El artículo 1º. Constitucional consagra los derechos humanos previstos en este ordenamiento y en los tratados internacionales firmados por nuestra Nación. Entre éstos se encuentran los derechos políticos como el derecho a elegir y a ser electo.
No existe ninguna circunstancia en la que estos derechos se vean restringidos, incluido un estado de excepción. Es importante señalar esto porque en la reunión de un grupo de personas, que no del Consejo Universitario, llevada a cabo el 4 de agosto próximo pasado, se tomaron “acuerdos" en el sentido de convocar a la elección de la rectoría de la BUAP sin renovar a la máxima autoridad de la Universidad: el Honorable Consejo Universitario. De consumarse este “acuerdo”, esto es, emitir una pseudoconvocatoria, con el nombramiento de una pseudocomisión de auscultación y una pseudocomisión electoral, y todo lo relativo a la pseudoelección de la rectoría de la BUAP, se estará intentando suprimir el derecho de estudiantes, docentes y trabajadores no académicos a elegir a sus representantes ante el Consejo Universitario, máxima autoridad de la universidad, entre cuyas funciones se encuentra la de nombrar al rector de la institución.
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De consumarse este intento de suprimir el derecho político de elegir y ser elegido, los universitarios carecerán de la representación legal y legítima que requieren para que su mandato sea llevado al seno del consejo universitario. Nadie, ningún otro universitario que no sea el elegido por los propios universitarios, tiene la facultad para comunicar el voto mandatado. Ni siquiera el director o directora de la Unidad Académica que, para efectos de la elección rectoral, tienen el voto libre, esto es, el voto de su predilección, y no representan en el consejo a ningún sector: ni al docente, ni al estudiantil ni al de los trabajadores no académicos.
Es incomprensible para nosotros que el actual rector, Dr. Alfonso Esparza Ortiz, incumpla con su obligación de convocar a la renovación del consejo, pues al hacerlo está conculcando el derecho político de miles de universitarios. Esta atribución solamente le compete a él y a nadie más. ¿Por qué cerrar de esta manera su gestión?, ¿por qué no restablece lo que está en sus manos restablecer, un estado de Derecho, un estado de observancia de la normatividad interna de la universidad?, ¿por qué sumir a la Universidad en esta inestabilidad que sólo puede generar la imposición, el miedo, la incertidumbre y la convicción de que las acciones llevadas a cabo no son en beneficio y por el bien común de los universitarios sino de un grupo que quiere, a cualquier precio, imponer sus designios? No hay justificación alguna para este actuar.
Nosotros, como seres humanos tenemos la cualidad de ser racionales y de guiar nuestra conducta de acuerdo con principios morales que consideramos universales. ¿A quién le parecería justo que no se le tratara como a una persona libre y autónoma?, ¿que no se le tratara como un fin en sí mismo y no sólo como un medio?, ¿que no se respetara su dignidad que es lo único que no tiene precio?
Ser tratados como personas. Eso pedimos a las autoridades universitarias. ¿No les parece a ustedes de la mayor importancia preservar los derechos políticos de los universitarios para estar en posición de defender una autonomía genuina?