La seguridad que tienen los migrantes extranjeros cuando transitan por el territorio mexicano es deplorable. Mientras transitan, ejerciendo su derecho humano, por México sufren todo tipo de agresión, violencia, vejación, maltrato, discriminación, trata de personas, abuso sexual, inclusión en las filas del narcotráfico y, en el peor de los casos, tortura y muerte. Aunque parece sorprendente muchas de estas agresiones son perpetradas por organizaciones criminales, pero también por las fuerzas de seguridad del Estado mexicano.
El sábado, 19 de enero de este año, fueron encontrados 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas. Los 16 hombres, una mujer y dos por confirmar su sexo fueron encontrados en diferentes vehículos en el poblado de Santa Anita, municipio de Camargo, trajo a la memoria la masacre ocurrida en 2010, en el municipio de San Fernando, en la misma entidad federativa, donde 58 hombres y 14 mujeres de diversas nacionalidades fueran masacradas y los 49 asesinados llevada a cabo en 2012, en Cadereyta, Nuevo León.
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Así como en México escuchamos o vemos noticias sobre casos trágicos de hundimientos de barcos y balsas en el Mar Mediterráneo con cientos de niños, niñas, mujeres y hombres que migran de manera forzada desde África, Asia y Latinoamérica y nos causan horror, situaciones de la misma naturaleza se viven en las fronteras del sur y norte del país. Pero, ¿qué pasa con la protección y garantía de los derechos humanos de estas personas?, ¿qué hace el Estado mexicano para proteger a quienes tienen el derecho a transitar de manera segura por el país?, ¿por qué se sigue criminalizando la migración forzada, cuando ningún ser humano puede ser extranjero en el mundo?
Tal parece que la política migratoria y las estrategias de seguridad, en general, como la de apoyo a los migrantes en México es un fracaso. Aun cuando el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado que se necesitan acciones conjuntas con las naciones centroamericanas con la finalidad de promover un desarrollo económico en la región, por lo contrario, las acciones de represión en la frontera sur, el abandono de quienes logran pasar los retenes del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, las policías municipales y estatales y grupos de la delincuencia organizada dejan ver que no hay acciones legales y humanitarias para que durante el tránsito de estos migrantes reciban un trato digno, como todo ser humano.
La última masacre, la cual es compara por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un equivalente a la de San Fernando, de hace 11 años, vuelve a abrir la herida, pero también la exigencia al estado mexicano para que proteja a los migrantes y garantice todos sus derechos durante su paso por nuestra nación. No es un acto solamente de buena voluntad, sino un derecho que todo ser humano debe gozar, aun en el inmenso dolor que significa dejar sus tierras, raíces y familias para obtener lo mínimo para subsistir o proteger sus vidas.
Picaporte
La salud del presidente, Andrés Manuel López Obrador, es un asunto que concierne al país, no un secreto de Estado ni una violación a su privacidad, ya que él es una figura pública, elegida por un pueblo. Hay que dejar la farsa de la secrecía, darle un sentido humano de alguien que se contagió de Covid-19, como otros miles de mexicanos que padecen de la misma enfermedad. En tiempo de encierro no se ocupa incertidumbre, sino información clara que dé esperanza.