El próximo año, México volverá a vivir un proceso electoral y como ya es costumbre, esto afectará el desempeño de los gobiernos y la falta de presupuestos para atender servicios públicos.
Adicionalmente, el Instituto Nacional Electoral y el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentran enfrentados, con la maquinaria de Morena secundado a su jefe en la tarea de sistemáticamente debilitar al INE. Ya le quitaron miles de millones de pesos, para que Lorenzo Córdova sienta que en este país nadie se mete con el Presidente y menos cuando se es tan poderoso como AMLO.
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Y el camino al proceso electoral de 2022 comienza con el ejercicio de revocación de mandato, del cual prefiero no expresar opinión, pero que necesita recursos e inevitablemente la participación del INE. Toda falla, omisión o irregularidad conllevará una guerra de culpas. El gobierno acusará al INE de corrupto y de sabotear el proceso, y el INE señalará que no tuvieron los recursos necesarios para organizar el evento como se debe.
Y con ese ánimo se llevarán a cabo las precampañas y campañas electorales en el 2022, donde las reglas que el INE ha determinado, implican de facto que ya no se pueda hacer proselitismo a menos que cada candidato pase las 24 horas del día con un abogado junto a ellos, diciéndoles qué sí se puede, qué no y qué está sujeto a interpretación.
Qué bueno que las campañas nos cuesten menos a los mexicanos, pero lo cierto es que nos siguen costando mucho, y las reglas del INE caen en el exceso. Su área de fiscalización es una suerte de Unidad de Inteligencia Financiera, hoy dirigida por Pablo Gómez, que se erige como un ente inquisidor todo poderoso y que opera bajo la presunción de culpabilidad y no de inocencia, como lo requiere el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
La fiscalización del INE en verdad raya en el absurdo. Todos los excesos son malos, pero cuando el exceso se va hacia prohibir todo, la salida es siempre buscarle la vuelta a las cosas. Y nuevamente, eso genera más ilegalidad en el país y en la cultura de todos los involucrados en el proceso.
En los estados que no tienen proceso electoral en 2022 ya se nota el movimiento para el 2024. Puebla es uno de ellos, donde el proceso de sucesión ya comenzó. Morena tiene un par de aspirantes que tienen cartel a nivel nacional, en las personas de Ignacio Mier y Alejandro Armenta, pero no son los gallos del gobernador Miguel Barbosa Huerta, al menos no por el momento. Y no se vislumbran al día de hoy actores de su círculo cercano que estén avanzando con una estrategia ni con la bendición de su jefe.
El PAN tiene la oportunidad de retomar la gubernatura al alcance de sus manos, en la persona de Eduardo Rivera, quien ha comenzado su gestión con muchos eventos y una buena comunicación, pero su partido se encuentra enfrascado en la división, por la elección de su dirigencia estatal. Aunque falta tiempo para que lo fuerte comience, cada día que pasa en esta disputa y cada rompimiento entre sus propios equipos, les debilita.
En breve deberán llegar las señales por parte de Casa Aguayo, porque por ahora la disputa en el PAN, la debilidad del PRI y la aún poca fuerza de MC en el estado, le dan oxígeno al partido en el poder. Pero eso cambiará muy pronto, y aunque no se vislumbra por ahora en Puebla un fenómeno como el de Samuel García y Mariana Rodríguez, nunca se sabe qué puede surgir en un mundo que hoy, se mueve a base de esos shows mediáticos que muchos parecen todavía no comprender.
El proceso electoral de 2022 está a la vuelta de la esquina y el del 2024 ya comenzó. La figura a observar en los próximos meses: el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
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