En tiempos en los que se presume de harta evidencia sobre las consecuencias de un escenario bélico y la sistematicidad de crímenes de líderes sociales en el pais cafetero, se asume que la cosa no solo no va por buen camino sino que recibe pobre atención política.
Hacia 1948 surgen los derechos humanos para normar la confrontación armada entre dos o más contendientes tras la experiencia belicosa de la I y II Guerra Mundial que comprometió a Europa, América y Asia con graves consecuencias políticas y económicas.
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En ese sentido, el marco al cual se inscribe la doctrina es producto de la necesariedad que, aun en escenarios violentos, exista un piso mínimo de humanidad y de respeto por la vida.
En adelante se aduce a los derechos humanos toda vez que exista un conflicto armado inminente bien sea en la Patagonia o en la Cochinchina.
En Colombia- un pais menos remoto- el conflicto armado presente es de vieja data y obedece a problemáticas varias que versan sobre aspectos estructurales como la tenencia de la tierra y la nula participación debido a un sistema político históricamente cerrado; además de eventos transitorios como el reacomodamiento social a nuevas lógicas culturales, y el desplazamiento de la población, entre otros.
A tal escenario confluyen diversos actores: guerrillas, paramilitares, delincuencia común, narcotráfico y por supuesto fuerzas estatales. En medio de esto existen colombianos y colombianas que en la tarea de mitigar un conflicto armado exponen su vida a diario, y en el mas de los casos pagan con esta la incompetencia del gobierno para ejercer el monopolio de la violencia en dos dimensiones: por hacer poco donde debe hacer y hacer demasiado donde no debe.
Frente a lo primero, coincide Daniel Pecaut () y Gonzalo Sanchez () que el Estado brilla por su ausencia en departamentos remotos lo que ha facilitado la colonización territorial por parte de actores ilegales de diversa índole, caso del Cauca, la Guajira, la Amazonia, etc.
En cuanto a lo segundo bien se conocen los excesos de la fuerza publica en hechos varios, caso de la masacre de la Rochela que comprometió a militares con paramilitarismo, y los jóvenes desaparecidos en Rio Hacha a razón de los famosos falsos positivos, etc., etc.
En medio de esto el papel de la sociedad civil no ha logrado relegarse por lo que cobra sentido referir la evidente amenaza sobre la labor de los líderes y lideresas sociales en el pais.
En tiempos en los que ejercer el derecho a la participación política se supone reconocido tras la constituyente de 1990 y en un escenario de posconflicto, uno se pregunta ¿a razón de que? tal ensañamiento con el liderazgo de madres, esposos, hijos que consideran en la presidencia de juntas de acción comunal o la pertenencia a organizaciones sociales de diversa índole una forma de “humanizar” la violencia del pais.
Un hecho que podría exponenciar tal flagelo es que lo pactado en la Habana y el gobierno de Juan Manuel Santos va ala en rastre día a día, presumiéndose que la salida de la guerrilla en territorios históricamente conflictivos ha permitido la llegada de nuevos actores que buscan posesionarse del mercado- bien sea minería ilegal o cultivos ilícitos- en la máxima de que un vacío de poder suele ser llenado por actores con intereses específicos.
A razón de esto, la visita del delegado de las Naciones Unidas Michel Forts ratifica la sistematicidad de asesinatos de líderes y lideresas sociales, calificándole de ¡alarmante! visita que entre otros sucesos fortuitos, como la crisis migratoria venezolana, se daría a petición del presidente electo Iván Duque.
En tal tónica se podría considerar que existe compromiso del gobierno para que se atienda a tal fenómeno inhumano. Sin embargo, para que el asunto pueda ir más allá del ruido mediático se hace necesario que los diversos actores que hacen parte del conflicto también atiendan al flagelo, esto porque no basta las buenas intenciones sin acciones concretas.
Sin duda alguna, el riesgo al cual se exponen las personas que no renuncian a hacer escuchar su voz en medio de los balazos es altísimo en Latinoamérica, pero no es una problemática exclusiva de los mal llamados países tercermundistas dado que en Europa los informes de la ONU denuncian también que en países como Rusia los gobiernos no escuchan a la organización internacional y el rubro destinado a tal fin es escaso.
Entonces, haciendo un balance de lo que significa hablar de derechos humanos, ONU, ONGs y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales hoy día, se asume que tal labor no deja de crear reticencias en una época que se supone conocedora de los horrores de la guerra y las implicancias socio-culturales tras la superación de una contienda política determinada. Aunque por supuesto la geopolítica sea determinante.
Mas, la realidad demuestra que lejos de una buena lección tenemos poca memoria, tanta que a penas es posible mencionar que el conflicto armado en Colombia lejos de ser superado ha creado una nueva serie de enemigos de la vida que no reciben mayor castigo por minimizar el sentido de esta y cortar la voz de aquellos y aquellas que sueñan, aun, en un pais en llamas cooptado por las aspiraciones de los alineados y no alineados.
En ultimas, como mencionó el literato Pedro Calderón de la Barca el vivir solo es soñar lo que es hasta despertar, en esta premonitoria simplicidad de la existencia los líderes y lideresas sociales no dejaran de existir aun a costo de su vida, dado que de lo que se trata es de humanizar el conflicto ¿no?(…)
Pues, así está la cosa en Colombia y por el momento no se prevé un escenario diferente.
Notas
Pecaut, D (2012) Orden y Violencia en Colombia
Sanchez, G . Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano. Alto comisionado para la Paz.