El pasado 9 de noviembre en Quintana Roo, colectivas feministas protestaron para exigir justicia por el feminicidio de Alexis. Sin embargo, en medio de la protesta, los cuerpos policiales que se encontraban en el lugar la disolvieron por medio de disparos contra las protestantes. Luego de estos actos, el gobernador del estado se disculpó por la “incompetencia de los policías que no acataron mis instrucciones”.
A pesar de las disculpas públicas y medidas tomadas por el gobierno de Quintana Roo, esta situación no es un caso aislado. México en los últimos años ha sufrido constantemente del abuso de poder por parte de las autoridades, y lo acontecido el pasado 9 de noviembre es parte de la realidad que vive el país actualmente.
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De acuerdo con datos del Human Rights Watch, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entre 2001 y 2017 acumuló más de 13 mil 262 quejas por detenciones arbitrarias. Con respecto al mismo delito, entre el primero y cinco de junio del presente año, se registraron 21 quejas. También se menciona que, entre enero y julio de 2019 se recibieron 241 reportes de presuntos abusos militares.
Además, en el mismo informe de Human Rights Watch, se destaca la tortura por parte de cuerpos policiales a detenidos antes de ser llevados con agentes del Ministerio Público; se explica que los detenidos suelen ser llevados a bases militares o centros de detención ilegales, y en ocasiones, las confesiones obtenidas por medio de la tortura son utilizadas como pruebas en procesos penales.
Durante este año, en medio de la situación de la pandemia se han dado casos que muestran estos problemas de forma clara. El caso del asesinato de Giovanni López en Jalisco por no usar cubrebocas, el de Alexander Martínez en Oaxaca por ser supuestamente confundido con un delincuente o incluso las represiones hacia las mujeres en las marchas del #28s, son algunos de los ejemplos que provocan el miedo a las autoridades que por obligación deberían garantizar la seguridad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), un 45.6% de los encuestados ha experimentado algún acto de corrupción con alguna autoridad de seguridad pública. Además, en la Ciudad de Puebla, sólo el 39.7% de los encuestados considera que la Policía Preventiva Municipal les inspira confianza. Estos datos demuestran la mala gestión de las autoridades con respecto a seguridad pública y que también propician la desconfianza generalizada hacia las mismas.
Por otro lado, además del miedo y desconfianza que las autoridades provocan en los ciudadanos, se encuentra el factor de la minimización de los delitos o el intento por deslindarse de la responsabilidad de las malas gestiones en materia de seguridad.
Un ejemplo de esto deriva del asesinato del periodista Israel Vázquez en la ciudad de Salamanca en Guanajuato, donde la alcaldesa de la ciudad, Beatriz Hernández Cruz, afirmó que el periodista “debió de ser más consciente respecto a la hora y el lugar al que había decidido asistir para cubrir el suceso”. De esta forma se culpa a la víctima y genera un ambiente de desconfianza hacia las autoridades por parte de los ciudadanos.
En México se vive una cultura donde las personas tienen miedo de las instancias que en un principio deberían proteger, salvaguardar su integridad y derechos, al igual que hacer justicia cuando es requerido. Sin embargo, al contrario de lo que se esperaría de las autoridades, los casos donde son estas mismas las que perjudican a las víctimas, se repiten cada vez con mayor frecuencia.
En tanto las autoridades no adopten una actitud de verdadera preocupación sobre la ciudadanía, se vean realmente interesados por resolver el tema de inseguridad del país y dejen de lado sus propios intereses para buscar un bien común, los abusos se seguirán cometiendo.