Con el gobierno de Rafael Moreno Valle, la inseguridad creció a medida que su gestión como gobernador se hacía añeja. Con la mirada puesta en la Presidencia de la República, el nieto del exgobernador de Puebla del mismo nombre, no tuvo empacho en utilizar cualquier medio con el fin de ser no solamente mandatario estatal de la entidad poblana, sino también ocupar la Presidencia de México.
Su personalidad no fue ajena al de gobernar. Lo relevante es que durante su gestión el crimen creció en el estado como en ninguna otra época. Si bien es cierto que los despojos de ‘Los Zetas’ llegaron a la entidad por su vecindad con Veracruz siguiendo el ducto que viene de Minatitlán, también es cierto que en Puebla (el crimen organizado) encontró, particularmente en la región del “Triángulo Rojo”, una población desprotegida y con bajos ingresos, material y subjetivamente en condiciones para ser empujada a establecer alianzas con estos grupos.
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Aunque no debemos generalizar, si bien es cierto que estos grupos lograron una base social en algunos poblados, la mayoría de la población del llamado triángulo rojo, salvo excepciones, se ha mantenido al margen de la manera como operan los grupos delictivos. Habrá que señalar que, en algunos casos, los campesinos fueron presionados para “rentar” sus tierras al crimen porque por sus parcelas pasaban los ductos. Otros lo harían empujados por la falta de apoyo gubernamental, pero no todos.
Los municipios del “Triángulo Rojo” (Acajete, Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Tecamachalco y Palmar de Bravo) que han sido el teatro de operaciones de los grupos llamados criminales y su población clasificada como pobre, inferiorizada por el discurso de la pobreza extrema, encontraron un terreno fértil para la ganancia obtenida de la extracción de gasolina y gas, lo que les permitió y ha permitido repartir beneficios y dotarse de una base social.
Todo lo que ocurría en la “Triángulo Rojo” (cuya influencia por la venta de huachicol se extendió a varias regiones del país), fue ocultado mediante la creación de una infraestructura urbana a partir de un brutal endeudamiento de la entidad, así como de la captación de proyectos industriales como la planta de Audi en San José Chiapa. La población urbana fue deslumbrada con obras mientras en el campo del “Triángulo Rojo”, operaba una alianza entre el gobierno y crimen organizado.
Las operaciones, una de las tantas huellas encontradas, se realizaban a través de la familia Valencia. Ocupaban puestos dentro de la administración de Moreno Valle y desde ahí operaban la extracción de huachicol de los ductos de Pemex, según Fernando Manzanilla, cuñado de RMV y exmiembro del gabinete del exgobernador. Como se sabe Rafael Moreno Valle falleció en un lamentable accidente en diciembre de 2018, de una manera poco esclarecida hasta el momento y en donde la relación-protección a través de su gobierno a grupos que participan del huachicol, no se han indagado.
La figura clave del huachicoleo de cuello blanco fue Rafael Valencia (su esposa fue detenida en un cateo a su residencia), edil de Venustiano Carranza en aquel entonces, cuyo hermano operaba la jurisdicción sanitaria de Huauchinango, refiere Manzanilla en una entrevista concedida al periódico Sinembargo. Las escuelas tecnológicas de la entidad también estuvieron controladas por esta familia.
De acuerdo a esa nota de Sinembargo: "Rafael y Jorge Valencia no son los únicos miembros de la familia que participan en política. En el proceso electoral de este año Patricia Valencia Ávila, fue postulada para una diputación federal por la coalición “Por México al Frente” entre el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), la misma alianza que postuló a la gubernatura del estado a la esposa de Rafael Moreno Valle, Martha Erika Alonso".
RMV estuvo vinculado a Genaro García Luna, detenido y sometido a proceso en los Estados Unidos. Muy cercano a él pues de esa relación, RMV montó un equipo de seguridad estatal y de espionaje en cuyas actividades incluía la vigilancia a gente de su propio equipo de gobierno. Algunos de los inmiscuidos en esas tareas al parecer ya no viven para contarlo, según columna de “La Corte de los Milagros” que edita Rodolfo Ruiz, director de esta casa e-consulta.
En julio de 2015 fue detenido por miembros del ejército "Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, director y jefe de Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva, por su relación con la comisión del delito de robo de combustible a Petróleos Mexicanos" (Excélsior, 15 de julio de 2015). Debe subrayarse que en Puebla campeó el huachicoleo, pero también la extorsión, el secuestro y el asesinato. No se ha terminado totalmente. Estas actividades se expandieron a toda la entidad.
La clase política local estuvo inmiscuida en esas actividades de manera directa o indirectamente. En política la ignorancia no es disculpa, ya se sabe. El Congreso del Estado de Puebla” del primer tramo de gobierno de Moreno Valle aprobó la controvertida “Ley Bala” que criminalizaba la protesta. Por un lado, la población con baja renta, los despojos de Los Zetas que llegaron a la región, el gobierno huachicolero y protector de estos grupos y, finalmente, una ley, la “Ley Bala” que inhibía la protesta.
De ahí que no resulte extraña las alianzas entre gobierno y crimen. Facundo Rosas, titular de Seguridad Pública de Moreno Valle, gente de Genaro García Luna, fue quien implementó el operativo en San Bernardino. Rosas también fue mando de la Policía Federal Preventiva, por lo que fue citado para declarar por la entrada de armas de EU a México durante el Rápido y Furioso. Su jefe era García Luna.
Una de las víctimas de la “Ley Bala” fue el niño José Luis. Un 9 de julio de 2014, vecinos de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan protestaban para que les restituyeran las oficinas del Registro Civil. El pequeño recibió un disparo de un arma de bala de goma, que la “Ley Bala” autorizaba utilizar a la policía. Después de 10 días, el niño falleció. Finalmente, la legislatura con mayoría morenista, en agosto de 2019, decidió abrogar dicha ley.
Los legisladores fueron comprados con dinero por RMV. Los legisladores llegaron a recibir un premio de cien mil pesos por cada voto que emitían a favor de las leyes que presentaba ante el Congreso el gobierno morenovallista, según denuncia expuesta por una diputada perredista, Socorro Quezada. La nota ya no aparece en los registros digitales.
Lo ocurrido en San Pablo Xochimehuacan es parte de esa maldita política que tanto ha dañado a la población.