Muchas veces oímos hablar de “Estado de Derecho” aunque pocas veces le conferimos la importancia que éste tiene en nuestra vida cotidiana, pues incluso podemos creer que somos ajenos a él o sólo tiene que ver con abogados o jueces.
Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad, ya que el Estado de Derecho es parte inherente de nuestra cotidianidad en sociedad. Precisamente para The World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial, o WJP, por sus siglas en inglés) es un sistema de reglas en el que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a la ley, la cual se aplica de forma equitativa, justa y con total apego a los derechos humanos.
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Precisamente, el WJP se ha dedicado a medirlo a partir de las experiencias y percepciones del público en general, así como de profesionales y expertos del derecho en todo el mundo. Desde 2018, publica el Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX), el cual mide el grado de adhesión al Estado de Derecho de las 32 entidades federativas en el país.
Este Índice retoma el marco conceptual y metodológico que se aplica a nivel global, con las adaptaciones pertinentes para reflejar la arquitectura institucional de México y las competencias de los distintos órdenes de gobierno.
La cuarta edición del IEDMX (2021-2022), presentó nuevos datos e indicadores organizados en los ocho factores que lo integran: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal
De manera general, los resultados muestran un deterioro en materia de Estado de Derecho en gran parte de las entidades del país, lo cual contrasta con los patrones observados en las ediciones anteriores y se explica por tres tendencias: el debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y una contracción del espacio cívico, el deterioro en los sistemas de justicia penal y la falta de avances en materia de anticorrupción.
Los estados con los puntajes más altos en este Índice son Querétaro (0.49), Yucatán (0.47) y Guanajuato (0.46). En contraste, los estados en los lugares más bajos son Quintana Roo (0.36), Morelos (0.35), y Guerrero (0.34).
Asimismo, desde la versión pasada, los puntajes aumentaron en 6 estados, descendieron en 14, y permanecieron sin cambios en 12. Tres entidades federativas destacan por mostrar un progreso sostenido (es decir cada año han subido al menos 0.01) en sus puntajes generales desde la primera edición del Índice en 2018: Baja California Sur, Guanajuato y Sinaloa.
Los contrapesos estatales registran un deterioro en más de la mitad del país, ya que el puntaje de los límites al poder gubernamental bajó en 17 estados del país y permaneció sin cambios de nuevo. Estas caídas se explican por dos tendencias: La primera es el debilitamiento del poder legislativo local y del poder judicial para actuar como contrapesos eficaces al ejecutivo estatal. La segunda es la contracción del espacio cívico, donde actúa la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa.
A pesar del deterioro de estos contrapesos, la sociedad civil y la prensa se ubicaron de nueva cuenta como los más efectivos ante el Poder Ejecutivo estatal por cuarta ocasión, por encima del Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos de fiscalización y control, y las comisiones de derechos humanos estatales.
Los datos muestran que los sistemas de justicia penal y civil han ido retrocediendo año con año. En la medición de justicia penal, de las 14 entidades que experimentaron caídas en los puntajes este año, seis también experimentaron caídas el año anterior.
Específicamente, más de la mitad de los estados en el país sufrieron retrocesos en: la garantía a los derechos de las víctimas, adhesión al debido proceso; la imparcialidad, independencia y ausencia de corrupción en el sistema de justicia penal, y la efectividad de las investigaciones hechas por la policía y el Ministerio Público, que continúa siendo el mayor desafío en materia de Justicia Penal en todos los estados del país.
La eficiencia del sistema de justicia civil, medido por su celeridad, también se vio afectada en 18 estados. Los mecanismos alternativos de solución de controversias siguen siendo la dimensión del sistema de justicia mejor valorado y una alternativa atractiva para mejorar el acceso de justicia en México.
Es así que estos resultados aportados por el WPJ adquieren mucha relevancia, pues es a partir de ellos que se pueden tomar medidas para generar estrategias que permitan fortalecer el Estado de Derecho en México, a través de los pertinentes procesos de planeación.
Tengamos presente que un estado de derecho efectivo en el país se verá proyectado en una reducción de la corrupción, combate a la pobreza y a las enfermedades, además de proteger a las personas de las injusticias.
Es la base para la justicia social, oportunidad y paz, las cuales sustentan el desarrollo y un gobierno responsable, además de que, sumado a la libertad y a otros ámbitos como la división de poderes y a la propia democracia, es una de las variables que contribuyen a un sistema político liberal.
Es por ello que es imprescindible tener clara cuál es la situación del Estado de Derecho en el país y sobre todo en que todas y todos: autoridades, ciudadanía, sociedad civil, academia e iniciativa privada, nos involucremos para que México se desarrolle con pleno apego a los derechos humanos.