En el marco del Día Internacional de las Personas Defensoras de Derechos Humanos conmemorado el 9 de diciembre y del Día Internacional de los Derechos Humanos celebrado este día 10 de diciembre, desde Voz Ciudadana por los Derechos Humanos vemos con preocupación una serie de acciones, procesos y medidas que Eduardo Rivera Pérez ha ordenado realizar al interior del ayuntamiento de Puebla para criminalizar a defensores de derechos humanos y violentar sistemáticamente los derechos de sus trabajadores. Se ha observado el incremento de procesos que busca engañar, confundir y lastimar a la sociedad, al criminalizar a aquellas y aquellos que buscan ejercer su libertad de expresión, de participación, de asociación.
Desde la oficina del presidente municipal se ordenó a la Sindicatura Municipal, a la Secretaría de Administración, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, a la Secretaría General del Ayuntamiento a través del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se generan nuevos procesos, nuevas acciones, modificaciones al COREMUN y a los manuales de procedimientos, que en el fondo buscan afectar el libre funcionamiento y actuar de las y los defensores de derechos humanos, buscando institucionalizar la criminalización de ellos, argumentando medidas de prevención por la pandemia, por prevención de seguridad para las y los poblanos buscando estabilidad en el municipio, romper con células que se están volviendo parte del crimen organizado, o buscando evitar el financiamiento de grupos de choque apoyados por la delincuencia,
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Por lo mismo algunas acciones están enfocadas a conceder facultades discrecionales a funcionarios del municipio para la vigilancia y fiscalización de las actividades que realizan defensores y activistas que están en contra de la Capital y contra el Estado. Lo que se pretende es que sea el Ayuntamiento de Puebla quien le haga el trabajo sucio al status quo poblano, tanto privado como público.
Uno de los rasgos característicos de gobiernos dictatoriales como lo que pretende apuntalar Eduardo Rivera en la capital del Estado y otros políticos de mayor jerarquía contra las y los defensores de derechos humanos son las prácticas institucionales y discursos que pretenden deslegitimar y poner en riesgo a quienes defienden derechos humanos, es decir, la contratación de medios a modo para que a través de ellos, se les busque criminalizar señalándolos de ser cualquier cosa que dañe la honorabilidad de su actuar, incluso con la complicidad de otros órganos de gobierno en el Estado de Puebla; iniciarles procesos judiciales, administrativos, el uso excesivo de la fuerza a líderes, seguidores entre otros para romper con las manifestaciones pacíficas y la criminalización de quienes participen, prisiones preventivas que no les permitan desempeñar su labor de la defensa de derechos humanos, pretendiendo inhibir la crítica en espacios públicos y generando un cerco que no permita que los medios de comunicación se enteren o se les amenaza con quitar apoyos si se publican las acciones contrarias a Presidente Municipal o su ayuntamiento. Otras acciones son las informáticas como los malware o reconocimientos faciales.
Así mismo se están utilizando estrategias como el sometimiento de los opositores institucionales a través de sus expedientes y amenazas de prisión, aunado a la reconstrucción de alianzas del pasado para que a través de ellos, manipulen a la oposición institucional a su favor; es decir, provocando y pretendiendo denunciar, señalando, argumentando, pero sin que se generen consecuencias reales contra el régimen de Eduardo Rivera, que sólo quede en notas y comentarios al pie de una publicación en algún medio de comunicación. Por lo mismo, me parece importante identificar quién es quién en la oposición, de dónde viene, qué acciones está realizando, cuáles tienen verdadera consecuencia y cuales en realidad están encaminadas a proteger su actuar o pretender ocultar el pasado.
Todo esto me obliga a exigirles a los regidores de los partidos o alianzas opositoras del régimen en lo individual y en lo colectivo que se pongan a estudiar, que se preparen, que realmente se vuelvan un contrapeso no sólo de palabra sino de acción en el ayuntamiento de Puebla; pues nada de lo antes dicho, se les ha escuchado decir a ellos. No nos podemos permitir que su actuar sea sólo de observadores o de críticos de palabra. Urgen acciones contundentes, legales y reales. No podemos permitir que se pretenda agarrar de carne de cañón a las víctimas del ayuntamiento porque en lugar de dignificar su actuar, lo que se estaría haciendo sería revictimizando a las personas que ya de por sí son afectadas. Es muy diferente empoderar a la víctima y volverla defensora, a revictimizar a la víctima. Urge dignificar la lucha por los derechos humanos y la primera línea le corresponde aquellas personas que están hoy como contrapeso en el ayuntamiento de Puebla. Si no se ponen serios en lo que hacen, lo único que motivarán es que este dictadorzuelo municipal realmente termine teniendo opciones para ampliar su actuar a nivel estatal.
Acciones concretas que este Gobierno Municipal esta realizando ya como violaciones de derechos humanos está el que conocemos todos o la mayoría de los poblanos, la “suspensión” de los cien trabajadores basificados, la criminalización de los trabajadores de acciones que no son realizadas por ellos sino por la figura patronal, pues no son los trabajadores los responsables de que se les otorgaran las bases regular o irregularmente, sino la responsabilidad recae en la figura patronal que las otorgó; es decir, la suspensión y el inicio de procedimientos ante la Contraloría y no ante la Sindicatura o el Tribunal de Arbitraje, debió hacerse en contra de aquellas personas que en su calidad de representantes de la patronal lo hicieron y no en contra de los trabajadores que sin responsabilidad alguna fueron beneficiados. Aquí el problema radica en que quien los está defendiendo y acompañando a estos trabajadores es quien fungía como secretario de Administración; es decir, que él tendrá una tarea compleja pues defender a los trabajadores de algo que no es responsabilidad de ellos, sino en realidad es responsabilidad de quien hoy los defiende, se torna complejo pues la defensa debe radicar en que los trabajadores adquiriendo sus derechos irrenunciables independientemente de lo bueno o malo que realizó la parte patronal y precisamente a través de quien fuera el titular de la Secretaría de Administración y posteriormente de la Tesorería Municipal.
Otras acciones que denuncié públicamente en un programa de Internet. Hace unos días fue que Eduardo Rivera ordenó utilizar como herramienta de coacción para callar las voces inconformes, que no se realizaría el pago del finiquito y su estrategia es el pretexto de que los extrabajadores no han entregado completo un formato, que es a todas luces ilegal y violador de derechos humanos instalado desde el morenovallismo y que corresponde al formato FORM.210/SECAD/112124 denominado Constancia de liberación de resguardos varios, que se trata que los extrabajadores a pesar de ya no laborar en el ayuntamiento le hagan la chamba a la patronal de complementar la documentación faltante a cambio de sellos, como si se tratara de monedas para un limosnero. Sin embargo, esta constancia que es el requisito previo a solicitar el pago de tu finiquito se trata en realidad del documento de coacción de la patronal para estar callado frente a las ilegalidades.
Por ejemplo, le exigen a los trabajadores que el expediente de personal que, está a resguardo de la patronal, se tenga al corriente, es decir, la patronal le traslada la obligación al trabajador de algo que es obligación de la misma patronal, aunado a esto, el trabajador no cuenta con ninguna garantía, comprobante o acuse por el cual pueda defenderse en caso que la patronal por equivocación, olvido o intencionalmente desapareció algún documento. Lo mismo sucede con la identificación oficial, los resguardos, etc. Aunado a lo anterior, la patronal instruyó que los sellos tuvieran un orden que motiva tratos indignos e inhumanos para las personas pues todo inicia en su Área de Adscripción de allí se tienen que trasladar al edificio de la Tesorería y caminar cinco pisos porque no funciona el elevador, luego trasladarse a la planta baja y subir un interpiso; volver a subir al quinto piso por otro sello, bajar al primer piso por otro más, subir al cuarto piso por otro sello y bajar al segundo piso para pedir mayor información y subir al tercer piso.
Si en alguna de estas etapas el personal argumenta de palabra y por su propia decisión, falta algún papel o no tienen registros o algo similar, no puedes recolectar los sellos siguientes; eso significa que tienes que regresar después, esta práctica es inhumana, indigna y violatoria de los derechos humanos. Ahora bien, hace poco escuché a quien fuera el secretario de Administración hablar de que no se les ha pagado el finiquito a los extrabajadores, pretendiendo encabezar esta causa también. Mi pregunta es por qué este procedimiento que él mismo impulsó a que se instaurara en la administración de Antonio Gali Fayad y que como secretario de Administración también tolero y permitió, no decidió omitirlo, pues es esta la herramienta que utiliza la patronal para no pagar lo que por derecho corresponde. No vaya ser que nos pase a nosotros como les está pasando a los cien trabajadores de base “suspendidos” y nos quedemos sin tiempo y sin acciones que realizar para defender nuestros derechos laborales.
Tengo claro que este artículo me traerá consecuencias en lo político, en lo social, en lo personal pero me preocupa como persona, como persona de izquierda, como simpatizante de la 4T, como obradorista, como defensor de derechos humanos, que hoy en el municipio de Puebla nadie me represente y que en realidad representen al Yunque Dictatorial de Eduardo Rivera Pérez, o son peones del neoliberalismo disfrazados o representen al morenovallismo recalcitrante de Antonio Gali, Aréchiga y otros más; y que quienes son verdaderos activistas, representantes del pueblo no se les reconozca, porque claro que existen en los regidores dignos representantes pero no se les escucha, y se les está pretendiendo someter.
También no podemos permitir poner a nuestros compañeros de lucha como carne de cañón y números como borregada para beneficio de una persona o un grupo que sólo tiene para sus intereses personales, políticos y perversos ni siquiera de quienes dan la cara, sino de aquellos que prefieren hoy no mostrarla, pues quienes dan la cara sólo son peones de quienes realmente tienen el poder y, que si ya engañaron a gente de buena voluntad un poco más de tres años, no podemos permitirnos que sigan lastimando una lucha que la iniciamos muchos que tuvimos consecuencias por esos mismos perversos que hoy pretender decir ser nuestros aliados. No podemos seguir tolerando que aquellos que motivaron que perdiéramos, salud, patrimonio, estabilidad, libertad, ni mucho menos podemos permitir que se autodenominen o se vuelvan los líderes en las luchas sociales, porque en realidad son mercenarios de la política al servicio de quien les otorgue ese poder y estos mismos son los que han ocasionado lo que hoy está sucediendo. Ya basta de permitir que se siga infiltrando la tenebra pero peor aún que, esos infiltrados los estén empoderando.
HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE.
Voz ciudadana por los Derechos Humanos.