Agobiado por la inseguridad, el director del diario Norte de Ciudad Juárez decidió no publicar más ediciones para proteger a sus periodistas que usualmente son amenazados o agredidos por el crimen organizado. El homicidio de Miroslava Breach, corresponsal en Chihuahua de este diario, marcó el tercer asesinato de un periodista en el pasado mes, una ola de violencia focalizada en una tendencia generalizada de creciente inseguridad.
La muerte de Breach fue precedida por el asesinato de Ricardo Monlui Cabrera en Veracruz el 19 de marzo; el periodista fue abatido a tiros mientras salía de un restaurante con su familia. En 2010, el hijo de Monlui había denunciado haber sido secuestrado, baleado y dado por muerto por la policía municipal.
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Y el 2 de marzo, Cecilio Pineda Brito fue asesinado por dos hombres en una motocicleta en el estado de Guerrero. Pineda, quien cubrió en vida sucesos relacionados a delincuencia, sobrevivió a un atentado previo contra su vida en 2015 y recibió repetidas amenazas de muerte desde entonces. El Procurador General del Estado de Guerrero, Xavier Olea Peláez, dijo que el crimen organizado estaba detrás de su asesinato.
Pues bien, aunque algunos analistas su muestran cautos para establecer con certeza la responsabilidad del crimen organizado en los tres asesinatos, en medio además de un aumento nacional de los homicidios, los indicios muestran que el narcotráfico está detrás de todo y es su manera de mostrar que simple y sencillamente no le gustan los periodistas.
Al menos dos de los ataques —el de Miroslava Breach y Cecilio Pineda— forman parte de una tendencia de ataques hacia los reporteros que orientan su cobertura sobre temas relacionados con el crimen. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), el 74 por ciento de los periodistas asesinados en México desde 1992 cubrían la delincuencia, el 29 por ciento abarcaba la corrupción y el 24 por ciento abarcaba la política.
Pero desafortunadamente no solo el crimen organizado puede estar involucrado; el amasiato política-narcotráfico, que a últimas fechas muestra un cínico descaro, ha demostrado ser letal para la labor de los comunicadores. En marzo de 2016, Breach había escrito específicamente sobre estos vínculos en el estado de Chihuahua, revelando los lazos familiares entre los candidatos locales para las elecciones y los grupos delictivos.
La colusión del crimen organizado con políticos locales ha aumentado en los últimos meses por dos razones; primero, por el desmedido poder que ha acumulado la delincuencia debido a la ineficacia del Gobierno Federal para erradicarla, y segundo, por la insana ambición de políticos que buscan ingresos y poder ilegítimos.
¿De qué nivel de violencia estamos hablando cuando los medios de comunicación cierran por temor a agresiones? ¿a qué escenario nos enfrentamos los comunicadores, cuando la deficiente procuración de justicia no resuelve crímenes y niega garantías para la protección de periodistas? Ni modo, compañeros, a cuidarnos.
PARA EL REGISTRO Y hablando de contubernios insanos, llama la atención que el cardenal Norberto Rivera Carrera, titular de la Arquidiócesis Primada de México, califique de intolerables los gastos ostentosos y despilfarros que se realizan durante los periodos de campaña electoral, cuando por décadas se ha criticado la cercanía que mantiene con empresarios, multimillonarios y personajes de la clase política del país, con quienes se le ha visto en diversas reuniones festivas hasta fuera de México. Todo, en medio de un país donde la desigualdad social y la concentración de riquezas en pocas manos sumen a gran parte de la población en la pobreza y el hambre. ¡Coherencia, señor! Gracias y buen inicio de semana.
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