el futuro del movimiento de protesta en Tehuacán. Se advierte un camino por recorrer.
La experiencia en Sinaloa, como en otras entidades han sido muy semejantes, y casi podemos decir que se actúa de una misma manera al identificar tres o cuatro momentos:
Uno: el de la indignación y condena por el crimen. Declaraciones en medios y redes en el mismo sentido. Actos públicos a manera de presión a las autoridades. En este se identifica “el punto más álgido del suceso”.
Dos: se recibe el compromiso de las autoridades para esclarecer el crimen, el reconocimiento público de la trayectoria de la víctima y después de la segunda semana se inicia la espera de resultados de una investigación para dar con los actores materiales e intelectuales del crimen.
Tres: en lo que va del gobierno de AMLO, se han estado esclareciendo algunos casos de periodistas asesinados, sin embargo, no se investigan a fondo las causas políticas o móviles criminales. Solo se condena a los actores materiales o las investigaciones se burocratizan o se entorpecen intencionalmente. Este momento lo podemos ubicar como el “punto de contención”.
Cuatro: en esta etapa se gestionan medidas de apoyos que garanticen la estabilidad de los familiares de la víctima; al tiempo que se crean premios, certámenes, se erigen bustos, obra plástica, literaria, se pone el nombre de la víctima a salones, auditorios, calles, colonias, etc. Eventualmente se disminuye la exigencia de esclarecer el crimen. También es común identificar quiénes han obtenido algún beneficio personal o político del crimen. Este sería “el punto de cierre o aceptación”, donde el asesinato se convierte en un “suceso histórico”.
Lo que todavía no se ha logrado es consolidar una organización capaz de implementar un protocolo de seguridad, manejo de crisis y garantía de no impunidad.
El reto mayor, casi imposible de enfrentar en estos tiempos, y quizá la razón por lo que no se ha logrado, es la gran capacidad criminal del narco y los niveles incontrolables de corrupción en las instituciones policíacas y de impartición de justicia.
En casos como el de Sinaloa, el periodismo es un oficio en el que a la par de su actividad, el periodista desarrolla un “reflejo de autocensura”, como instinto de conservación.
Dictamen constitucional
Tomemos en cuenta estas experiencias para las acciones del movimiento de protesta poblano por restablecer sus derechos constitucionales, el cual significa la sobrevivencia de la democracia en suelo donde se sembró la semilla de la libertad de imprenta al publicarse la Declaración de Independencia en 1821.
Mantener su vigencia nos dará fortaleza.