Hace algunos días, celebramos el vigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), un acto sin precedentes, bajo el cual el Congreso de la Unión aprobó por unanimidad este ordenamiento para garantizar el ejercicio de derechos fundamentales para las y los mexicanos, así como dar pie a la creación del propio Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), conocido hoy como Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Sin embargo, el camino para alcanzar este gran avance no ha sido nada sencillo. Ha sido necesario transitar a lo largo de muchos años y diferentes etapas para conseguir materializar este marco jurídico que garantiza el derecho de acceso a la información pública.
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En esta labor es innegable reconocer que el impulso y el diseño legal e institucional contenidos en el proyecto aprobado en 2002, provino de la movilización ciudadana, del trabajo colaborativo y de las ideas promovidas por los académicos, periodistas y editores de periódicos, que, en esa coyuntura política, conformaron el llamado “Grupo Oaxaca” y presentaron una iniciativa de Ley en materia de transparencia y acceso a la información. Como consecuencia de la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en cada estado de la República Mexicana se comenzó la discusión para elaborar sus propias leyes locales que garantizarían el acceso a la información pública.
Se tienen antecedentes de que desde 1977 se reformaron diversos artículos de nuestra Carta Magna y diversas leyes, pero fue hasta el 20 de julio de 2007, a través de la modificación del artículo 6° de la Constitución -en el cual se consagran los principios relacionados con el ejercicio de acceso a la información-, cuando se elevó a nivel constitucional la obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso a la información. Asimismo, las reglas para el ejercicio de este derecho se establecieron en el momento en que se publicaron las respectivas leyes de transparencia, federal y locales.
Otro paso fundamental se dio en 2014, año en el que tuvo lugar la reforma constitucional, que hizo posible el tratamiento exhaustivo en el texto constitucional de los principios fundamentales relacionados con el derecho humano de acceso a la información y el derecho humano de protección de datos personales. Así como el reconocimiento constitucional del carácter autónomo del órgano garante.
Es por ello muy relevante no pasar por alto esta fecha y recordar la importancia del derecho de acceso a la información pública (DAI), bajo el cual se permite a toda persona el acceso a la información generada, administrada o en poder de los entes públicos.
Lo anterior quiere decir que todas y todos tenemos el derecho de solicitar información a cualquier instancia gubernamental u organización política, la cual no puede ser negada, salvo en los casos que prevé la propia Ley.
Además de fomentar un gobierno sin opacidad y de fortalecer la democracia, ejercer el derecho a la transparencia y al acceso a la información nos sirve para tomar mejores decisiones sobre la vida personal y comunitaria, además de permitir evaluar a conciencia las acciones de las autoridades.
Precisamente, de acuerdo con Fundar, de 2003 a 2021, se hicieron 2 millones 505 mil solicitudes de información a nivel federal. De ese total, 11.3% –equivalente a 285, 002– se hicieron entre octubre de 2020 y septiembre de 2021. En cuanto a los temas de las solicitudes, mayormente, la gente pregunta sobre los trámites, servicios o concesiones que realizan las instituciones o sobre estadísticas y resultados de las instituciones.
Otro de los temas más recurrentes en las solicitudes de información es todo lo relacionado con el presupuesto de los entes públicos. Al respecto, la transparencia es un componente esencial para democratizar la forma en que se distribuyen los recursos gubernamentales.
Es por ello, que debemos tener presente que como ciudadanos estos derechos nos facultan para conocer e indagar en cualquier tema que sea de interés público y que nos permita estar mejor informados sobre el uso y destino de los recursos tanto humanos como materiales.
Las bases están puestas, sin embargo, es nuestro derecho ejercerlo. No olvidemos que tenemos en nuestras manos el poder, por lo que podemos acercarnos al Órgano Garante de nuestro estado o incluso del nacional, el INAI, para recibir la orientación en el uso de mecanismos tan innovadores y a nuestro alcance como es la propia Plataforma Nacional de Transparencia. Hoy por hoy estamos a un clic de saber lo que necesitamos para vivir mejor.