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Opinión



Ni un periodista menos

Jueves, Agosto 8, 2019 - 10:31
 
 
   

En menos de 24 horas se registraron dos ataques violentos contra el periodismo

El 31 de julio pasado fue un día aciago para la libertad de expresión en México. En menos de 24 horas se registraron dos ataques violentos contra el periodismo. Rogelio Barragán, director del portal “Guerrero al Instante”, fue asesinado en el municipio de Zacatepec en el estado de Morelos. Horas más tarde, las instalaciones del periódico Monitor del Parral fueron atacadas con bombas molotov. Dos días después, el 2 de agosto asesinaron a dos periodistas más: Edgar Alberto Nava López en Zihuatanejo, Guerrero, quien dirigía el medio digital La Verdad de Zihuatanejo, y Jorge Celestino Ruiz Vázquez, en Actopan, Veracruz, quien colaboraba con el periódico El Gráfico de Xalapa. A título personal y como miembro del pleno del INAI hago pública mi indignación por cada uno de estos hechos y me uno a los llamados para que las autoridades competentes refuercen los marcos legales e institucionales para proteger a los periodistas que trabajen en territorio mexicano.

Aquel que asume esta profesión honestamente en México sabe de antemano que investigar sobre el crimen organizado y la corrupción significa poner en riesgo su vida. Esta realidad dolorosa debe cambiar ¡ya! La vida y labor de los periodistas son invaluables para sus familias, pero también para el conjunto de la sociedad mexicana porque atacar frontalmente al periodismo es atentar directamente contra la libertad de expresión y también, en el fondo, contra nuestra democracia. Es alarmante que en lo que va de la actual administración han asesinado al menos 10 periodistas de acuerdo con cifras de Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras.

Ante esta trágica situación, surgen al menos las siguientes interrogantes. ¿Por qué no se dota de más recursos financieros y humanos al Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas? ¿De qué sirven los avances institucionales para garantizar el acceso a la información pública si está en riesgo la vida de quienes la utilizan para investigar y denunciar posibles casos de delincuencia organizada, corrupción o violación a derechos humanos? ¿Se encuentran en mayor riesgo las periodistas mujeres? Porque son aún más vulnerables a los ataques violentos. Ante este contexto, ¿por qué no se han modificado las leyes que incluyen previsiones que criminalizan la libertad de expresión, las que incluyen delitos de honor, las denominadas leyes “garrote” (como la que recientemente aprobó el Congreso de Tabasco) y la ley “chayote”?

Las autoridades competentes, de los poderes ejecutivos y legislativos, deben escuchar a los expertos que pugnan por una política de Estado integral que incorpore medidas preventivas, de protección que eviten la vulnerabilidad de más periodistas. Artículo 19 advierte: ante este contexto, los costos económicos y sociales del Mecanismo aumentan, mientras la Fiscalía especializada en el rubro da resultados limitados. Otros mecanismos legales e institucionales relacionados con el acceso a información pública, tipificación de delitos penales y comunicación oficial también deben ser revisados. En varios estados permanecen delitos contra el honor que son usados para amedrentar periodistas, la estrategia de acceso a la información privilegia los medios digitales dejando fuera al grueso de la población y la ley vigente establece criterios vagos para la asignación del gasto en publicidad oficial.

Irónicamente, días antes de los deplorables ataques ya descritos, el gobierno federal recibió del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU-DH Mx) el diagnóstico del Mecanismo federal. Se comprometió “a no escatimar ningún recurso” y “a revisar a detalle cada una de las recomendaciones” recibidas. Por tanto, los ciudadanos podemos exigir que estas recomendaciones sean transmitidas fielmente por el ejecutivo federal a sus homólogos estatales y a los poderes legislativos del país para implementarlas en su ámbito de competencia y retomar la discusión de una iniciativa de ley que enmarque una política integral de protección de periodistas, así como revisar la ley de publicidad oficial. Estos procesos legislativos deberán ser de parlamento abierto sin simulaciones.

Ante la situación que enfrentamos una propuesta concreta es que las discusiones se guíen por las recomendaciones de ONU-DH Mx y que se prevea canalizar en el presupuesto 2020 recursos antes destinados a publicidad oficial para fortalecer el Mecanismo federal. Incluso, la nueva ley general de publicidad oficial debería prever esto para salvaguardarlo de voluntades políticas. También es crucial asegurar la transparencia de los Mecanismos de Protección federal y estatales para poder evaluar sus resultados, como lo recomienda ONU-DH Mx. Si el país se está transformando, entonces la transformación debe conducir al México seguro que todos queremos, en el que los medios de comunicación no requieren ser aprobados por las autoridades y no puede haber ni un periodista menos.

Joel Salas Suárez

Comisionado del INAI

Twitter: @joelsas


Semblanza

Joel Salas Suárez

Comisionado del INAI Es licenciado en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Maestro en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de Paris III-Sorbonne Nouvelle y cuenta con estudios de doctorado en Ciencia Política en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en París, Francia. Se desempeñó como titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública, desde donde coordinó con el IFAI y la Sociedad Civil la redacción del Plan de Acción que México presentó en la Open Government Partnership (OGP). Además, durante el 2012, fue presidente del Grupo Anticorrupción del G20. Actualmente es comisionado del INAI y coordina las comisiones de Políticas de Acceso a la Información y la de Gobierno Abierto y Transparencia.

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