Jack Sullivan es un hombre de la clase media católica de la región de los grandes lagos del Medio Oeste de los Estados Unidos, egresado de Yale y Oxford.
Encabeza en los días que corren al Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, y ha hecho eco de los lineamientos esgrimidos por el presidente Biden tendientes a fortalecer a la clase media, seguramente en plena concordancia con las páginas de Francis Scott Fitzgerald y Thorstein Veblen, leídas en la primera juventud al unísono de que en la mesa familiar degustaba el pescado de los lagos de Minnesota.
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En su visita a nuestro país se encargó, conjuntamente con Stephanie Syptak-Ramnath, encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en México, de acordar con la Cancillería mexicana la agenda del encuentro entre ambos presidentes programada para el mes entrante.
Curiosamente entre los tópicos a tratar por los mandatarios de ambos países y de los que al efecto se dio cuenta puntual a la opinión pública, no figura extrañamente el concerniente a las relaciones sindicales.
Al unísono se presentó en la escena pública el primer señalamiento de la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos emitido bajo las disposiciones que al efecto se contienen en el T-MEC en que se determina el incumplimiento de derechos laborales por parte de la planta de autopartes Tridonex, ubicada en Matamoros, Tamaulipas.
Las autoridades mexicanas, por su parte, manifiestan que “no necesitan que les digan que hacer” con relación al cumplimiento de los compromisos pactados por el país.
“Los inspectores laborales” como instancia prevista en el tratado lleva implícita tanto una clara intromisión de las autoridades norteamericanas en asuntos internos del país como un choque de disposiciones entre los criterios de índole liberal que se plasman en la “Wagner Act” de 1936 respecto al denominado “Proyecto Portes Gil” de 1931 que, en resumidas cuentas, no es más que la traducción al castellano de la “Codo di laboro” de Benito Mussolini.
La promoción laboral con miras a fortalecer a la clase media que se esgrime como baluarte de la administración Biden, remite en efecto a la profundidad de visión de Thorstein Veblen y resulta ser una verdadera bocanada de aire fresco, después de la cretinez imperante promovida décadas atrás por Reagan y Thatcher.
No obstante, en el horizonte se presentan varias inquietudes, una de ellas, es la referente a la transición de la industria automotriz, principal destinataria de las disposiciones contenidas en la materia en el referido tratado, del motor de combustión interna a la batería eléctrica, en un momento en el que, pese a los motivos que determinaron la suscripción del T-MEC, siguen siendo las firmas germanas y niponas las que aventajan en el mercado de vehículos.
La segunda de las consideraciones a dilucidar gira en torno al cambio en la vida laboral que la implementación de las tecnologías de “inteligencia artificial” traerá aparejada consigo.
Finalmente, cabe la inquietud respecto a si el impulso laboral en marcha pueda ser una reedición respecto del que recibieron las organizaciones sindicales en el área del Caribe en la posguerra, al momento de conformarse la Organización Regional Interamericana del Trabajo (ORIT) con miras a desplazar a la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) fundada por Vicente Lombardo Toledano.
Desplazamiento en el que, al decir de Phipp B. Age en su célebre obra “Dentro de la Compañía”, la central sindical de los Estados Unidos (AFL-CIO) jugaría un papel por demás preponderante.
Inquietudes que, por lo que sabemos, no serían materia de discusión entre Jack Sullivan y Stephanie Syptak-Ramnath con los responsables conducentes de la Cancillería mexicana, pero que a no dudarse, estarán presentes en el diálogo a celebrarse en septiembre entre los presidentes de México y Estados Unidos, cuando se encuentra ya en funciones el embajador Ken Salazar.