Con motivo del robo a combustible que hizo crisis en la zona del Triángulo Rojo en Veracruz y Puebla, una fuente al interior del gabinete de seguridad suelta la consigna a esta columna: “cuesta trabajo creer que los presidentes municipales no participen de alguna manera en el robo de combustible en Puebla, cuesta trabajo creer eso y con esa consigna vamos”.
Pidiendo el anonimato, por supuesto, explica que esa es la tesis que llevan consigo los elementos de la Procuraduría General de la República que realizan indagaciones en la zona; investigar a fondo a los ediles, de quienes se tienen denuncias de contubernio y complicidad en la labor del "huachicoleo".
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Una de esas denuncias, nos dice, “va en el sentido de que al parecer un inmueble de seguridad donde se guarda y despacha el combustible se encuentra a un lado de la casa de uno de estos presidentes municipales… algo a todas luces intolerable”.
La versión de esta fuente se confirma con declaraciones la víspera del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien aseguró a un noticiero radiofónico que si alguna autoridad a nivel municipal está defendiendo a estos delincuentes, o que se hagan a un lado o van por ellos.
Nos cuenta esta fuente que para detener al robo de combustible el Gobierno Federal está considerando muchas posibilidades, entre ellas un posible estado de excepción si la violencia en la que han participado hasta amas de casa y niños en algún momento se agrava.
Pero no solo la mira federal observa a los alcaldes, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó hace unos días que desde noviembre pasado los munícipes de las demarcaciones por donde cruza el poliducto Minatitlán-México tienen investigaciones abiertas y hasta ahora se ha encarcelado al de Atzitzintla cuando se comprobó que entregó a tres policías ministeriales a la banda de "huachicoleros" llamados ‘Los Bukanas’.
Nos cuentan que las investigaciones federales se centran en los alcaldes de Palmar de Bravo, Pablo Morales, acusado de estar involucrado en la venta de combustible robado en gasolineras de su propiedad, a los de Quecholac, Néstor Camarillo Medina, de Tepeaca, David Huerta, y de Felipe Ángeles, Leonardo Gómez Octaviano.
PARA EL REGISTRO Y sigue la mata dando, el congreso de Texas, Estados Unidos, aprobó la ley que impone penas de cárcel a policías que se nieguen a colaborar con el Servicio de Migración para detener indocumentados, pero no solo eso, la polémica legislación “SB4” autoriza a cualquier agente a interrogar a personas sobre su estatus migratorio, sean indocumentados o no. La iniciativa impulsada por republicanos fue aprobada el 27 de abril en la Cámara de Representantes estatal, el 3 de mayo en el Senado de Texas, y fue promulgada el domingo pasado por el Gobernador de tintes racistas Greg Abbott. En el momento en que está disposición entre en vigor, el próximo 1 de septiembre, cualquier agente estará autorizado para cuestionar la condición migratoria de cualquier persona durante un arresto, detención u operativo de rutina *** Un dato aterrador: en México, cada 4 días es violentada una mujer periodista en el ejercicio de su profesión, según ha documentado la organización Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), impunidad contra el gremio. Gracias y hasta mañana
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