De acuerdo con los datos del centro de evaluación México Evalúa, el 94.8% de los delitos denunciados quedan impunes. Además, se indica que una de las razones por las cuáles se genera esta situación es la falta de personal, donde por cada 100 mil habitantes hay sólo 11 fiscales, 9 peritos y 14 policías ministeriales.
La impunidad es uno de los problemas que aquejan al país y no permiten el funcionamiento adecuado de las políticas públicas que buscan erradicar la violencia. El bajo nivel de justicia crea el escenario perfecto para que los delitos sigan perpetuándose.
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Dentro del índice Estatal de Desempeño de Fiscalías y Procuradurías de la organización Impunidad Cero, se registró que de 27 millones 639 mil 203 delitos denunciados a nivel nacional, un millón 860 mil 292 de los casos comenzaron una investigación y sólo 318 mil 167 fueron resueltos, representando el 1.2%.
En el mismo informe, también se dio a conocer los mejores y peores estados calificados en cuestión de eficiencia en su sistema judicial durante 2020, tomando en cuenta indicadores de estructura, presupuesto y resultado. En este, el mejor estado calificado fue Nuevo León con 68.6 puntos de 100, en contraste, Puebla tuvo la peor calificación con 36 puntos.
En el caso específico de Puebla, dentro de los indicadores de resultados, los puntajes se encontraron por debajo del promedio nacional: el porcentaje de confianza de las personas en el Ministerio Público fue de 6.2%, la efectividad de la resolución de casos fue de 14.2% y la probabilidad de esclarecimiento de un delito con 0.75%.
Una de las razones por las que las fiscalías no dan resolución a los casos, según el informe de México Evalúa, se debe a la falta de un protocolo de priorización de casos, es decir, el presupuesto no se utiliza eficientemente. Christel Rosales, coordinadora del informe explica que “le dan la misma importancia a una desaparición y homicidio que a un robo menor”.
Este hecho es grave debido a la cantidad de personas desaparecidas que registra la Comisión Nacional de Búsqueda con 90 mil 34 personas en julio de 2021; este registro desde enero de 1964, no contabilizando la cifra negra.
En el caso de feminicidios, delito con alto nivel de impunidad, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 922 casos entre enero y noviembre de 2021; aumentando un 4.11% entre 2019 y 2021.
Aunado a ello, los homicidios dolosos en los últimos años de la administración actual han aumentado, donde la cifra es de 105 mil 804 asesinatos, superando la cifra de los años 2006 a 2012, cuando el gobierno de Felipe Calderón declaró la “guerra” al narcotráfico"; una de las épocas más violentas del país.
Tal y como lo menciona la directora de la organización Amnistía Internacional, Edith Olivares Ferreto, “esta administración no puede continuar con la narrativa de que arrastra problemas de las administraciones anteriores”. Además, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juaréz, comenta que: “es crítico de la postura del Gobierno de culpar a los gobiernos anteriores por la violencia, sin atender la crisis a fondo.”
Superar las cifras de los años más violentos del país es un indicador crítico para las administraciones tanto federales como locales para trabajar con más fuerza en la erradicación de la violencia, para lo cual se necesita un mejoramiento urgente del sistema judicial, donde se cuente con el suficiente personal capaz y especializado para dar justicia a las víctimas de los delitos.
A pesar de que la erradicación de la violencia sea una de las prioridades en la agenda política, es necesario realmente apropiarse del problema para su resolución, reconocer que hay un largo camino que recorrer y que es responsabilidad directa de la actual administración.
Así, el fortalecimiento de fiscalías y procuradurías depende de la gestión de las administraciones locales, las cuales deben apostar por mejorar sus protocolos, aumentar los recursos, capacitar a su personal y conseguir el suficiente para la cantidad de denuncias presentadas.