La vigésima zona miliar cambió de sede en los pasados meses, acorde a lo cual, el General-Secretario, gestionó ante el titular del ejecutivo federal que, una vez cubiertos los requisitos que al efecto se establecen en la Ley General de Bienes Nacionales, el gobierno federal por conducto de la SEDENA donara a título gratuito al estado de Colima, la superficie que, tradicionalmente, había servido de albergue y resguardo a la zona castrense en cuestión.
Las autoridades locales, no obstante, han gestionado una partida presupuestal destinada al pago de la extensa superficie que la entidad recibirá de la federación.
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Pudiera pensarse que desconocen el alcance del significado de determinados términos y expresiones, como “donación a título gratuito” y, al parecer, los integrantes de la administración estatal no contarían en el haber de sus oficinas con algún diccionario ya fuese este el de la Real Academia de la Lengua Española, o el María Molinar, o bien el Corominas, el de Autoridades, o la Enciclopedia Jurídica Omeba; o ya, de perdida al menos, con algún Larousse ilustrado que les permitiera despejar cualquier duda que al efecto pudiesen albergar.
La política de austeridad llevada al extremo de que en las oficinas públicas no se cuente con diccionario alguno para solventar las dudas que pudieran surgir entre los servidores públicos encargados de la toma de decisiones, se empalma en el caso de Colima con el desbordamiento de la criminalidad y, en contrapartida con el encumbramiento de la delincuencia y la inseguridad.
En días recientes fue asaltado el despacho del abogado Gustavo Allen Ursúa Calvario, situación que llama la atención por diversas circunstancias dignas de llamar la atención:
Una de ellas, que la víctima del robo habitación en la especie, había sido titular del entonces denominado C4, y la otra, es que, pese a que lleva ya alrededor de cinco años dedicado del todo a actividades privadas, la más sonada sonadas ha girado en torno a la exitosa defensa que llevara a cabo de su propia causa, ante acusaciones infundadas esgrimidas en su contra derivadas de su actuación pública, y que al efecto han sido esgrimidas por las actuales autoridades administrativas de la entidad.
Otra de las circunstancias que se hacen dignas de mención en el caso de robo a la sede de trabajo del abogado Gustavo Allen Ursúa Calvario, estriba en que, a escasos días de haberse perpetrado tal atentado a su propiedad y de haber sido debidamente denunciado ante la autoridad competente, un periódico local publicaría que el robo en cuestión correspondía a “material de espionaje”.
La publicación amén de falaz, sugiere que el redactor de la nota estaría en posesión de información que no sólo la fiscalía local desconocía, sino que incluso era ignorada por la propia víctima del delito.
No cabe duda que resulta digna de encomio una labor reporteril que tiene tal capacidad para allegarse información, por parte de un medio cuyo capital accionario, dicho sea de paso, está vinculado a personas cercanas a las autoridades que han decidido tomar decisiones sin consultar en diccionario alguno los alcances del significado de la expresión: “donación a título gratuito”.