Mucho se ha hablado en días recientes de la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de aplazar la consulta revocatoria de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando falta de recursos para realizarla.
De acuerdo a este mismo órgano nacional, la revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.
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En esta labor, el INE tiene la tarea de realizar la promoción del voto, garantizando la observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género.
Sin embargo, a través del acuerdo INE/CG1796/2021 de su Consejo General, se determinó aprobar con 6 votos a favor y 5 en contra, el proyecto del titular del organismo, Lorenzo Córdova, de posponer temporalmente la realización del proceso de revocación de mandato 2021-2022, arguyendo la insuficiencia presupuestal derivada de la reducción aprobada en el anexo 32 del Presupuesto de Egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2022.
Estos argumentos, sin lugar a dudas, son un revés a los logros democráticos alcanzados en el país a lo largo de muchos años para poner en los ciudadanos el poder de decidir si debe o no continuar al frente del país la máxima autoridad como lo es el Presidente de la República.
Este hecho es sumamente cuestionable, dado que el propio órgano que debería ser el impulsor de la democracia, como es el INE, sea quien le está poniendo un freno y obstaculizando la participación de las y los ciudadanos en el país e incluso utilizando como rehén el propio mandato constitucional.
Cabe destacar que el INE presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el recorte presupuestal que impuso la Cámara de Diputados, por lo que en esta misma sesión se hizo hincapié de que la suspensión puede terminar si la Cámara disminuye el recorte presupuestal o si el propio Presidente autoriza una ampliación.
Precisamente, el 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto mediante el cual se adiciona el artículo 35, 41, 84 y 122 de la Constitución, con el fin de regular la figura de Revocación de Mandato y en el cual se destaca la atribución que se otorga al INE de tener a su cargo, de manera directa, la organización, difusión, desarrollo y cómputo de dicho proceso.
Incluso, las y los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y la jefa de gobierno de Ciudad de México, se han pronunciado, a través de un comunicado conjunto, en contra de la postura del INE por oponerse al libre ejercicio de derecho a la democracia de las y los mexicanos.
Hoy por hoy, debemos tener presente que los mecanismos de democracia directa son un derecho humano que no puede ni debe estar sujeto a intereses particulares, mucho más cuando su rango es constitucional.
Por lo tanto, el trabajo del INE debe estar centrado en la promoción del ejercicio de estos mecanismos y dejar de lado argumentos que, a la luz de los hechos, pretenden retardar un derecho de las y los mexicanos.
No olvidemos el camino que se ha recorrido para alcanzar estos logros en beneficio de los valores democráticos y participativos en el país. Fueron muchos años en los que las y los ciudadanos pugnaron para tener en sus manos el poder de refrendar o rechazar el trabajo realizado por sus funcionarios, aún más considerando que se trata de la máxima autoridad en el país.
Hoy no sólo se trata sólo de la posibilidad de revocar o no un mandato, sino de abrir o cerrar la puerta al ejercicio de la democracia participativa en México, justo aquella a la que se llegó a través de la República democrática que nos rige como país y cuya reglamentación se entraña en la promulgación de las constituciones mexicanas de 1857 y 1917.
Recordemos que la idea democrática continuará fortaleciéndose, siempre y cuando, la protección de los derechos humanos sea una realidad, como lo es el de revocación de mandato, mientras que los fracasos de ésta implicarían graves violaciones a los mismos.