De varios impactos de bala perdió la vida a plena luz del día (13:30 hrs.) Marco Aurelio Ramírez, periodista poblano este martes 23 de mayo del año 2023, cuando iba saliendo de su casa en el municipio de Tehuacán, Estado de Puebla, México. Lamentablemente esta acción no es un hecho aislado, sino es consecuencia de la suma de diversos actos de violencia que se están viviendo en nuestro estado; por un lado encontramos que en regiones como San Martín Texmelucan, Acatlán de Osorio o Teziutlán, incluso en la zona conurbada de la capital como la franja que divide Cuautlancingo y Coronango, o la misma ciudad de Puebla existen lugares a donde ni los policías dicen poder entrar, como la famosa Cuchilla que está cerca de la Capu y otros lugares donde el crimen ya le ganó al Estado y lo peor es que el Estado está cómodo con esta derrota.
Aquí hablamos del crimen generalizado, el que nos afecta a todas y todos, pero también está la inseguridad que viven quienes informan de estos hechos como son los periodistas o quiénes como uno, pretende construir o proponer alternativas de construcción de paz en esos sitios, como los defensores de derechos humanos.
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Es decir, en Puebla la violencia nos afecta a todas las personas, pero afecta aún más a dos grupos sumamente vulnerables en la entidad y que están totalmente olvidadas, desprotegidas y lastimadas que son las personas dedicadas al periodismo y aquellas que se dedican a la defensa de los derechos humanos, personas que por la actividad que realizan les trae como consecuencia ser objetivos de acciones que los vulneran gravemente y que van desde el descrédito a las causas que defienden, campañas de desprestigio incentivadas tanto por personas públicas como por integrantes del crimen, amenazas, levantones, chantajes, lesiones que han venido escalando hasta la muerte del periodista Marco Aurelio Ramírez, cuyo homicidio no se trata de un caso aislado sino de la suma e incremento de violencia que está escalando en el estado de Puebla, por lo que solicitamos desde el Colectivo de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos que se realicen políticas públicas que impulsen la generación de protocolos de protección tanto a periodistas como a defensores de derechos humanos en el Estado.
En estos últimos cinco años, Voz Ciudadana por los Derechos Humanos, así como todos sus integrantes, hemos sido muy respetuosos y cuidadosos de darle tiempo a las instancias de derechos humanos en el Estado de Puebla de que se ajustaran, de que conocieran la realidad de la entidad, que generaran sus propias dinámicas de acción, así como sus políticas de intervención en favor de los derechos humanos, siendo prudentes en emitir criterios; pero lo sucedido a Marco Aurelio Ramírez nos obliga a levantar la voz y más grave es cuando vemos la pasividad de las diversas instancias de derechos humanos en Puebla, obligándonos a exhortar y pedir de manera respetuosa pero enérgica al Estado para que salgan de su inamovilidad y que finalmente hagan a un lado su dejadez , pues esta holgazanería que se vive un día sí y el otro también ya está matando gente y esto ya no lo puede permitir ninguna persona en nuestro estado.
Antes de entrar a las propuestas es importante mencionar que el Estado de Puebla, desde tiempos de Rafael Moreno Valle y por presiones sociales locales, nacionales e internacionales se creó la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Puebla, misma que se creó para que no funcionara. Ante esto y para evitar pérdidas de tiempo y recursos, el entonces gobierno interino se enfocó en atender de manera directa a defensores y periodistas, realizando vinculaciones, capacitaciones mediante una atención personalizada con todas y todos; y de manera paralela a construir el Primer Diagnóstico sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el Estado de Puebla con la participación del Mecanismo Nacional de Protección de Defensores y Periodistas en el Estado, la Embajada Británica, así como lo más importante, la participación real, activa y propositiva de todos los medios, periodistas, organizaciones y defensores que aceptaron la invitación, la cual por cierto fue abierta y para todas y todos sin distingo. Dicho diagnóstico quedó listo en el mes de julio del 2019.
El documento creado era la base para reestructurar todo el sistema de protección de defensores y periodistas en riesgo en el Estado, tanto las instancias estatales, como la intervención de los municipios como de la vinculación con medios de comunicación y defensores de derechos humanos, universidades, empresas, colectivos de todo tipo, entusiastas e incluso partidos políticos. Desafortunadamente el día 19 de agosto del 2019 este trabajo se tiró a la basura a efecto de argumentar que nada había y nada se había hecho en el gobierno interino y en su lugar se le cambiaron los logos a los trabajos que ya estaban hechos como la Comisión de Búsqueda de Personas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, los más de 250 comités de derechos humanos distribuidos en la entidad y diversas políticas públicas que hasta el día de hoy se realizan sin entender por qué las realizan, así como también para efectos de justificar la inactividad en ciertas áreas del gobierno, como por la necesidad de publicidad y resultados se levantó íntegra como la construyó Rafael Moreno Valle, sin elementos para operar ni ser funcional dicha Comisión donde se enfocó solo y exclusivamente a los periodistas, pues la representación social que hay incluso hasta este momento es solo con periodistas, sin que se tenga representación de algún defensor de derechos humanos, aunado a que la buena voluntad de los representantes sociales se ve confrontada por la dejadez y falta de interés de las instancias publicas de atender sus peticiones, todo esto porque la citada Comisión simplemente está creada para no funcionar, a menos que exista voluntad política del sector público.
A efecto de no solo señalar lo malo, desde Voz Ciudadana proponemos lo siguiente, situación que por cierto fue también presentado de manera oficial al diputado local Carlos Evangelista para que por su conducto se puedan tomar en consideración estas propuestas que hacemos y que a continuación mencionamos
PRIMERO.- Se reactive la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Puebla que depende de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, a efecto de sesionar y buscar establecer desde el más alto nivel del Gobierno del Estado, mecanismos de articulación con las instancias del gobierno estatal, municipios, medios de comunicación, periodistas independientes, sociedad civil organizada y no organizada, así como a universidades e instancias locales, nacionales e internacionales conocedoras de la prevención de las violencias, seguridad periodística, libertad de prensa y defensa de derechos humanos, para generar políticas públicas que permitan romper con la violencia sistematizada que hoy se vive en la entidad a estos sectores de la sociedad.
SEGUNDO.- Solicitar a la Dirección de Atención a Periodistas y Defensores dependiente de la Secretaría de Gobernación para que se reactive en función de la articulación y elaboración de acciones enfocadas a restablecer la vinculación con defensores y periodista;, actualizar el listado de personas en riesgo, así como encabezar los trabajos administrativos, operativos y de articulación que la Comisión de Protección a Defensores y Periodistas proponga en pleno.
TERCERO.- Solicitar la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Puebla a efecto de intervenir y darle seguimiento a familiares de Marco Aurelio Ramírez para que estén en condiciones de enfrentar lo que están viviendo en este momento.
CUARTO.- Solicitar a la Fiscalía del Estado de Puebla que de manera pronta y expedita dar con los responsables del asesinato cuidando en todo momento los protocolos de actuación, así como la cadena de custodia para evitar salgan impunes los responsables materiales como intelectuales del crimen de sangre cometido a Marco Aurelio Ramírez, a su familia, como a la sociedad en general y al Poder Judicial del Estado para que emita las sentencias respectivas que estén jurídicamente blindadas para que no sean liberados las y los responsables de este crimen de sangre.
QUINTO.- Invitar a los titulares y responsables de los medios de comunicación que generen protocolos de protección tanto al interior del medio, como en ruedas de prensa, en actividades de investigación y en general en todas las actividades que realizan incluso en su actividad personal, que les permita prevenir o contener actos de violencia, por lo que se le debe solicitar al Estado que les proporcione tantos talleres, pláticas y cursos con especialistas que los capaciten en lo personal, pero también para que puedan elaborar sus propios protocolos de protección de acuerdo a cada medio o periodista que lo requiera, tanto en la zona conurbada como en el interior del estado, ya sea integrante de algún medio de comunicación o se trata de un periodista independiente.
Todo lo anterior corresponde a acciones básicas con las cuales se puede iniciar un enorme trabajo de dignificación de derechos humanos en el Estado, poniendo a nuestra organización a su disposición como de quien lo requiera para poder ser facilitadores, operadores y/o constructores de acciones que busquen romper con la violencia sistematizada en nuestra entidad.
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