Después de una semana de retraso en la cámara de diputados, finalmente se aprobó el Presupuesto de Egresos del año dos mil veinte. El Presupuesto de Egresos de cualquier país es de suma importancia para la administración y ejecución de actividades políticas, sociales y económicas para los ciudadanos. Imagínate lector, si los gastos de tu casa o negocio son complicados en función a priorizar lo más urgente, piensa en el paquete económico de un país como México, con el número de habitantes y la crisis en diversos rubros existentes. Los egresos siempre generan un margen de disgusto y polémica en la administración presupuestal.
Lo cierto es que el actual Presupuesto de Egresos ha causado inconformidades con la sociedad civil, sobre todo con la clase política opositora al gobierno federal. La oposición debe ser responsable e inteligente, actuando sin contrariar por el simple hecho de no ser gobierno y sin causar conflictos en detrimento al progreso social; pero lo que no podemos dejar aislado es el desequilibrio, la contradicción y el descuido a sectores u órganos que, de protegerlos sumarán para una gobernabilidad estable.
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Respecto a las autoridades, hubo desequilibrios y se vieron los reflejos en pérdidas con la Fiscalía General de la Republica, el Consejo de la Judicatura, Suprema Corte, Tribunal Electoral y con el Instituto Nacional Electoral. A estas instituciones no se les contempló su propuesta emitida, sino lo contrario, destinaron menos recurso del que solicitaban. ¿Quién mejor que un instituto con especialistas puede emitir una recomendación de recursos para poder administrarse con eficiencia? Y por supuesto que no funciona como en locales informales donde se negocia estableciendo un valor más alto para que después se disminuya, y no caiga drásticamente a un suelo inesperado.
En consecuencia, durante los próximos años se avecinan elecciones, las cuales serán magnas y se requerirá de credencialización y operación para garantizar ordenadamente una contienda electoral. La Fiscalía también fue descuidada, a sabiendas que es la institución central para prevenir y combatir el delito, pues esto demuestra que la procuración, impartición y administración de justicia ha pasado a un plano secundario. Los del poder judicial quedan inconformes también, y no precisamente por la cuestión presupuestal sino por el mensaje oculto que puede significar el hecho de que el congreso y el presidente no atendieran a sus peticiones.
No obstante, si se apoyó a entidades como la Secretaria de Bienestar, Educación Pública, Hacienda, entre otras; lo que se puede sospechar es el posible manejo de clientelismo electoral y político, en paralelo cooptando al poder judicial y al órgano electoral para manejarlos a discreción.
En relación a las contradicciones: De acuerdo a la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo XVI señala que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, deberán elaborarse con objetivos y parámetros cuantificables de política económica y con indicadores de desempeño, siendo congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan de este, a la postre en su artículo XXV señala que la programación y presupuestación anual del gasto público se llevarán con base a las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales.
Ante estas afirmaciones legales, se encuentra una laguna interpretativa de la incongruencia del Plan Nacional de Desarrollo al propio Presupuesto de Egresos, mismo que se visualiza en el descuido del órgano electoral, en función a la democracia participativa. Otro tema que no cuadra es la postulación constante de los discursos y de la política actual, que recita sobre los mecanismos del mercado que no sustituye al Estado.
No todo ha sido oscuro con el sector privado, pues esto lo sabe discretamente el presidente. El paquete económico actual facilitará al sector privado para gestionar más de doscientos millones de pesos, invirtiendo en proyectos y apoyando al crecimiento económico del país.
El periódico Reforma señala que las Asociaciones Públicas Privadas participarán en la construcción de más de sesenta grandes proyectos de servicio público. ¿Qué puede hacer el presidente ante estos apoyos privados, cuando se ve en la necesidad de acudir al sector privado porque sabe que al Estado por sí solo no le alcanza? Si bien es cierto que el mercado no debe sustituir al Estado, por lo pronto el mercado debe auxiliar al Estado bajo ciertas condiciones.
El radicalismo del presidente lo lleva a una contradicción más, pretendiendo mejorar las capacidades tecnológicas de investigación en temas de seguridad y procuración de justicia, con la prevención del delito consolidando políticas de participación ciudadana, ¿es óptimo el presupuesto destinado a la Fiscalía General?
Por otro lado, dicen los expertos que el actual presupuesto es conservador y disciplinado, no hay despilfarros en gastar más de lo que se tiene, por lo que de ser así me parece una buena decisión. El presidente de tanto contrariar y criticar a los gobiernos anteriores ha caído en prácticas similares en temas económicos. Su política contra el neoliberalismo lo ha llevado a un círculo donde lo regresa al mismo escenario de las prácticas antecesoras.
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