Sin duda los años recientes y la pandemia del Covid-19 nos dejó grandes enseñanzas de cómo aprovechar la tecnología para continuar con nuestras actividades cotidianas sin repercutir en nuestro funcionamiento como sociedad.
Una de las muchas lecciones que llegó para quedarse en nuestras sociedades fue el uso de plataformas digitales, lo mismo útiles para transportarnos de manera segura, que para el suministro de los más variados servicios, reparto de alimentos, entrega de mercancías, documentos, etc.
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Si bien la forma de operación ha mostrado su eficiencia, ahorra tiempo, esfuerzos y costos, las dinámicas entre los desarrolladores de las plataformas, los prestadores del servicio y los usuarios aún presentan problemas sin resolver, desde la regulación de las tarifas de pagos, porcentajes de ganancias entre las partes o seguridad de los usuarios. Estas inquietudes nos motivaron a diversas compañeras legisladoras después de sostener diversos encuentros con los actores involucrados a presentar una iniciativa que aborde algunas de estas problemáticas y que permita crear los andamiajes jurídicos necesarios que beneficien a todos los sectores de la sociedad.
La propuesta presentada, busca reformar el Código de Comercio en materia de Plataformas Digitales que prestan servicio de movilidad, que involucra a conductores y repartidores en nuestro país, y al mismo tiempo brinde seguridad a sus usuarios. El proyecto incluye también conformar un Registro de Prestadores de Servicios de Plataformas Digitales y mecanismos de atención médica a los prestadores de las mismas.
Es importante destacar que alrededor 1.7 millones de personas utilizan hoy día, en nuestro país, alguna plataforma como un medio para generar ingresos, y si esto lo transformamos en familias, más de cinco millones dependen directamente de la operatividad y funcionalidad de las mismas.
El 80% de los prestadores de servicio, conductores y repartidores son jóvenes de entre 20 y 35 años, que afectados por la falta de oportunidades y salarios precarios recurren a esta labor con ingresos cómodos y convenientes que resuelven sus necesidades. Un promedio del 11% son estudiantes, 19% son mujeres y el 48% son personas que a través de estas actividades logran mantener a sus hijos menores y el 69% eran personas empleadas con trabajos de medio tiempo o completo.
Por otro lado, 35 millones de personas utilizan todos los días las plataformas para transportar personas y hacer entregas en todo el país, por ello, la trascendencia de mejorar este servicio y contar con un marco legal claro y sólido, para operar de forma adecuada por medio del Código de Comercio.
Es una realidad que existen lagunas legales que deben atenderse, y que abonen a la existencia de servicios eficientes, con personal capacitado y en donde los trabajadores tengan derecho a mecanismos de acceso a la atención médica y seguridad social.
La iniciativa propone crear un Capítulo de Contrato Mercantiles de las Plataformas Digitales en el Código de Comercio; otorgar seguridad social a los prestadores de servicios; establecer mecanismos de seguridad para usuarios y prestadores de servicios; y validación en línea de los datos de identidad y antecedentes penales de prestadores de servicios y usuarios.
Asimismo, crear el Registro de Prestadores de Servicios de Plataformas Digitales con vehículo propio o quien lo pone a concesión; establecer cobros y tarifas claras, así como fechas de pago convenientes a los prestadores de servicio.
También plantea protección de los datos personales de los Prestadores de Servicios y Usuarios; mecanismos claros para evaluar el servicio; respeto mutuo entre prestador del servicio y usuario; autonomía en las decisiones de los prestadores de servicio para conexión y aceptar o negar servicios.
De igual forma, establece causas especiales de terminación del contrato, como el desvío sin justificación de la ruta sugerida por la plataforma.
Necesitamos que las y los prestadores de servicios puedan tener certeza en el desempeño de su trabajo y que a los usuarios se les garantice seguridad en el momento de su traslado.
Es de suma relevancia aprobar esta iniciativa, ya que México sería pionero a nivel mundial en la regulación de esta labor que ha proliferado en todo el planeta.
Esta propuesta plantea un esquema justo y tripartita, donde se considera en primera instancia la relación comercial y, con ello, las obligaciones y derechos de cada parte, en el que participan las plataformas digitales, las personas que realizan el servicio y las usuarias.