Patrimonialismo o modernidad: dilema de mexicanos

Jueves, Mayo 27, 2021 - 16:47

En estas elecciones se enfrentan dos visiones: el estado propietario y el estado global

Trabaja en el Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV). Dr. en Filosofía por la Universidad Panamericana. Autor de numerosos artículos especializados y periodísticos, así como de varios libros.

Escribe Octavio Paz que México permanentemente ha vivido en el dilema entre el patrimonialismo y la modernidad. Por un lado, están los que sostienen la visión del estado propietario, dueño de vidas y haciendas. En línea de continuidad, además, conciben al estado como propiedad del gobernante. Esta es básicamente la visión del patrimonialismo que viene desde el virreinato hasta el nacionalismo revolucionario (y quizá desde los usos y costumbres de los caciques precolombinos).

Por otro lado, los que piensan que México -sin socavar su historia ni su identidad- está inscrito en el contexto del globo y forma ya parte de la cultura universal de nuestro tiempo (pueblo plural, sociedad compleja pero organizada jurídica y políticamente en un estado democrático de derecho). Y mientras el patrimonialismo busca adueñarse de los bienes públicos a nombre del pueblo, la modernización busca no sólo partidarios sino sobre todo interlocutores.[1]

Mi generación, en su etapa de formación —la década de los ochenta y la mitad de los noventa (quince años, si seguimos la nomenclatura orteguiana)— fue testigo de algunos cambios históricos tanto a nivel nacional como mundial. Vivimos en Chihuahua el fraude “patriótico” de Bartlett en el 85, la caída del sistema que le dio el triunfo a Salinas en el 88 (también operado por Bartlett). A nivel mundial constatamos la caída del Muro de Berlín y el desplome del bloque comunista soviético. Culturalmente vivimos el nacimiento de Internet y los dilemas entre, por un lado, el relativismo, la posmodernidad y, por el otro lado, el surgimiento de los personalismos y nuevas formas de orientación intelectual, también católica con el papa Juan Pablo II.

Las reformas político-electorales en el país, que ya se venían dando desde 1977, se fueron consolidando a fines de los ochenta e inicios de los noventa. Sobre todo en esta segunda década, hubo un logro fundamental: que las elecciones salieran de la mano del gobierno (éste siempre fue juez y parte en las elecciones —que nunca fueron democráticas en el largo periodo de la hegemonía del nacionalismo revolucionario). Fue un cambio fundamental para la vida política del país. Un reclamo del pueblo, de muchos sectores de la sociedad civil organizada, incluyendo comunidades indígenas, jóvenes, mujeres y sectores vulnerables. Izquierdas y derechas, centros y periferias, se unieron a ese esfuerzo que culminó en la estructuración, formación, maduración e independencia del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral.

En 1997, el PRI (entonces partido del régimen hegemónico, con sus diversas corrientes ideológicas, incluyendo la de quienes intentaron modernizarlo) perdía por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados y, también, el gobierno de la Ciudad de México. En esa elección en Puebla, el PRI arrasaba en todos los distritos de la entidad. No perdió uno solo. El gobernador era precisamente Manuel Bartlett; sus operadores electorales estuvieron muy bien aceitaditos.

Luego vino la alternancia en el 2000, con el triunfo de Fox en la presidencia de la República, el triunfo de Calderón en el 2006 y el de Peña Nieto en el 2012. En todos esos comicios el IFE fue consolidando y perfeccionando la organización de elecciones libres, confiables y pacíficas. Ya transformado en INE, en 2018 volvió a garantizar una elección como lo sabe hacer: confiable, con certeza completa y bajo todos los principios que le han caracterizado desde que la organización de las elecciones dejaron de estar en manos del gobierno.

Por eso llama la atención que el presidente actual ataque de forma frontal a esta institución que por ley debe garantizar el ejercicio de elecciones libres, democráticas, periódicas y pacíficas. Por otra parte, se ha dado a conocer que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que, en el evento del 30 de marzo pasado, López Obrador incurrió en propaganda gubernamental personalizada, pasando por encima de los artículos constitucionales 41, base III, apartado C, y 134, párrafo octavo.

Por cierto, varios representantes de organizaciones de observación electoral norteamericanos (Estados Unidos y Canadá) presentaron un informe sobre el proceso electoral federal en curso. Señalaron que el INE ha mostrado independencia y profesionalismo en la organización de la elección del próximo 6 de junio. Reconocieron, asimismo, lo complejo que resulta la intervención política del presidente de la República y de otros actores políticos que atacan a esta institución electoral.

Señalaron que organizar la elección en tiempos de pandemia de suyo constituye ya todo un reto. Pero ya ha mostrado el INE que puede hacerlo con total certeza, dijeron. Al ser acusado de un supuesto fraude, sostuvieron los observadores extranjeros, los ciudadanos deben ser conscientes de que quien acusa tiene que presentar pruebas y no sólo dichos. Un fraude sólo es evidente si hay pruebas.

Por otro lado, indicaron que les preocupa la violencia generalizada y los asesinatos incluso de candidatos y candidatas. En el informe referido apuntaron, además, que preguntaron a la Fiscalía General de la República sobre esta situación y ésta simplemente no respondió (aunque ha sostenido que conoce las zonas donde se ha dado ese tipo de violencia). No sabemos por qué no respondieron a nuestras preguntas, volvieron a apuntar los observadores en conferencia de prensa. Igualmente, buscaron reunirse con funcionarios del gobierno federal pero éstos no aceptaron la invitación.

Lógicamente uno se pregunta si puede un gobierno ser democrático y defender la democracia, o hablar a nombre de ella, si no le gusta rendir cuentas ni ser observado. En un evento organizado por el CIDE el 26 de mayo, los encuestadores más relevantes del país, señalaron que las narrativas que giran alrededor del presidente son dos: Una que justifica lo que se hace porque hay un pasado que hay que corregir. Otra que insiste en que se debe considerar que hay un futuro que construir. Ambas son válidas y legítimas, dicen estos especialistas, pero la primera es más tangible porque, en efecto, la gente siente más el peso de la corrupción. Es más, se enoja y se indigna, precisamente porque esa narrativa genera una imagen fácil de entender. En cambio, la narrativa que se refiere al futuro se ve imprecisa, difícil de captar y se relativiza al requerir imágenes concretas. Por eso le resulta al presidente más fácil lo primero, que a la oposición lo segundo.

Entre los extremos —por un lado, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados por parte de Morena y sus aliados, y, por el otro lado, la victoria de la oposición—, quizá es mejor pensar un escenario híbrido. Sin mayoría calificada, López Obrador seguirá polarizando, atacando, señalando, descalificando. Difícilmente lo veremos dialogando, consensando, convenciendo. Pero eso dependerá de los resultados. Hasta este momento, se le está complicando esa mayoría calificada.

Por otra parte, en Puebla capital, las propuestas de la alianza encabezada por Eduardo Rivera Pérez parecen cobrar más cuerpo que las de la presidenta municipal con licencia. Es más tangible imaginar mil calles pavimentadas, que un discurso sobre la corrupción que no parece algo propio sino prestado, sustraído o robado de la narrativa presidencial del gobierno federal. Ya los capitalinos poblanos escogerán, aunque mil calles realmente pavimentadas no necesariamente se contraponen a la lucha contra la corrupción y puede ser una buena oportunidad de transparencia y rendición de cuentas.

[1] Cf. O. Paz, Pequeñas crónicas de grandes días, Fondo de Cultura Económica, México 2018, pp. 68-78.